La posición del Gobierno venezolano sobre la decisión del Consejo de Derechos Humanos de renovar por dos años más el mandato de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos en Venezuela para seguir investigando crímenes de lesa humanidad no trajo consigo ninguna sorpresa.
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores manifiesta su rechazo a la aprobación de esta resolución al considerar que esta instancia es un “injerencista mecanismo de monitoreo contra nuestro país”.
Agrega el texto que esta “resolución es el resultado del vergonzoso doble rasero, la selectividad y el uso politizado de los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos por parte de un grupo minoritario de Estados, que siguen obedientemente los dictados del Gobierno de los Estados Unidos de América, en su obsesivo interés de atacar la institucionalidad democrática venezolana”.
El gobierno que preside Nicolás Maduro también expone mediante este documento que la decisión de Naciones Unidas busca, supuestamente, alentar planes desestabilizadores contra la institucionalidad del país por parte de la “oposición nacional e internacional”.
Nuevamente reiteró su intención de tomar medidas contra aquellos países que apoyaron la aprobación de la moción. “La República Bolivariana de Venezuela se reserva las medidas políticas y diplomáticas pertinentes ante las pretensiones de quienes promueven este mecanismo contra la soberanía y autodeterminación del pueblo venezolano, que violenta la Carta de las Naciones Unidas, las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y el paquete de construcción institucional del Consejo de Derechos Humanos, entre otros instrumentos relevantes”.
Finalmente, y ante la petición del Consejo de permitir la entrada de la misión, el gobierno fue tajante al decir “que no reconoce ni reconocerá ningún mecanismo de tutelaje creado al margen de los principios propios del derecho internacional, que pretenda vulnerar la independencia, soberanía y autodeterminación del pueblo venezolano”.
