Como se sabe, Nicolás Maduro puso la “ley antibloqueo” en manos de Diosdado Cabello, para que fuera aprobada por la Asamblea Constituyente (aun cuando el organismo no tiene competencias para ello). En su discurso de presentación el pasado 30 de septiembre, Maduro describió a la norma como la medicina para los problemas más complejos del país, característica que, por cierto, también se le dio en su momento a la propia Constituyente.
Más lobby internacional
Víctor Álvarez, crítico con la gestión de Nicolás Maduro desde 2014, difundió la semana pasada un audio a través de sus redes y plataformas, en el que explica en qué consiste la normativa y expone su visión.
El investigador comienza su análisis por reconocer que es un instrumento polémico porque “se trata de una ley por encima de la Constitución que le otorga poderes extraordinarios al Ejecutivo en el manejo de los activos del Estado”.
Seguidamente hace una enumeración de los artículos más relevantes del instrumento, bien sea porque magnifican las competencias del Ejecutivo o, porque suspenden leyes que chocan con la norma, incluso si se trata de leyes orgánicas.
Se refiere en particular al capítulo 2 (medidas de equilibrio macroeconómico); y menciona los artículos 24 (gestión de empresas públicas y mixtas), 27 (reintegro de bienes expropiados), 28 (levantamiento de restricciones a la comercialización), 16 (presupuesto paralelo y sin contraloría) y el artículo 31 (cláusulas de protección de la inversión).
Al respecto, Álvarez acota: “Al abrir las empresas públicas a capital privado y proteger sus inversiones, el Gobierno pretende que las trasnacionales petroleras y los inversionistas extranjeros se sumen al lobby internacional ante el Gobierno de Estados Unidos, para que levanten las sanciones que les impiden hacer negocios con las empresas públicas venezolanas”.
Una privatización sin transparencia
Álvarez hace mención aparte, de los artículos de la “ley antibloqueo” que cercenan la libre circulación de la información y establecen un régimen de confidencialidad que se contrapone al principio de transparencia que debe regir la actuación de todo Estado.
“Esta ley genera dudas por su falta de transparencia”, advierte el dirigente. Y trae a colación el artículo 34, que crea un régimen transitorio en materia de confidencialidad y reserva de información; el 35 que prohíbe el acceso de documentación confidencial o reservada; y el 36 que declara secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de las medidas establecidas en ella, que supongan la desaplicación de normas de rango legal.
“Toda esta opacidad genera mucha incertidumbre y dudas”, dice Álvarez. A su juicio, lo que sí es claro es que la ley “busca modificar el marco legal vigente para autorizar una mayor participación accionaria del capital privado” en las empresas mixtas que gestionan minerales estratégicos, servicios públicos, telecomunicaciones, puertos y aeropuertos.
Luego de su análisis, Víctor Álvarez deja una pregunta que sirve para advertir que en el fondo de la propuesta hay una intención privatizadora, contraria al estatismo que caracteriza los modelos económicos socialistas: “¿Quiénes ganan y quiénes pierden en este proceso de privatización tan apresurado y poco transparente?”.
