En un informe difundido por FundaRedes, el 28 de febrero, titulado El dilema de los indígenas del estado Amazonas: unirse a los GAI (Grupos Armados Irregulares) o ser desplazados, se señala que en el Eje Carretero Norte y Sur del estado Amazonas se conoció que muchos indígenas afectados por la incursión de grupos irregulares en sus territorios han denunciado “que han sido sometidos, maltratados y hasta asesinados por no aceptar el reclutamiento forzado y trabajar en las minas que son dominadas por estos grupos”.
En Amazonas donde el 54% de población es indígena, se vive una crisis humanitaria sin precedentes. “La incursión de grupos armados irregulares ha transformado su hogar en un escenario de violencia, explotación y desplazamiento forzado”, indicó FundaRedes.
“Para nadie es un secreto y es una realidad que nosotros tenemos en cuenta, ya que todos lo saben, todos lo conocemos: los grupos irregulares hacen presencia en cada una de las comunidades del municipio Ature, se hacen presencia invadiendo su conuco, invadiéndole su sitio de pesca, su sitio de producción, lo cual ha obligado esto pues a nuestro hermano indígena a desplazarse a otro territorio”, afirmó el defensor de pueblos indígenas, Andri Sarmiento.
En el informe de la oenegé se indica que las autoridades venezolanas “han sido criticadas por su inacción e incluso por su colaboración con los grupos armados en estas zonas”.
Dentro de las recomiendas presentadas por FundaRedes para tratar esta realidad en el estado Amazonas, se encuentran la implementación de políticas de protección territorial, “garantizando la integridad de los territorios indígenas y la prohibición de actividades extractivas”; además de incluir consulta indígena: cumpliendo con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), asegurando “el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas para cualquier proyecto que afecte sus territorios”.
Otra recomendación de FundaRedes en su informe es erradicar la corrupción en cuerpos de seguridad: investigando y sancionando los vínculos entre autoridades militares y grupos armados irregulares involucrados en actividades mineras; así como ofrecer asistencia a comunidades desplazadas: mediante programas de salud, educación y alimentación en los asentamientos indígenas afectados por el desplazamiento, y desarrollar alternativas económicas sostenibles mediante proyectos de desarrollo comunitario que respeten el medio ambiente y fortalezcan la autonomía de las comunidades indígenas.
