Funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) allanaron ilegalmente la sede de la organización Acción Solidaria la tarde de este lunes, denunció el presidente de la organización defensora de derechos humanos, Feliciano Reyna.
A través de las redes sociales Reyna indicó que los funcionarios de las FAES tomaron la sede de Acción Solidaria, a la 1:45 pm, “en un procedimiento del cual no tenemos ninguna información ni conocimiento sobre sus motivos ni propósitos”.
Se conoció que los funcionarios de las FAES detuvieron a ocho integrantes durante el allanamiento a la sede, por una supuesta denuncia de presunta venta de medicamentos vencidos. Los apresados habrían sido llevados a la sede de este organismo ubicada en Petare.
Sin embargo, pasadas las 5:00 pm, Reyna informó que cinco de los integrantes de la ONG ya habían sido liberados, y que el organismo de seguridad que hizo el allanamiento se comprometió a devolver todo lo incautado. A las 6:00 de la tarde, en las redes de la organización, se informó de la liberación de los otros tres trabajadores.
Tras el allanamiento, la dirección de la ONG perdió todo contacto con el personal que estaba en la sede al momento del allanamiento, y desconocen lo que ocurrió en sus instalaciones. Reyna destacó que desde la fundación de Acción Solidaria, en su sede funciona un centro de atención a personas afectadas en sus condiciones de salud.
Además, en dicha sede funciona un programa de asistencia humanitaria “llevado en conjunto con órganos de las Naciones Unidas para proteger a las personas en sus necesidades apremiantes de medicinas e insumos”. En particular, Acción Solidaria ha trabajado en los últimos meses con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
“Ante esta situación exigimos a los cuerpos presentes en Acción Solidaria garantizar la libertad y la integridad física y mental del personal que estaba realizando su trabajo, así como preservar los insumos y suministros con los que trabaja la organización que pertenecen a las personas que los necesitan para proteger sus vidas y salud”, señaló Reyna en un breve comunicado.
También exigió el cese de este tipo de actos de hostigamiento y abuso “en contra de las organizaciones de la sociedad civil nacional que realizan trabajo humanitario y de defensa de derechos de las poblaciones más vulnerables y necesitadas del país”.
