miércoles, 24 julio 2024
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Falta de atención médica fue la causa principal en la muerte de 123 reclusos en 2021

De acuerdo con Una Ventana a la Libertad, 123 personas recluidas en centros de detención preventiva murieron en 2021. Además, el hacinamiento en estos lugares es de 161%.

El informe de la ONG Una Ventana a la Libertad contabilizó el fallecimiento de 123 reclusos en 302 centros de detención preventiva en Venezuela. 95 de ellos murieron por complicaciones de salud.

La investigación detalla que durante el primer semestre del año pasado se reportaron 74 reclusos con tres enfermedades diferentes: 66 (89,19%) sufrían de desnutrición; 7 (9,46%) de tuberculosis y solo 1 caso (1,35%) con dolores abdominales.

En el segundo semestre hubo más enfermedades y menos enfermos. Fueron ocho personas enfermas, entre ellas cinco mujeres (62,5%) y 1 (12,5%) embarazada.

Como segunda causa de muerte en estos centros de detención preventiva figuran los procedimientos policiales para recapturar a fugados (15 casos), mientras que los otros cinco reclusos murieron en riñas, cuatro en motines, tres víctimas de abusos de funcionarios y, un suicidio, detalla el informe.

Sigue el hacinamiento

La ONG destaca el incumplimiento del objetivo que suponía el nombramiento de la Comisión de la Revolución Judicial. En 60 días debió acabar con el hacinamiento carcelario.

Si bien se lograron liberaciones y traslados a cárceles en algunos calabozos policiales, no fue suficiente para acabar con el hacinamiento que sigue siendo un problema. De acuerdo con el subregistro de Una Ventana a la Libertad, 16.595 reclusos están distribuidos en espacios cuya capacidad de albergue es de 10.310 personas por lapsos de 48 horas. Al cierre de 2021, el hacinamiento era de 161%.

En el caso de Bolívar, donde hay 23 centros de detención preventiva, la capacidad de estos es de 406 personas. Sin embargo, el hacinamiento es de 286%, ya que se rebasa la capacidad con otros 754 privados de libertad.

El coordinador general de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, considera que: “Este informe tiene un punto a destacar, por primera vez el régimen de Maduro aceptó el desastre que se vivía en los centros de detención preventiva y eso lo lleva a crear el 21 de junio de 2021 una comisión para solucionar el problema de caos de los centros de detención preventiva”.

Cuestiona también que además del hacinamiento, los privados de libertad viven mal alimentados, en una situación sanitaria repugnante y en espacios mínimos para la convivencia de más de cinco a seis personas por celdas y carecen de ventilación.

“Esto facilita el tránsito de las enfermedades infecto contagiosas y todas las enfermedades que hemos visto en este informe, pues la convivencia en estos pequeños espacios mantiene a las personas detenidas enfermas en estrecha cercanía con los sanos. Esto sucede en el 66,56% de los CDP monitoreados y, es también una razón que nos hace preguntarnos si la baja incidencia de COVID-19 es real, en particular cuando solamente 13 calabozos o CDP (4,30%) de los monitoreados disponen de personal médico interno y 8 (2,65%) tienen personal de enfermería”.

La investigación y monitoreo de UVL arrojó igualmente un alto porcentaje de extorsiones: 229 casos, que se traducen en el 75,83% de todos los calabozos monitoreados.

Una Ventana a la Libertad reiteró que “es fundamental resolver el hacinamiento porque tiene una grave incidencia en las condiciones de salud de las y los detenidos y, aunque no lo parezca, sobre la salud del personal que trabaja en estos recintos. Mientras no haya la debida atención preventiva en salud el derecho a la vida está siendo violado. No es casualidad que las enfermedades constituyan la primera causa de muerte durante el año 2021. Así mismo es urgente intervenir en las condiciones de infraestructura que son un grave problema sanitario”. (Con información de Una Ventana a la Libertad)