A once días de la detención del dirigente político Juan Pablo Guanipa, familiares y allegados exigen con urgencia una fe de vida que confirme su estado físico y mental. Hasta ahora, ni su familia ni su abogado de confianza han podido establecer contacto con él, lo que incrementa la preocupación sobre su integridad y condiciones de reclusión.
Según información publicada en sus redes sociales, un familiar acudió el 30 de mayo a la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Maripérez, donde le permitieron entregar medicamentos. Aunque este gesto podría indicar que Guanipa se encuentra retenido allí, no existe confirmación oficial de su paradero.
“Es una violación flagrante al debido proceso y a los derechos fundamentales de Juan Pablo Guanipa, quien sigue bajo desaparición forzada”, señala la publicación.
En la denuncia, exigieron al fiscal nacional 52, Alirio Mendoza y al juez Carlos Liendo “que se apeguen a la ley y detengan estas violaciones al debido proceso”. Asimismo se hace un llamado al fiscal general ratificado por la Asamblea Nacional de 2021, Tarek William Saab, para que cumpla con lo establecido en su comunicado del 23 de mayo: “respeto a sus derechos humanos, a las visitas familiares y a todas las garantías constitucionales que le asisten como venezolano”.
A juicio de sus allegados, la acusación contra Guanipa carece de fundamentos sólidos y se basa “panfletos fabricados que quieren hacer pasar por pruebas”, lo cual refuerza la percepción de un arresto arbitrario. “Exigimos una fe de vida inmediata y la libertad para Juan Pablo Guanipa y todos los presos políticos”, añade el texto.
Cabello lo acusó de dirigir un supuesto grupo “terrorista”
El pasado 23 de mayo, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, confirmó la aprehensión de Juan Pablo Guanipa, quien se encontraba en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. En rueda de prensa, Cabello informó que habían capturado a uno de los “jefes de un tenebroso grupo terrorista”.
Ese día, Cabello detalló que durante el procedimiento incautaron presuntos detonantes eléctricos, explosivos C4, teléfonos celulares, computadoras y diferentes equipos para la instalación de explosivos, así como cuadernos y agendas que “dicen todo, de todo”.
Posteriormente, el 28 de mayo, el ministro acusó a las ONG Provea, Médicos Unidos de Venezuela, Maracaibo Posible y el Foro Penal Venezolano, de estar vinculadas con “grupos terroristas” para presuntamente desestabilizar el país. Según Cabello, las supuestas evidencias incriminatorias las hallaron en uno de los teléfonos de Guanipa.
