Para el exembajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, exmiembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, abogado e internacionalista, Víctor Rodríguez, el Estado venezolano se está “escondiendo” en los principios de soberanía y complementariedad para cometer crímenes de lesa humanidad sin ser sancionados por la Corte Penal Internacional (CPI).
Estas declaraciones coinciden con lo expresado por el fiscal de la CPI, Karim Khan, durante su discurso en la reunión anual de países miembros, en el que hizo referencia al caso venezolano y rechazó contundentemente la detención de niños y adolescentes en el contexto poselectoral. “La pelota está en el campo de Venezuela. El camino de la complementariedad se está agotando”, manifestó Khan.
Sobre esto, Rodríguez, quien sigue de cerca la evolución de este caso, aseguró que todo sigue en curso y que prontamente habrá un pronunciamiento por parte de las autoridades internacionales.
“El proceso ha venido siguiendo su curso en el sentido de que la Fiscalía está llevando a cabo una investigación. Se le ha reclamado que hay un retraso injustificado, pero la Fiscalía considera que las pruebas deben presentarse ante la Sala de Cuestiones Preliminares, porque ellos deben presentar a quienes van a encausar: fulano de tal es responsable por esto, por esto y por esto. Esto debe llevarse bien documentado, para evitar que la sala las rechace. El procedimiento está siguiendo. En las próximas semanas, ellos van a presentar a la sala los presuntos autores de los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo en Venezuela. La sala de cuestiones preliminares ordenará que citen a tal persona o que lo detengan, si es necesario, para que se presente ante la corte”, manifestó el especialista.
Desde el año 2021, Venezuela se convirtió en el primer país latinoamericano al que la CPI le abre una investigación formal, el caso denominado Venezuela se lleva para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano en el contexto de las protestas del año 2017.
– ¿Cuál es el alcance de la corte para tomar acción en el caso Venezuela? Muchos venezolanos consideran que los organismos internacionales se han limitado a hablar y no hay respuestas ni acción
– Allí medimos la efectividad y la eficiencia. La corte y la Fiscalía son órganos que hacen su trabajo y sí toman decisiones, que a veces no pueden cumplirse. La corte no tiene una policía ni tiene las facultades para ir a un país a detener a una persona. Ahí chocamos con un principio que debería estar en revisión, que es el principio de la soberanía que es fundamental. La soberanía debería flexibilizarse porque no es posible que los Estados se escondan detrás de la soberanía para violar derechos humanos. La gente piensa, con razón, que no sirve para nada. Pero sí es de importancia. “El mismo Putin tiene una orden de detención y tenía que viajar a Sudáfrica y no fue porque el Poder Judicial lo iba a detener”.
– De emitirse una orden de captura contra funcionarios del chavismo por parte de la CPI, ¿qué representa esta condición en el contexto actual?
– Hay una posibilidad de que algún Estado actúe en algún momento, si uno de estos señores indiciado o señalado como presunto autor, pasa por un Estado parte del Estatuto de Roma. Eso les va a limitar la acción. No es que los van a detener mañana o pasado, el proceso incluso no va a adelantarse porque tiene que hacerse en presencia de los acusados. Eso es parte del estatuto y lo que significa la justicia internacional, no es una justicia nacional. No está por encima de los Estados, sino que es complementaria. Es un juego complicado, pero sí es efectivo. La corte tiene un poder sancionatorio, es decir, investiga, procesa y castiga. También tiene una función preventiva, cuando se detiene a una persona o se solicita su detención o que vaya a comparecer, hay un efecto preventivo en el país. Por ejemplo, si se llegara a citar a los responsables de crímenes en Venezuela, ese solo hecho de la orden de comparecencia va a tener un impacto político nacional.
– ¿Considera que el Estado venezolano se esconde en su soberanía para tener impunidad?
– Sí. Ese es uno de los problemas del derecho internacional hoy en día y su efectividad. Venezuela se está escondiendo en la soberanía y lanzan otro principio, que es el de no injerencia en los asuntos de Venezuela. Entonces dicen que se están metiendo en asuntos internos. No. Se está cumpliendo una responsabilidad internacional que es proteger a las personas por los crímenes que se están cometiendo. Pero esos son principios que las dictaduras manejan a su manera: hay la soberanía cuando les interesa, hay la no injerencia cuando les interesa. Ellos sí se meten en los asuntos internos de otros cuando les interesa. Es decir, hay una interpretación política permanente muy perversa de esos principios. Yo creo que la soberanía es un concepto que ya no puede ser visto de forma absoluta como se hacía hasta ahora. Las dictaduras se esconden detrás de eso.
Detenciones poselectorales son prácticas terroristas
Tras el cuestionado proceso electoral del pasado 28 de julio, en el que la oposición venezolana asegura a través de unas actas publicadas en una plataforma abierta haber ganado, las autoridades venezolanas desataron una ola represiva para condenar a quienes salieron a las calles para denunciar un fraude electoral, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciara a Nicolás Maduro como ganador.
Al menos 1.900 personas fueron apresadas y acusadas de terrorismo, traición a la patria y resistencia a la autoridad, entre ellas 70 menores de edad.
Familiares de los detenidos aseguran que han sido víctimas de torturas, maltratos, vejaciones y abusos por parte del sistema carcelario, así como el sistema judicial, ya que se les impidió contar con abogados de confianza y se ordenó la ejecución de juicios colectivos.
Sobre esto, Rodríguez aseguró que la CPI está tomando en cuenta las situaciones irregulares que se han vivido en el país durante el año 2024, especialmente las violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes y la violencia basada en género, así como la tortura y detención arbitraria de la disidencia política.
– En el caso de lo que son las detenciones poselectorales, ¿la CPI está tomando en cuenta y recopilando estos casos?
– Sí, claro. Para la corte es muy importante las cuestiones de menores detenidos y violencia de género (…). Para la corte es importante defender a los menores y las cuestiones de género como violaciones y maltratos a las mujeres. Lo que ha pasado con los niños es sumamente grave, rompe todos los esquemas jurídicos no solamente de la corte. Es impensable. No se ha visto en ninguna parte la calificación de un menor de 18 años de terrorista. Es un crimen de lesa humanidad.
– La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha usado el término terrorismo de Estado para referirse al caso de Venezuela, ¿qué tan válido es este término o que se toma en cuenta para evaluar las detenciones?
– Es un tema que se ha venido planteando en la comunidad internacional. Existe un terrorismo de Estado, es decir, se está aterrorizando a la población por razones ideológicas desde el poder. Porque el terrorismo se ve siempre contra el poder, pero esta vez lo estamos viendo desde el poder. O sea, cómo asustar. Cuando detienen niños el objetivo es aterrorizar a los niños para que no se metan en las manifestaciones. Cuando detienen un maestro y lo ponen preso es decirles a los maestros: no se metan porque los voy a meter presos. Eso es terrorismo de Estado. Generar miedo en la población civil para que no actúen. Hay que insistir en que sí hay prácticas terroristas desde el Estado.
Comunidad internacional permanece alerta
Para el internacionalista, la comunidad internacional continúa jugando un papel fundamental, coincidiendo con la visión de otros especialistas entrevistados por este medio, quienes aseguran que la problemática venezolana escaló para ser una cuestión regional.
Asimismo, Rodríguez enfatizó en que la mayoría de los países del continente han rechazado el resultado anunciado por el CNE, siendo un grupo reducido los que se mantienen neutrales, entre ellos Brasil y Colombia.
Recientemente se conoció que los gobiernos de Colombia y México enviarán a representantes oficiales al acto de toma de posesión de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero. En contraste, Brasil impidió el acceso de Venezuela al bloque de los Brics, ante la falta de publicación de las actas electorales del pasado 28 de julio.
Sobre la situación de la Embajada de Argentina, actualmente custodiada por Brasil, Rodríguez manifestó que lo que allí ha ocurrido violenta por completo las normativas internacionales y violenta los derechos humanos de los asilados, todos miembros del equipo de María Corina Machado.
– ¿Cuál es la posición de la comunidad internacional sobre situaciones irregulares en Venezuela, como el asedio de la Embajada argentina en el país, hoy custodiada por Brasil?
– Hay una preocupación porque el problema venezolano atañe a toda la región. Lo que está pasando con la Embajada de Argentina es sumamente grave, o sea, refleja que sí hay una política sistemática de persecución por parte del Estado, más claro no puede ser. Aparte, muestra que no hay Poder Judicial ni Fiscalía independiente. Se está violando el derecho internacional de manera impune. Se expresó en el Consejo Permanente de la OEA y el Consejo de Derechos Humanos. Esa presión es importante para nosotros. El caso de la Embajada de Argentina es grave. Son personas que están viviendo peligro por su integridad física y moral porque los tienen acorralados. Hay una guerra psicológica contra ellos. Imagino que se resolverá en los próximos días. Brasil debe insistir y es lamentable, que ninguna embajada acreditada en Caracas le exija al gobierno que respete el derecho internacional. Nadie dice nada. Se espera que se logre los salvoconductos. Esto muestra una política de Estado de persecución.
– ¿De qué manera afectó la introducción de un recurso de recusación contra el fiscal Karim Khan?
– El procedimiento está andando, está lento. Ha habido algunos problemas porque hay un recurso de recusación del fiscal que planteó una oenegé venezolana que está en Washington, eso altera un poco el procedimiento, pero ellos tienen un planteamiento bastante serio y bien fundado de que el fiscal no está actuando con imparcialidad. Esa situación puede afectar un poco el procedimiento, pero va avanzando. En las próximas semanas debería haber un pronunciamiento. Cuando el fiscal se presentó en la asamblea de Estados, presentó parte de su informe y lamentó la persecución y reconoció, una vez más, que sí se están cometiendo crímenes en Venezuela y se refirió a los menores de edad detenidos. Se refirió a los hechos poselectorales que es muy importante, ya la corte tiene experiencia sobre hechos poselectorales.
