Este 28 de febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que los cinco expertos independientes que componen el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas -nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas- instaron al Gobierno venezolano el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la CIDH, a responder a las solicitudes del mencionado grupo, a proporcionar información sobre el paradero de las personas desaparecidas forzadamente por el Estado en el contexto de la crisis tras las elecciones presidenciales del 28 de julio y la juramentación presidencial del 10 de enero, y a prevenir, enjuiciar, y erradicar este crimen como una grave violación de DD HH.
Señalaron que “ante instituciones nacionales parcializadas y disfuncionales, las víctimas recurren cada vez más a mecanismos internacionales para conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos, prevenir cualquier daño irreparable a su vida e integridad personal y buscar reparación”.
Los expertos subrayaron que han recibido denuncias reiteradas de familiares, representación legal y organizaciones de la sociedad civil sobre la situación, y que los informes recibidos revelan un patrón generalizado o sistemático de desaparición forzada, donde estarían implicados diversos cuerpos de seguridad como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB), Brigada de Infantería Paracaidista, Policía Estatal, el Poder Judicial, la Defensoría Pública y la Fiscalía General, entre otros.
Indicaron en la nota de prensa que el uso creciente de la desaparición forzada funge como un arma para silenciar a la oposición, sean actores políticos o defensores de derechos humanos, y busca generar un “efecto disuasorio en toda la sociedad”, alimentado por la impunidad de la justicia ante los hechos.
Recordaron que es un derecho para los privados de libertad poder comunicarse y recibir visitas de sus familiares, abogados u otra persona de su elección, y a ser presentadas ante una autoridad judicial dentro del plazo legal para determinar la legalidad de su privativa de libertad.
En el marco del informe, la hija de Edmundo González Urrutia, Mariana González, víctima de la desaparición forzada de su esposo, Rafael Tudares Bracho, recordó en redes sociales que se cumplen 53 días desde que Tudares fue capturado por funcionarios del Estado. Su caso es una constante para cientos de familiares en el territorio.
