Entre el 28 de julio y el 31 de octubre, en Venezuela se han registrado 49 detenciones arbitrarias de ciudadanos que ejercían su derecho a la libertad de expresión e información. Entre ellos 21 periodistas y trabajadores de medios nacionales e internacionales fueron apresados mientras cumplían su labor.
Así lo detalla el más reciente informe de la ONG Espacio Público, que determina que las detenciones y el hostigamiento contra la libertad de expresión y trabajadores de la prensa no tiene precedentes en el país. El documento menciona diversos casos de arrestos arbitrarios, en particular de periodistas que realizaban coberturas en terreno.
“Las autoridades locales, especialmente en los estados Trujillo, Portuguesa y Mérida, lideraron hostigamientos, amenazas e iniciativas restrictivas hacia periodistas y medios de comunicación”, lo que resultó en aprehensiones, deportaciones de periodistas extranjeros y hostigamiento digital.
Represión prolongada y “Operación Tun Tun”
Una de las prácticas documentadas en el informe es la “Operación Tun Tun”, una serie de incursiones nocturnas en las residencias de periodistas y activistas que han denunciado públicamente las irregularidades electorales. Señala el informe que estas acciones tienen como objetivo generar un clima de miedo y autocensura en los medios. Varios periodistas fueron objeto de acoso, amenazas y seguimiento de manera constante, mientras otros optaron por abandonar sus estados de residencia por temor a represalias.
Impacto en la democracia y autocensura en medios locales
Según Espacio Público, la constante criminalización y acoso al periodismo en el país producen un ambiente de autocensura. “La represión obligó a los periodistas a cambiar sus rutinas, suspender coberturas, o incluso renunciar a sus trabajos. El endurecimiento de la represión… incrementó las detenciones arbitrarias con encarcelamientos de mayor tiempo”. Asimismo advierten que este contexto represivo tiene consecuencias a largo plazo, ya que afecta la calidad de la información que llega al público y limita la participación informada de los ciudadanos en la democracia.
Aunado a esto, incluye testimonios de periodistas que narran cómo la represión les ha obligado a modificar sus rutinas de trabajo y a suspender o limitar sus coberturas. Varios de ellos reportan que, por miedo a ser identificados, ya no firman sus artículos ni cubren protestas en terreno. Otros han tenido que migrar sus espacios de difusión a redes sociales para evitar sanciones o clausuras en medios convencionales. Las amenazas físicas y psicológicas han generado un impacto directo en la ejecución de su función informativa, afectando a la audiencia que depende de sus reportajes.
Para proteger la libertad de expresión
“Es crucial implementar medidas que garanticen la seguridad y libertad de los periodistas y trabajadores de medios… y fortalecer los mecanismos de monitoreo y denuncia”, asegura la organización. Además subraya la importancia de documentar y visibilizar las violaciones a los derechos de periodistas en Venezuela, especialmente en el contexto electoral.
Espacio Público anima a la comunidad internacional a ejercer presión sobre el Gobierno venezolano para que respete los derechos humanos y se preserve la libertad de prensa en el país.
