La oposición venezolana presentó ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) el informe anual de 2020 sobre la situación de derechos humanos del país. La Comisión Presidencial para Derechos Humanos y Atención a las Víctimas documentó ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales: 400 víctimas identificadas y otras 125 no identificadas.
En el documento se lee que estas cifras de ejecuciones extrajudiciales se suman a las más de 2 mil documentadas por la oficina de Michelle Bachelet, comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Hemos podido concluir que existe un patrón de ejecuciones que afecta de manera particular a jóvenes varones de escasos recursos debido a la militarización de la seguridad ciudadana”, escribe Humberto Prado, comisionado presidencial para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas.
En las cárceles nacionales se cometieron 299 ejecuciones extrajudiciales en el 2020: “61% de las muertes estuvieron asociadas a violencia policial, mientras que 33% debido a desnutrición y condiciones de salud. Solamente 4,4% fueron por otras causas”.
En 2020 funcionarios del Estado cometieron 232 detenciones arbitrarias. En el caso de los trabajadores de la prensa, 69% de las detenciones fueron clandestinas, mientras que solo 31% tuvieron acompañamiento en el proceso judicial.
El documento hace referencia a cinco capítulos: Venezuela ante los Sistemas Internacionales de Protección, Los derechos civiles y políticos, Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, Grupos en situación de vulnerabilidad y Migrantes y refugiados. Este fue entregado a Luis Almagro, secretario general de la OEA, en una reunión virtual presidida por Juan Guaidó, presidente de la comisión delegada instalada tras la reforma del Estatuto para la Transición.
Este informe fue entregado a Bachelet y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Solo 54.650 venezolanos han sido reconocidos bajo la condición de refugiados en la región; esto equivale solo a 1,04% de los más de 5,4 millones de nacionales que se encuentran en la región.
Hubo 212 femicidios, de los cuales 56 adicionales se reportaron en el extranjero.
Hay cerca de 6 mil familias LGBTI que requieren protección legal.
286 ataques contra las personas defensoras de derechos humanos.
El informe reportó que hubo un “ecocidio masivo” en 2.801.136 hectáreas en los últimos cinco años. También se registraron 20 derrames de petróleo en el lago de Maracaibo. “Y se reportó que los peces circundantes al Golfo Triste presentan 350% más de mercurio en su tejido”.
