Familiares de detenidos poselectorales en el estado Bolívar insisten en denunciar que las autoridades regionales no están ejecutando las órdenes de excarcelación aprobadas desde Caracas.
Pablo*, cuya esposa lleva 5 meses detenida tras ser miembro de mesa electoral en las elecciones del 28 de julio, asegura que en el estado Bolívar es donde menos excarcelaciones se han ejecutado desde que inició el proceso de liberación.
“Estamos preocupados. El día viernes, a las 7:00 de la noche, llegaron 147 boletas de excarcelación a los tribunales de Puerto Ordaz. Aún no han empezado a entregarlas para que las liberen. Ya deberían estar soltando a las personas y todavía no se han pronunciado ni nada por el estilo. Tengo amistades dentro de los tribunales que me informaron que ya llegaron las boletas. Están soltando gente por todos lados y ya mi esposa tiene 5 meses allí por haber agarrado las benditas actas esas”, puntualizó el entrevistado.
La esposa de Pablo* fue miembro de mesa de un centro electoral en el municipio Caroní. Fue detenida el 8 de agosto acusada de asociación para delinquir, resistencia a la autoridad y traición a la patria luego de haber tenido un altercado con un miembro del Plan República el día de la elección.
Según el testimonio de los parientes afectados, en Bolívar ha habido pocas liberaciones, presuntamente, se espera empezar a ejecutarlas la próxima semana en lotes de 25 personas.
“Personas que trabajan aquí en Puerto Ordaz confirman la llegada de estas boletas. Hace un mes llegaron unas boletas y después las eliminaron. Ahora enviaron 147 que están en el sistema, pero no las han impreso ni distribuido en los centros. No sabemos por qué pasa esto. ¿Por qué no quieren darle libertad y excarcelación? Tienen esas boletas retenidas. En Caracas están soltando gente, pero aquí a ninguno. No sé qué pasa en Bolívar”, alegó uno de los perjudicados.
La organización Una Ventana a la Libertad informó la excarcelación de 50 presos políticos el pasado 17 de enero en la cárcel de Tocuyito, estado Carabobo. Asimismo testigos aseguran que las liberaciones se dan en total discreción, sin avisar a parientes y con prohibición de declarar a medios de comunicación.
“No entiendo por qué si tienen las boletas deben retenerlas en vez de enviarlos a los centros de detención. Aquí en el estado está pasando una irregularidad. En Valencia, Tocorón… eso no está pasando”, acotó el entrevistado.
Familiares manifiestan temor por la seguridad de los apresados, en el caso de Pablo*, asegura que no ha tenido acceso a visitas durante el tiempo de reclusión de su esposa. Asimismo exhortó a las familias de otros arrestados a sumarse a las denuncias.
A la par, la organización Foro Penal informó sobre 75 detenciones durante el mes de enero en el marco de las tensiones por la toma de posesión presidencial.