martes, 23 julio 2024
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Gobierno deja atrás los estados de excepción que reforzaron su control sobre las instituciones

Para Acceso a la Justicia, el estado de excepción demostró que, lejos de defender la estabilidad del país y de velar por los derechos de la ciudadanía, fomentó la ruptura institucional y agravó la compleja crisis humanitaria que atraviesa el país. | Foto cortesía

Nicolás Maduro usó la figura constitucional de los estados de excepción para neutralizar a la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 y reforzar su control sobre las instituciones, fondos públicos y la ciudadanía. De acuerdo con un análisis de la ONG Acceso a la Justicia, el gobierno se ha deshecho de esta herramienta, aunque las razones esgrimidas para apelar a este recurso continúan allí, con la única diferencia de que el chavismo ahora controla del Parlamento.

Recuerdan que, en enero de 2016, días después de que el AN controlada por la oposición se instalara, Maduro decretó un estado de emergencia económica, con la excusa de hacerle frente a la “guerra económica”. Sin embargo, destacan que dicha medida habría finalizado, ya que la última prórroga venció el pasado 23 de abril según decreto 4.440, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.615 extraordinario del 23 de febrero de 2021.

“El estado de excepción y emergencia económica formó parte, junto a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de la estrategia que el Ejecutivo puso en marcha para desmantelar y liquidar a la AN”, manifiesta la organización.

El estado de excepción y emergencia económica formó parte,
junto a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de la estrategia
que el Ejecutivo puso en marcha para desmantelar y liquidar a la AN”

Resaltan que usaron 31 decretos, prologándolo mucho más allá de los 120 días fijados en el artículo 338 de la Carta Magna, para que el gobierno de Maduro se hiciera de las facultades que correspondían a los legisladores.

Acceso a la Justicia considera que, gracias a esta figura, en el último lustro Maduro pudo aprobar y disponer de fondos públicos sin ningún tipo de control y supervisión. Así como transferir recursos de una partida a otra, firmar contratos de interés públicos y empréstitos, ajustar la unidad tributaria y designar embajadores como ordena el texto fundamental.

Además aseguran que el Ejecutivo tampoco tuvo que preocuparse porque los legisladores citaran a sus ministros y demás funcionarios e incluso pudieran censurarlos por no haber cumplido a cabalidad sus funciones, pues durante la emergencia económica les suspendió esta potestad que les confiere la Constitución.

Destacan que estas acciones contaron con la venia de la Sala Constitucional del TSJ. “La instancia que estaba llamada a garantizar el respeto de la Constitución dejó de lado su misión para alinearse con el Ejecutivo y se dedicó durante cada una de las declaratorias de los estados de excepción a reforzar las arbitrariedades y abusos por parte del gobierno de Maduro”, sostiene la ONG.

No uno, sino dos 

Acceso a la Justicia añade que, además de los cinco años bajo el estado de emergencia económica, desde marzo de 2020 también los venezolanos estuvieron bajo un estado de alarma, impuesto para evitar la propagación de la COVID-19. “Así, durante un año se vivió la inédita situación de estar bajo dos regímenes de excepcionalidad”, agregan.

“El estado de excepción y emergencia económica formó parte, junto a las sentencias del TSJ, de la estrategia que el Ejecutivo puso en marcha para desmantelar y liquidar a la AN”, explica la ONG | Foto cortesía

A su juicio esta segunda figura también perdió vigencia luego de que el 28 de marzo concluyera su última prórroga, de acuerdo al decreto 4.448 del 28 de febrero, último estado de alarma que se dio a conocer tras el anuncio de su constitucionalidad por la sentencia 034 del 17 de marzo emitida por la Sala Constitucional, cuyo contenido aún no ha sido publicado.

“Bajo la excusa de evitar la propagación del coronavirus detectado en la provincia china de Wuhan, las autoridades prorrogaron en doce ocasiones el estado de alarma, a pesar de que la Constitución y la Ley Orgánica de Estados de Excepción solo permiten un decreto con un lapso máximo de treinta días prorrogable por una sola vez”, condenan.

Además aseguran que la medida abrió las puertas para que el régimen pudiera reforzar su control político y policial-militar sobre los ciudadanos, además de silenciar cualquier voz disidente.

“Entre marzo de 2020 y febrero de 2021, 318 personas, entre ellas dirigentes comunitarios, defensores de derechos humanos, periodistas y líderes políticos, fueron objeto de detenciones arbitrarias e ilegales por parte de los cuerpos de seguridad, según una investigación realizada por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y Laboratorios de Paz. ¿El delito? Protestar o expresar descontento por las fallas de los servicios públicos, informar sobre dichas acciones o sobre la COVID-19”, destaca Acceso a la Justicia en su comunicado. 

Problemas sin resolver 

Para la organización, el momento escogido para poner fin a los estados de excepción refuerza las sospechas de que los mismos solamente fueron utilizados para suplantar a la AN de 2015, pues en enero pasado se instaló el nuevo Parlamento electo en las cuestionadas elecciones del 6 de diciembre, el cual está completamente controlado por el chavismo.

Además resaltan que los problemas esgrimidos por las autoridades para imponerles continúan allí e incluso se han agravado.

“En el caso de la emergencia económica, el panorama económico del país no es mucho mejor que hace un lustro atrás. Desde 2017 el país se encuentra sumido en hiperinflación y de acuerdo a los pronósticos de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) no saldrá de ella ni en 2021 ni en 2022. Asimismo, el producto interior bruto (PIB) seguirá cayendo, 10% en este año y 5% más en el próximo”, indican.

Por otro lado, mencionan que las previsiones para el desempleo de Venezuela del FMI apuntan a un nivel del 58,4% y el 60,1% en 2021 y 2022, respectivamente, frente al 55,5% de 2020.

Por último, Acceso a la Justicia recuerda que la finalización de los estados de excepción implica la extinción de los decretos leyes dictados por el Gobierno nacional, así como cualquiera otra medida y decisión que haya adoptado bajo los mismos. “En este sentido, desapareció el basamento jurídico que sostenía las acciones del régimen de Maduro que restringieron o limitaron las garantías de los derechos consagrados en la Constitución, por lo que mal puede continuar aplicándose en el país”.

Además mencionan que no existe actualmente base jurídica alguna que permita sostener la cuarentena flexible y cuarentena rígida, mejor conocida como “método 7 + 7”, aplicada por Maduro desde hace un año, o para continuar restringiendo las actividades del Poder Judicial, de los registros y notarías, del sector bancario y el comercio o limitando la movilidad durante una semana y otra sería arbitrario. (Con información Acceso a la Justicia)

El vencimiento del estado de excepción desaparece la base jurídica que sostenía las acciones del Ejecutivo que restringieron o limitaron las garantías de los derechos consagrados en la Constitución | Foto El Nacional