La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 7 de octubre la resolución 71/2024, en la que otorgó medidas cautelares a Juan Pablo Guanipa Villalobos, coordinador del partido Primero Justicia, tras determinar que su vida y su integridad personal se encuentran en riesgo de daño irreparable. El dirigente político zuliano es uno de los 91 casos venezolanos considerados por la CIDH en riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales.
Según la CIDH, Guanipa ha sido objeto de múltiples intimidaciones y agresiones desde 2016, una situación que empeoró tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuando fue perseguido en varias ocasiones por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el 3 y 28 de agosto, y su familia también ha sido blanco de hostigamientos.
Los negocios de la familia Guanipa fueron cerrados, su hogar asediado y sus pasaportes anulados.
Además, su hermano fue apresado el 26 de septiembre sin explicación formal sobre los cargos o su paradero actual.
Ante esta situación, la CIDH instó al Estado venezolano a proteger a Guanipa y garantizar su seguridad, permitiéndole continuar su labor política sin sufrir amenazas ni actos de violencia.
Asimismo exigió que el gobierno dialogue con Guanipa y sus representantes sobre las medidas a implementar y que informe sobre las investigaciones en curso para prevenir la repetición de estos hechos.
Hasta ahora, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene en sus registros que desde 2012, 91 casos de venezolanos que han requerido la protección del organismo, por encontrarse en riesgo de vulneración de sus derechos fundamentales y en riesgo de daño irreparable. La activista Rocío San Miguel y su hija encabezan la lista desde el 2012 señalando que habían sido objeto de hostigamientos y amenazas de muerte en su domicilio, como parte de las actividades que desarrollaba en la ONG Control Ciudadano.
En lo que va del año 2024 la CIDH ha otorgado medidas a 10 venezolanos, superando ya las cifras del 2023 cuando se registraron 7 medidas de protección. Nélida del Rosario Sánchez Oropeza, Joel Antonio García Hernández, María Andreina Oropeza Camacho, Roland Oswaldo Carreño Gutiérrez, Freddy Francisco Superlano, Carmen Leonor García Azuaje, Ana Carolina Guaita Barreto, Perkins Rocha Contreras, Biagio Pilieri Gianninoto, Jesús Alfredo Pilieri y Eleanger David Navas Vidal, recibieron medidas de la CIDH.
Entre las 82 medidas de protección que se mantienen vigentes por la Corte de Derechos Humanos están además de presos y perseguidos por motivos políticos, 12 mujeres enfermas de cáncer de mama, 13 personas con diagnóstico de hemofilia y otras coagulopatías y los niños y niñas pacientes del área de Nefrología del Hospital José Manuel de los Ríos, todos ellos ante la falta de atención del Estado así como por no recibir el tratamiento adecuado para sus patologías por parte del IVSS.
Los registros de la CIDH también señalan que durante este lapso de tiempo sólo han sido levantadas 9 medidas de protección en Venezuela.
Es preciso señalar que Venezuela es el segundo país de Latinoamérica, con el mayor número de medidas de protección vigentes, después de Colombia que tiene 150 casos activos. Sólo en 2018 hubo 95 solicitudes en ese país. El tercer lugar lo ocupa México con 86 medidas de protección activas.
