La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) emitió un comunicado en el que rechaza la persecución en el contexto postelectoral, por las protestas para reclamar al Consejo Nacional Electoral (CNE) mostrar las actas que certifiquen los resultados que emitió y que dan ganador a Nicolás Maduro.
“En los días posteriores a las elecciones, los cuerpos represivos del Estado se han dedicado, además, a hostigar a la ciudadanía de manera indiscriminada, revisar y confiscar móviles, perseguir a la prensa libre, anular pasaportes y acosar a trabajadores del sector público, donde se han hecho graves denuncias de despidos masivos injustificados, como son los casos de VTV y Pdvsa”, señala el comunicado.
Además, la Federación se refirió al acoso de parte de cuerpos de seguridad del Estado contra dirigentes políticos y gremiales. En ese sentido, expuso el caso de Raúl Brito, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (Apuneg) y miembro principal de la Junta Directiva de Fapuv.
“El acoso en su contra comenzó el sábado 27 de julio a las 11 de la noche, víspera de las elecciones, y no ha cesado. Desde un primer momento, la Apuneg informó públicamente que patrullas del Dgcim en la Urbanización Yara Yara, rondaban el lugar de residencia del profesor Raúl Brito. El hostigamiento se ha mantenido y el jueves 15, desde patrullas del Sebin, funcionarios se dedicaron a tomar fotos de su casa a partir de las 11:00 am y una patrulla se plantó enfrente”, detalló.
Agregó que “la presencia permanente de funcionarios vestidos de negro, encapuchados, portando armas largas no solo atenta contra los derechos de nuestro directivo sino que también somete al hostigamiento a toda una zona vecinal, creando un estado de zozobra colectiva”.
Fapuv denunció que estas acciones de intimidación violan los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscritos y ratificados por Venezuela, así como de los artículos 2, 19 y 20 de la Constitución nacional.
“El Estado venezolano está obligado a proteger a los servidores públicos y a garantizar un clima propicio para el pleno ejercicio del trabajo gremial de los dirigentes sindicales y gremiales. El trabajo de organizaciones sociales como nuestras Asociaciones y la propia Federación requiere de democracia, de una vida pública sin violencia, sin abuso del poder, sin amenazas, ni represión, ni agresiones en contra de nuestros directivos, cuyas actividades son legítimas y muy necesarias para la vida universitaria y para la vida nacional”, sostuvo la federación.
Asimismo, la organización gremial se sumó a las reacciones en rechazo contra la represión hacia ciudadanos comunes, líderes políticos y sociales detenidos en el contexto postelectoral del 28 de julio.
