En la audiencia del 192 período de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se abordó la situación de los apresados por motivos políticos en el contexto postelectoral en Venezuela.
Familiares de presos políticos, durante la conferencia relataron la situación de los que se encuentran detenidos en El Helicoide, el centro de torturas más grande de América Latina.
Aurora Silva expresó que han pasado más de siete meses desde que arrestaron a su esposo y en ese tiempo no ha recibido ni una llamada ni una fe de vida del dirigente político Freddy Superlano.
“Estamos ante un régimen que no solo encarcela, también viola sus propias leyes. Freddy (Superlano) no ha sido presentado ante un tribunal, su defensa no ha podido verlo, lo único que han hecho es esconderlo”, dijo Silva.
La esposa de Superlano añadió que han acudido a instancias nacionales e internacionales, pero no han obtenido respuestas.
“Les pido que Freddy (Superlano) no se convierta en un número más en la larga lista de este sistema, no permitan que Freddy se convierta en otro testimonio más de la dictadura venezolana”, expresó.
Sairam Rivas, expresa política del régimen de Nicolás Maduro y pareja del defensor de derechos humanos Jesús Armas, indicó en la audiencia que en El Helicoide hay 22 presos políticos en la misma situación.
María Constanza Cipriani, esposa del abogado Perkins Rocha, expresó que los familiares de todos los presos políticos “sienten temor por lo que dicen, hacen y dejan de hacer”.
“Sentimos terror de convertirnos en un número más y de que nuestros familiares sean olvidados. Por eso pedimos que no nos dejen solos”, pidió Cipriani.
La esposa del jurista indicó que a Rocha se le ha negado la defensa privada. Solicitó que se verifique la condición médica del también asesor jurídico de María Corina Machado, pues padece de hidrocefalia.
Según cifras del balance del día 24 de febrero, el Foro Penal Venezolano informó que en Venezuela hay 1.060 detenidos por razones políticas, de los cuales 939 son hombres y 121 mujeres. 895 son civiles y 165 son militares, mientras que cuatro adolescentes permanecen retenidos.
