jueves, 28 marzo 2024
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

La defensa del periodismo libre prevalece ante los intentos de silenciarlo

Instituciones de gobierno, organizaciones internacionales, estudiantes, defensores de derechos humanos y gobiernos extranjeros repudiaron la sentencia que, más que condenar a un medio de comunicación, atentan contra la expresión libre y la transparencia que supone la democracia.

La libertad de expresión, pese a los golpes de la hegemonía comunicacional del Gobierno, sigue teniendo pulso en Venezuela y sus aliados en el mundo. La sentencia del Tribunal Penal Sexto de Juicio del estado de Bolívar, Venezuela, contra el director del periódico Correo del Caroní, David Natera Febres, no solo fue contraria a derecho, sino al espíritu de la comunicación libre que impregna a diversos sectores de la vida pública nacional y alrededor del orbe.

Monopolio gubernamental de papel periódico arrastra también a El Carabobeño

 

El Carabobeño se despidió de sus lectores el pasado jueves, tras una “larga y dolorosa” agonía en la búsqueda del papel prensa necesario para circular. En una portada completamente negra, el diario se despidió este 17 de marzo aclarando que se trata de un zarpazo a la libertad. De momento, el diario “no estará más en papel impreso en los hogares, a menos que haya un cambio en la conducción de Venezuela”.

El diario del centro expresó en la editorial de despedida que esto “ha sido un ensañamiento contra una empresa que, desde su fundación en 1933, nunca le temió a los ocupantes de Miraflores, ni siquiera al tirano Juan Vicente Gómez, quien mandó al exilio en Cuba” a Eladio Alemán Sucre, director fundador del diario.

“Venezuela no es un país libre ni democrático, por lo cual la libertad de expresión y de prensa son derechos expropiados. Comenzaron eliminándole las concesiones a emisoras de radio y estaciones de televisión. No escatimaron costos para apoderarse de medios impresos y para crear panfletos de circulación gratuita, estableciendo así lo que el propio Gobierno denomina hegemonía comunicacional”, reza la editorial de despedida. (Con información de Espacio Público)

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), el capítulo Venezuela del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), tanto su capítulo estadal como nacional, así como las ONG Transparencia Venezuela y Espacio Público, por nombrar algunos, formaron parte del coro de rechazos a los cuatro años de prisión dictados contra Natera, la prohibición de salir del país, su presentación ante el tribunal cada 30 días hasta que haya sentencia firme, el pago de una multa de 1.137 unidades tributarias, la prohibición de enajenar y gravar derechos del periódico, y la orden de censura al diario Correo del Caroní, que no podrá seguir divulgando información sobre el caso de corrupción relacionado con el demandante, Yamal Mustafá.

Todo ello constituye, pues, otro precedente nefasto en la historia del periodismo en Venezuela, otro atentado al derecho humano de la libertad de expresión, una lesión a la opinión pública y la ratificación del silencio cómplice de la justicia venezolana de acabar con el flagelo de la corrupción.

 

CIDH: repudio internacional contra la violación de los DD HH

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la condena contra Natera y Correo del Caroní.

Destacan que la libertad de expresión, según la jurisprudencia interamericana, otorga tanto a directivos de medios de comunicación como a sus periodistas el derecho a investigar y difundir hechos de interés público por esa vía, y el derecho de la sociedad a ser informada de estos asuntos.

La CIDH ha establecido hace más de una década que la utilización del derecho penal para sancionar expresiones sobre asuntos de interés público y funcionarios es desproporcionada y vulnera el derecho a la libertad de expresión.

El principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que “la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas”.

De ahí su exhorto al Estado venezolano a apegarse a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, a fin de garantizar a periodistas y medios de comunicación ejercer el periodismo sin intervenciones y a la sociedad en su conjunto, estar informada.

 

Gobierno se pone del lado de la corrupción al defender la condena

El comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que expresaba su preocupación por la condena contra Natera y Correo del Caroní, generó la reacción del embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Bernardo Álvarez, quien rechazó la postura de la organización al señalar que su relator, Edison Lanza, “hace gala de pérdida de independencia o ausencia de imparcialidad en relación con el Estado venezolano”.

“No cabe duda que esta conducta reprochable es parte de la campaña política-mediática nacional e internacional para desacreditar al Estado venezolano y a su Gobierno en materia de libertad de expresión”, manifestó Álvarez que con estas declaraciones se pone del lado de la corrupción, al desestimar una investigación periodística que reveló la extorsión y la malversación de recursos públicos en la estatal CVG Ferrominera Orinoco.

 

Repudio parlamentario

La Comisión de Medios de la Asamblea Nacional (AN) aprobó un acuerdo “por amplísimo consenso, con solamente el voto salvado del Gran Polo Patriótico, en rechazo a la sentencia contra Natera y el diario Correo del Caroní”.

Esto precisó el parlamentario miembro de la comisión, Biagio Pilieri, quien aseveró que esta decisión judicial amañada “intenta criminalizar el trabajo periodístico, el trabajo de investigación de los reportes”. Señaló que para la mayoría parlamentaria el TSJ “atenta contra la libertad de información y expresión”, al servir de brazo político al gobierno contra los medios de comunicación.

El presidente de la comisión, Tomás Guanipa, manifestó su preocupación por el nuevo golpe que reciben el derecho a la libertad de información y de expresión, debido a la suspensión forzada de las ediciones impresas de los diarios El Carabobeño (Carabobo) y La Mañana (Falcón) por la falta de papel periódico.

 

Espaldarazo al periodismo desde el municipio Piar

El Concejo Municipal de Piar también se plegó al coro de rechazos contra una sentencia que socava los principios de la libertad de prensa y de la expresión libre.

La cámara, en un acuerdo inspirado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Constitución nacional, en las leyes venezolanas que penalizan la corrupción y el amparo que recibe desde “el poder y sus medios de comunicación dependientes”, rechazó la condena, las implicaciones de satanizar el periodismo de investigación y la merma de información veraz y oportuna para los ciudadanos.

Por eso su respaldo a la labor periodística de este medio de comunicación con más de 38 años de trayectoria, “apegados al derecho de los trabajadores, por la democracia y lucha contra la corrupción”, así como su exhorto a seguir acompañando al pueblo de Guayana “en sus luchas y conquistas en el marco del estado de derecho”.

 

#InformarNoEsDelito, recuerda la administración Obama

La subsecretaria estadounidense de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, también manifestó preocupación por la sentencia contra el director de este rotativo, David Natera Febres, dictada por el Tribunal Sexto de Juicio de Puerto Ordaz, a cargo del juez Beltrán Javier Lira.

“Preocupante para la libertad de expresión la sentencia contra David Natera Febres del Correo del Caroní. Que sepan todos que #Informarnoesdelito”, escribió en su cuenta de Twitter @WHAAsstSecty.

Natera Febres fue condenado a cuatro años de prisión con prohibición de salida luego de enfrentar un proceso judicial que tiene como raíz la cobertura informativa que hizo el medio de comunicación, en el año 2013, sobre las denuncias de corrupción en la estatal CVG Ferrominera Orinoco.

La condena al diario incluyó multa de 1.137 unidades tributarias y prohibición de enajenar y gravar entre otras penas.

 

Alertas desde la irreverencia estudiantil

El Centro de Estudiantes de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, campus Guayana (UCAB Guayana) se unió al rechazo del dictamen judicial en contra de Correo del Caroní y su director, David Natera Febres.

“Esta violación a los derechos fundamentales y democráticos a la libertad de expresión y la información veraz y oportuna marca un lamentable precedente en la zona y a nivel nacional”, indican, al destacar que el medio, en 38 años de trayectoria, “se ha mantenido como una de las principales fuentes de los guayacitanos y un referente para el resto de país cuando de defender la verdad se trata”.

Los futuros profesionales de la Comunicación Social manifestaron su compromiso con la defensa del periodismo libre en el país, “sin la censura del Estado por medio de sus distintos órganos y mecanismos, que deben estar al servicio del bienestar ciudadano”.

Destacan el reportaje de investigación como instrumento “para la lucha legítima por la transparencia y el correcto funcionamiento de las instituciones públicas y privadas”.