sábado, 24 febrero 2024
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Junta interventora de Sunacrip: tres meses de silencio y alarma de eliminación

La desconfianza y la incertidumbre en la industria no responden únicamente al silencio de la junta interventora, sino además a transacciones irregulares que se siguen efectuando incluso después de la intervención y supuesta supervisión de Sudeban.

La incertidumbre se cierne sobre la comunidad criptográfica venezolana que creció en el último lustro gracias a las políticas y reformas legales implementadas por el chavismo para promover su criptoactivo, el petro, que ahora quedó en el olvido.

Este 17 de junio se cumplen tres meses de la instalación de la Junta Interventora de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), una instancia creada por Nicolás Maduro para reformar el organismo tras un escándalo de corrupción que explotó en el seno del círculo más íntimo del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, arropando a su mano derecha Joselit Ramírez, hasta entonces superintendente de criptoactivos.

La laberíntica red de operaciones criptográficas que efectuó la Sunacrip con fondos extraídos de la industria petrolera para evadir sanciones facilitó el extravío de al menos 3 mil millones de dólares de las billeteras manejadas bajo la autorización de Ramírez. En consecuencia, acabó tras las rejas como uno de los primeros trofeos exhibidos por el chavismo en su nueva “lucha anticorrupción”. Del paradero de El Aissami, otrora figura clave en la cúpula chavista, no se sabe nada.

El trabajo de Anabel Pereira Fernández, presidenta de la junta interventora, consistía en poner orden dentro de la institución, pero tres meses después de su nombramiento, la labor de su equipo es un misterio más allá de acciones silenciosas que se conocen por la afección directa a la comunidad criptográfica.

El apagado de las granjas de minería criptográfica y la desactivación de las casas de cambio de criptomonedas autorizadas fueron las primeras señales de un panorama adverso para los actores del ecosistema cripto, que ahora no descartan la eliminación de Sunacrip una vez que la junta interventora culmine sus labores.

Juan Blanco, director de BitData Consultores, sostiene que hay bases sólidas para creer que Sunacrip podría desaparecer en los próximos meses y que todo el ecosistema de las criptomonedas en el país quede bajo el control de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), que desde inicios de año empezó a supervisar las transacciones con criptoactivos en el país.

“Desde BitData creemos que va a haber una intendencia de servicios criptofinancieros desde la Sudeban. Yo doy por hecho la desaparición de la Sunacrip. Sé lo que es una junta interventora y suele venir a atada a una junta liquidadora”, razonó en una entrevista con TalCual.

A juicio de Blanco, Sudeban siempre debió haber supervisado las operaciones con criptoactivos, puesto que las empresas que trabajan con monedas digitales ofrecen instrumentos bancarios y las transacciones involucran tanto divisas como bolívares.

“El Estado, en su organización, debió haber hecho esto desde los inicios de la Sunacrip, depender de la Sudeban como un servicio bancario, porque por allí pasan bolívares y dólares. Quien debe cubrir eso es la Sudeban”, argumentó.

En el caso de que se cumpla esta predicción y Sudeban asuma las funciones de Sunacrip, los inversores y empresarios del sector esperan una mejor fluidez comunicacional, pues el hermetismo con el que se ha manejado la institución en los últimos meses genera una incertidumbre que aleja a cualquier capital interesado en operar en Venezuela. 

Minería de criptomonedas en crisis

Debido a este contexto, durante el último trimestre muchos operadores han abandonado el país y se han instalado en otros lugares de la región, especialmente los mineros de criptoactivos, que habían encontrado una suerte de paraíso en Venezuela gracias a los bajos costos del servicio eléctrico.

En 2019, en el marco del lanzamiento del petro, la ilegítima y extinta asamblea constituyente dio forma a un marco jurídico para esta industria con el Decreto Constituyente sobre el Sistema Integral de Criptoactivos, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.370, de fecha del 9 de abril de 2018. Este documento establecía la creación de Sunacrip y le otorgaba la autoridad para crear las normas que regirían al sector.

Con este instrumento jurídico, Venezuela se convirtió en uno de los pioneros en materia de regulación del sector y logró atraer inversión nacional e internacional. Los mineros, que ya operaban irregularmente sin jurisdicción, se regularizaron, y no tardaron en abrir casas de cambio de criptomonedas. Venezuela se convertía en una de las mecas de la actividad criptográfica mundial.

Casi cinco años más tarde, toda la confianza que creó con su marco jurídico se destruyó con la intervención de Sunacrip y las medidas arbitrarias tomadas en contra de la propiedad privada de cientos de empresas.

Los mineros que operaban legalmente en el país debían registrarse ante el Registro Integral de Mineros (RIM). Inicialmente, el portal web de Sunacrip ofrecía información sobre todos los operadores licenciados, pero dejaron de hacerlo el año pasado. Hasta el momento en el que se mantuvo la información pública, se contabilizaban más de 200 empresas registradas.

Alexis Lugo es un consultor de finanzas criptográficas a través de la iniciativa Criptoneros. También se dedica a la minería desde hace años y afirmó que las medidas de Sunacrip perjudican a una actividad capaz de generar empleos directos e indirectos, además de contribuir con el fisco nacional.

“La minería trae empleo, desarrollo e impulso económico al país. No es para nada un chiste dentro de Venezuela. Habrá alrededor de unas 200 empresas registradas y muchas están pensando en trasladar sus operaciones a El Salvador o a Paraguay”, advirtió en una conversación con TalCual.

El apagón impuesto por Sunacrip a las granjas de minería digital se traduce en pérdidas sostenidas para los mineros. Lugo recalcó que, dependiendo del tamaño de la granja, podrían perderse cerca de 10 mil dólares mensuales solo en pago de nómina, alquiler de los espacios, mantenimiento y servicios, sin poder generar dinero en absoluto. La mayoría de las empresas de minería se están dirigiendo a la quiebra.

Blanco relató que a inicios de junio participó en una reunión entre Sudeban, encargada de supervisar el trabajo de la junta interventora, y la Cámara Venezolana de Empresas Criptofinancieras (Cavencrip), en la cual funge como contralor.

En el encuentro, la asociación manifestó sus preocupaciones y quejas con respecto a la intervención del sector, y advirtieron que estaban dirigiéndose hacia la quiebra, pero ni siquiera fueron atendidos por la superintendenta de Sunacrip.

“Les dije que el Estado me quebró. No solo soy yo, sino muchos mineros los que están quebrados. No se justifica que, bajo un esquema corrupto en el que ninguno de nosotros tuvo algo que ver, nos apaguen. Conversamos de algunas cosas con las que no estuve de acuerdo”, asomó Blanco sin entrar en detalles de lo hablado en la reunión.

Irregularidades tras intervención de Sunacrip

La desconfianza y la incertidumbre en la industria no responden únicamente al silencio de la junta interventora, sino además a transacciones irregulares que se siguen efectuando incluso después de la intervención y supuesta supervisión de Sudeban.

A mediados de abril una empresa de análisis de Blockchain -sistema con el que funcionan las criptomonedas- llamada Blockpliance advirtió sobre el movimiento de fondos y transacciones en mercados ilegales que apuntaban a Sunacrip.

El software de Blockpliance analizó transacciones de direcciones pertenecientes a carteras criptográficas asociadas a Sunacrip y alertó sobre las más sospechosas. Entre ellas, destacan un balance comercial de pagos y cobros con Hydra, un mercado de la darknet en el que se ofrecen bienes y servicios al margen de la ley utilizando criptoactivos que no dejan rastros específicos de las transacciones.

Guillermo Fernandes, fundador de Blockpliance, explicó a TalCual que el análisis que hace la herramienta no permite precisar qué datos específicos sobre dichas transacciones. Es imposible saber qué bienes o servicios se pagaron o vendieron, pero sí establecer la vinculación entre direcciones pertenecientes a Sunacrip y a mercados ilegales como Hydra radicados principalmente en Rusia.

“Vimos conductas indirectas pero muy cercanas con ventas y compras en la darknet. No nos queda clara la intención detrás de eso. Tendría que haber un proceso legal donde la fiscalía identifique al dueño de esa billetera y haya un proceso, pero ¿Por qué una dirección controlada por un Estado tendría tanto depósitos como envíos a mercados rusos?”, se preguntó.

De igual manera, la dirección analizada presenta un patrón de transaccionalidad característico de entidades que intentan evadir sanciones, lo que no es de extrañar considerando que abiertamente han empleado criptomonedas para concretar negocios con países como China, Ecuador, Turquía, Irán y Rusia al margen del sistema bancario internacional. En el marco de estas operaciones, que son casi imposibles de rastrear, se extraviaron los 3 mil millones de dólares.

“Hay transacciones de por medio que te llevan, de un lado, o del otro, a entidades sancionadas. Cuando analizas esa transaccionalidad en la plataforma, ves que los fondos terminan o empiezan en la misma entidad. Si una entidad sancionada envía dinero a una billetera y esa billetera la reenvía a la entidad sancionada, es un comportamiento de evasión de sanciones”, razonó.

La dirección analizada por Blockpliance es una de las muchas que podrían estar asociadas a Sunacrip, pues un mismo ente puede poseer varias carteras criptográficas que, a su vez, posean varias direcciones. En el caso de las transacciones analizadas, la herramienta logró rastrear operaciones por más de 1,1 millones de dólares y alertó un retiro de 20 mil dólares a inicios de abril, fecha para la cual ya había iniciado la intervención y paralizado a las casas de cambio legales.

Ante la ausencia de información emanada por el organismo, las escasas pistas surgen gracias a terceros. Blockpliance arrojó una pisca de información con su análisis, mientras que las demás actualizaciones del sector han sido difundidas por la propia comunidad.

A finales de mayo la cuenta de Twitter @PetroDivisa reportó que Petro App, plataforma en la cual se gestionan las billeteras mediante las cuales se opera el petro, eliminó las cuentas bancarias registradas por los usuarios, además de eliminar la opción de comprar o vender los cuatro criptoactivos de los que disponía la aplicación: petro, bitcoin, litecoin y dash.

Adicionalmente, la comunidad ha advertido que la blockchain del petro es desactivada y reactivada esporádicamente a conveniencia de las autoridades, una decisión llamativa al considerar que ordenaron la práctica paralización del mercado nacional de criptoactivos.

Blanco apuntó que estos manejos han provocado un cambio importante en la dinámica del mercado de criptoactivos en el país. Aunque las casas de cambio descentralizadas -todas las que no operan desde Venezuela- siguen operativas y hay un enorme flujo de transacciones en plataformas como Binance, muchos tenedores de criptomonedas han decidido retener sus activos por miedo a represalias. En consecuencia, se denota una ausencia relevante de bolívares y tether (USDT, criptomoneda anclada al precio del dólar).

“Por la parte descentralizada, las operaciones siguen funcionando, pero no hay ni bolívares ni USDT. Lo que sí hay es dólares por montón. Había mucho flujo en enero, febrero y marzo, eso estaba moviendo la economía. Ahora, no se está dando en grandes transacciones”, aseguró.

Una porción del sector empresarial utiliza criptomonedas para participar en el mercado internacional y resguardarse de posibles sanciones, utilizando criptoactivos para importar o exportar bienes y servicios, pero a raíz de la incertidumbre generalizada, evitan hacer ruido con movimientos importantes de dinero.

Recuperar la confianza de estos actores requerirá de tiempo y acciones sólidas, como una reforma legal que imponga nuevamente un clima de seguridad jurídica, así como garantías para que las empresas del sector vuelvan a operar. Sin embargo, este panorama se ve lejano teniendo en cuenta el accionar de la junta interventora.

“La gente cuida no mover sus recursos porque hubo un pase de facturas, de meter en una trama a personas sin responsabilidad en la corrupción. No quiero ser ave de mal agüero, pero mi experiencia me hace no ver luz en lo que resta del año”, insistió Blanco.