jueves, 13 febrero 2025
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La falta de evidencia es la evidencia: Carolina Jiménez Sandoval ante la OEA

La presidenta de WOLA señaló que la negativa del gobierno de Nicolás Maduro a presentar las actas electorales hace completamente inviable el reconocimiento de cualquier legitimidad o legalidad en su proclamación como presidente electo en Venezuela.

Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) inició su intervención en la sesión ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, recordando que la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos.

“Por ello, la defensa de la democracia pasa por la defensa de los derechos humanos, incluida la defensa del voto. De allí que se hace indefendible reconocer o normalizar a los autoritarismos de nuestro hemisferio, aquellos que se fortalecen cuando un gobierno se decreta a sí mismo victorioso sin presentar la evidencia más básica a la que está obligado por ley”, expresó. 

Refiriéndose al caso venezolano, indicó que la publicación de los resultados por mesas electorales lo establece el artículo 155 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y especifica que “se deben publicar los resultados de dichos procesos electorales en Gaceta Electoral, dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los candidatos y candidatas electas. Esto no ha ocurrido en Venezuela”.

Ante la falta de publicación de los resultados electores indicó que “nos enfrentamos a una realidad peculiar: la falta de evidencia es la evidencia. La negativa del gobierno de Nicolás Maduro a presentar las actas electorales hace completamente inviable el reconocimiento de cualquier legitimidad o legalidad en su proclamación como presidente electo. La tesis de hackeos informáticos y ataques cibernéticos, alegada por el Gobierno venezolano, ha sido ya desmontada por diversos expertos”. 

Menciono Jiménez Sandoval que, las y los venezolanos no se callaron ante ello y a través de diversas formas de protestas le mostraron al país y al mundo su desacuerdo con los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral, carente de independencia e imparcialidad. Estas protestas trajeron como consecuencia lo que denominó “una de las peores olas de represión que Venezuela ha experimentado en su historia reciente”.

Resaltó los datos de los detenidos en el contexto postelectoral que según la ONG Foro Penal ascienden ya a 1.867 presos políticos (1.723 fueron detenidos desde el 19 de julio), 15 pertenecen a etnias indígenas y 68 son menores de 18 años, es decir, son niños y niñas bajo la Convención sobre los Derechos del Niño. “Quiero agregar que la mayoría de esos niños y niñas están siendo imputados por terrorismo. Que no se nos olvide: niñas y niños”,resaltó la funcionaria.

Mencionó además que “a las detenciones arbitrarias se suman desapariciones forzadas, algunas de ellas de corta duración, represión selectiva contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas (hay 13 periodistas privados de libertad), sindicalistas y líderes comunitarios, así como líderes políticos de oposición”.

La presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos dijo que, como consecuencia de esta represión, se ha visto “con suma preocupación un espacio cívico cada día más asfixiado”. Ante ellos indicó que no es de sorprender que en este momento se registre un aumento en el número de personas forzadas al exilio, algunos de ellos sin contar con documentos de identidad porque la anulación de pasaportes ha sido también una de las medidas adoptadas por el gobierno de forma arbitraria contra cientos de ciudadanos.

Destacó Jiménez que a diferencia del CNE la sociedad civil si ha presentado evidencias del terrorismo de Estado y pidió a los miembros de la OEA juzgar “por sí mismos donde se encuentra documentada la verdad y donde se refleja, dos meses después, la total ausencia de la misma”.

Hizo un llamado además a los miembros de la OEA a dejar de lado las diferencias o afinidades políticas e ideológicas y ideológicas y ponerse “del lado de las miles de víctimas de violaciones de derechos humanos y del lado del pueblo venezolano, porque no hay nada más doloroso para las víctimas que ser condenadas a la indiferencia o al olvido”.

Jiménez pidió a los integrantes de la sesión de la OEA mirar la historia del hemisferio sobre las violaciones de derechos humanos en distintos contextos políticos, así como las violaciones de los derechos fundamentales que, sin distinción alguna, lesionan nuestra dignidad.

“Esta organización no puede permitir que prácticas de terrorismo de Estado sean parte de la historia de las Américas en el siglo XXI”, expresó. Pidió ponerse en el lugar de cada una de las personas que son víctimas de estas violaciones en Venezuela.

“Y sobre todo, pónganse en el lugar del pueblo venezolano que el 28 de julio fueron a votar de forma democrática y pacífica, con la esperanza de lograr un cambio de rumbo para el país y cuya expresión soberana está siendo violentada de forma continuada”, acotó.

Jiménez hizo referencia a los recientes informes de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, que señala que “las acciones que realizan las fuerzas de seguridad y los liderazgos políticos del Gobierno venezolano están destinadas a desmantelar y desmovilizar a la oposición política organizada, inhibir la difusión de información independiente y opiniones críticas al Gobierno y prevenir protestas ciudadanas pacíficas”.

Agregó que el mismo informe señaló que la misión “tiene motivos razonables para creer que algunas de las violaciones de derechos humanos investigadas durante el período del informe fueron cometidas siguiendo el mismo curso de conducta que la misión calificó en informes anteriores como crímenes de lesa humanidad”.

La representante de WOLA pidió que “como Estados miembros de la OEA no olviden que, en su concepción más esencial, la democracia es un asunto de garantía, respeto y protección de derechos humanos, más allá de ideologías políticas que deben existir en todo contexto democrático”. Solicitó a los miembros que se mantengan los esfuerzos de mediación y la presión diplomática sobre las autoridades venezolanas para que cese la política del terror y se abra el camino hacia una transición democrática, “sin permitir que Venezuela caiga en el olvido”. 

Acotó que los Estados miembros deben velar porque se respete la soberanía de las personas venezolanas, que pacíficamente ejercieron su derecho al voto, aún a sabiendas de que no estaban dadas las condiciones para que los comicios fuesen libres ni justos.

Exhortó a los estados miembros de la OEA que también son miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que voten a favor de la renovación del mandato de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, que expiró el mes pasado.

Pidió a los Estados miembros de la OEA adoptar una política regional de respuesta a la migración, desde una perspectiva de derechos humanos. “Ya hay 7,7 millones de venezolanos viviendo fuera de sus hogares y su país. Dado el esperado aumento del desplazamiento forzado como resultado de la crisis”.

Preciso que deben habilitarse mecanismos para la regularización migratoria e integración de las personas que huyen de Venezuela, a menudo sin documentos. Es urgente que se apoye a la diáspora venezolana para evitar que se convierta, como parece querer el Gobierno venezolano a través de sus medidas, en una “diáspora castigada”.

Finalizó señalando que “lo ocurrido en Venezuela genera un peligroso precedente para el futuro de las democracias en la región y que, por lo tanto, se necesitan consensos urgentes entre los miembros de este y otros foros hemisféricos para seguir promoviendo una solución a esta crisis en donde prive el respeto de la voluntad popular de las y los venezolanos”.