El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este 18 de septiembre el inicio de una investigación formal contra el Gobierno de Argentina por el presunto robo y desmantelamiento de un avión de la empresa venezolana Emtrasur, una filial de carga de la aerolínea Conviasa.
Durante una rueda de prensa, Saab solicitó la emisión de una orden de aprehensión contra el mandatario argentino, Javier Milei, su hermana Karina Milei, quien se desempeña como secretaria de la Presidencia, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del país sudamericano.
El avión de carga, un Boeing 747-300M, había sido retenido en Argentina desde 2022 y trasladada desde su lugar de detención a un aeropuerto en Florida.
“Esto que estoy expresando en las próximas horas tendrá consecuencia en un tribunal competente de Venezuela, con las respectivas órdenes de aprehensión, porque eso que mostramos no puede acabar impune”, declaró el fiscal.
Los delitos por los que están siendo acusados son robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave, asociación para delinquir.
Es importante recordar que la decisión de la retención y posterior traslado del avión fue tomada durante la presidencia de Alberto Fernández en Argentina, y todos los procedimientos legales relacionados con la aeronave han sido manejados por tribunales, no por el Ejecutivo argentino.
A su vez, Saab designó a un fiscal especializado en protección de los derechos humanos para investigar lo que llamó una “aplicación sistemática de un programa de violencia institucional premeditado con alevosía” que está haciendo el gobierno de Milei contra los derechos humanos del pueblo argentino, especialmente hacia adultos mayores, jubilados y pensionados, porque a su parecer, estos atropellos constituyen a crímenes de lesa humanidad.
“Tenemos en nuestro archivo más de 50 videos donde se puede evidenciar la brutal represión de su gobierno, violatorio de los derechos humanos que reivindica el genocidio y que ejecutan política de represión en contra de las manifestaciones sociales y los adultos mayores”, añadió, refiriéndose a supuestos despidos masivos, recortes a programas sociales, disminución del financiamiento a las universidades, cierre de instituciones, represión, detenciones arbitrarias de funcionarios del Ejecutivo contra manifestantes argentinos.