jueves, 22 febrero 2024
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

España evaluará este martes la extradición a EE.UU. del exjefe de seguridad de Chávez

Está acusado de participar en una trama de canje de divisas con su esposa Claudia Díaz, extesorera nacional de Venezuela, y el jefe de Globovisión, Raúl Gorrín. | Foto El Nacional

Madrid.- Adrián José Velásquez Figueroa, exjefe de seguridad del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, se someterá el martes a una vista en la Audiencia Nacional donde se analizará su extradición a Estados Unidos por su presunta implicación en una trama corrupta de canje de divisas que también protagonizarían su esposa, Claudia Díaz -extesorera del Gobierno venezolano y antigua enfermera de Chávez-, y el jefe de Globovisión, Raúl Gorrín.

La vista de extradición debía haberse celebrado el 16 de septiembre, pero se suspendió porque Velásquez Figueroa cambió de abogado y procurador y sus nuevos representantes solicitaron al tribunal más tiempo para poder examinar la causa, que finalmente se analizará a las 10.15 horas de este martes 5 de octubre.

Un tribunal del Distrito Sur de Florida imputó el pasado mes de diciembre a Velásquez Figueroa y Díaz cargos de asociación delictiva para lavar dinero e instrumentos monetarios regulados, acusación que en España equivale a un delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, según señala la Fiscalía.

Gorrín frente a la estratagema de soborno

De acuerdo con el relato realizado por el Ministerio Público, Gorrín, un magnate venezolano que acabó al frente de la cadena de noticias Globovisión, “pagó cientos de millones de dólares en sobornos” para efectuar operaciones de cambio de moneda extranjera (dólar) con “tasas favorables”, lo que le habría reportado beneficios de cientos de millones de dólares.

Esta “estratagema de soborno ilegal” habría funcionado entre 2008 y 2017 y en ella habrían participado tanto Díaz como Velásquez Figueroa, que habrían sido dos de los altos cargos venezolanos sobornados, debido al puesto de tesorera nacional del país que ella ocupó entre 2011 y 2013.

Gorrín habría usado cuentas bancarias tanto personales como de empresas bajo su control para hacer los pagos. En el caso del matrimonio Díaz-Velásquez, la Fiscalía menciona transferencias desde cuentas suizas del magnate a cuentas estadounidenses del exjefe de seguridad por 8,6 millones de dólares.

Además de las inyecciones directas de dinero, “Gorrín también compró y pagó gastos relacionados con aviones privados, yates, mansiones, caballos campeones, relojes finos y una marca de un diseñador de moda”, todo ello a beneficio de Velásquez Figueroa.

Un registro de sobornos

Para aparentar legalidad, Gorrín se habría cruzado correspondencia electrónica con proveedores, si bien “hizo que sus empleados mantuvieran una hoja de cálculo para los fines de hacer seguimiento de ciertos pagos de soborno”, incluidos a Velásquez Figueroa.

Gorrín habría seguido dando dinero y “objetos de valor” a la pareja incluso después de que Díaz dejara de ser la jefa de la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela, “a cambio de su asistencia anterior en proporcionar ventajas de negocios”.

Así, en 2013 constan dos pagos, de 281.051 y 4 millones de dólares desde cuentas bancarias en Suiza a nombre de compañías propiedad de Gorrín ubicadas en Panamá a empresas de Velásquez Figueroa.

El Ministerio Fiscal entiende que la petición de extradición de Estados Unidos contra el exjefe de seguridad de Chávez “no tiene motivación política”, por lo que aboga por enviarlo a la potencia norteamericana.

Detenidos dos veces en España

Díaz y Velásquez Figueroa fueron detenidos el pasado mes de diciembre en España, si bien ese mismo día el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó dejarlos en libertad con la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado, prohibición de salir del país y retirada de pasaporte.

Ya fueron arrestados en suelo español en abril de 2018 después de que la Embajada de Venezuela emitiera una orden de detención en su contra por delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito.

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó casi un año después, en febrero de 2019, rechazar sus extradiciones a Venezuela debido a la “posible vulneración de derechos fundamentales” de la que podrían ser víctimas en caso de ser entregados.