El inicio de 2025 vino marcado por las tensiones políticas que antecedieron a la ceremonia de juramentación presidencial del 10 de enero en Venezuela, así como una nueva ola de detenciones que, hasta este 13 de enero, alcanzaron un total de 60 entre actores políticos, periodistas y activistas de derechos humanos.
Tan solo el 9 de enero, día de las manifestaciones nacionales e internacionales convocadas por la líder opositora, María Corina Machado, se contabilizaron 19 arrestos en diferentes estados del país.
Muchos de los afectados fueron sacados de sus residencias sin orden de allanamiento, interceptadas en las calles, locales y carreteras por las autoridades venezolanas, sin órdenes de captura ni motivos explícitos.
El coordinador general del partido de Machado, Vente Venezuela, en el estado Bolívar, José Cipriano Díaz, fue apresado la mañana del 9 de enero saliendo de su casa en Puerto Ordaz. El mismo día, el coordinador juvenil de Vente Venezuela en el municipio Miranda de Carabobo, Lisandro Henríquez, fue “secuestrado” tras salir de la manifestación en la entidad, denunció el Comité de Derechos Humanos de la tolda azul.
Hacia Portuguesa, el secretario juvenil del partido Acción Democrática en el municipio Guanare, Ildemaro Dugarte Belford, fue capturado en su lugar de trabajo en la mañana del día 9.
Algunos familiares se vieron perjudicados por su parentesco con activistas políticos, como fue el caso de Miriam Gómez y Alaina Rangel Gómez, tía y prima -respectivamente-, de la activista de Voluntad Popular en el estado Táchira, Zuleika Meneses, fueron sacadas de su casa en el municipio Cárdenas de esa entidad por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Meneses denunció el caso a través de un video en X, donde reiteró que los efectivos irrumpieron la residencia sin orden de allanamiento ni detención y se llevaron documentos personales de su persona.
El hijo, Carlos Aponte Yépez, y el sobrino, Germán Antillano Yépez, de la coordinadora del movimiento político Voluntarios con Venezuela en el municipio Peña de Yaracuy, Judith Yépez, sufrieron la misma situación a manos de miembros del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) en dicha región.
La organización Foro Penal publicó el 12 de enero un balance general de detenidos por razones políticas en el país durante este mes. Contabilizaron 83 presos políticos, entre los que se incluyen 13 mujeres, un extranjero y un adolescente.
Los más afectados
La tolda azul fue el blanco de las fuerzas de seguridad, con 24 arrestos (40%) en solo un mes, seguido de tres casos (5%) reportados de Voluntad Popular y tres (5%) de Un Nuevo Tiempo. De 55 actores políticos, solo dos han sido liberados.
Trujillo fue el estado más afectado este mes, con 15 casos, seguido de Bolívar con siete y Distrito Capital con seis.
El mismo día 9, el secretario político de Vente Yaracuy, Zyad Naime, y la secretaria política en el municipio Bruzual -Yaracuy-, Carmen Salazar, fueron sacados de sus residencias en Bruzual. Naime por el Conas y Salazar por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
El día siguiente, funcionarios capturaron al dirigente político de VP, Enderson Rivas, en el municipio Bruzual de Yaracuy, y el expresidente de la asociación civil Fedecámaras y jefe del comando de campaña de Edmundo González Urrutia, Noel Álvarez, en el estado Miranda.
Para el día 12, el diputado y presidente de UNT en Falcón, Víctor Jurado, fue reportado como apresado y presuntamente enviado a Caracas.
Periodistas y activistas
Para el 13 de enero, cuatro trabajadores de la prensa y un activista de derechos humanos fueron capturados, y solo uno liberado.
En Maracaibo, Zulia, militares de la Guardia Nacional Bolivariana aprehendieron al reportero de LUZ Radio, Leandro Palmar, y el camarógrafo -miembro del equipo reporteril-, Belises Salvador Cubillán, en la protesta de Plaza de la República de la ciudad. “(…) Pretenden imputarles los delitos de terrorismo, asociación para delinquir e instigación al odio”, indicó el Colegio Nacional de Periodistas (CNP).
En Miranda, el periodista y miembro del equipo de prensa de Machado, Julio Balza, vivió la misma situación, reportó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
Dos días antes, en Distrito Capital, el director ejecutivo de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, fue interceptado por hombres encapuchados en la avenida Bolívar. Su esposa, Mabel Calderín, declaró que han recorrido todos los centros de reclusión en búsqueda de Correa, “y en todos nos niegan su presencia”.
Calderín exigió al defensor del Pueblo y a las autoridades información sobre el paradero y vida de su esposo.
Más allá de los dirigentes
La represión del Estado se extendió a personas como el joven Wander Alejandro, quien fue a protestar solo en Caracas el día 9 y previamente publicó en la red social X, “estoy literalmente caminando solo al Palacio de Miraflores, yo no borro posts ni fotos (…)”. El 12 fue aprehendido por fuerzas de seguridad, que posteriormente hicieron un video de su captura con música de terror de fondo.
Hacia la región guayanesa, el trabajador de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) Sidor y exdirigente sindical, Juan Valor, también capturado el día 9 en San Félix, por la publicación de un video donde exhortó a sus compañeros de las empresas básicas a acudir a la manifestación, presumieron sus allegados al medio regional Correo del Caroní.
En Monagas, un policía de la entidad, José Daniel Fuentes, fue aprehendido por una comisión del Dgcim en Maturín el día 9 y puesto a orden de la Fiscalía Décima Tercera por el supuesto delito de traición a la patria, presuntamente tras postear un mensaje en su estado de WhatsApp que decía: “No me quiero ilusionar, pero Dios haz el milagro este 10 de enero a todos los venezolanos”, reportó el portal Somos Noticias.
La comunidad internacional
A través de un informe publicado este 13 de enero, expertos de la Organización de las Naciones Unidas denunciaron el uso frecuente de las denominadas desapariciones forzadas “de corta duración”, perpetradas durante periodos pre y poselectorales, así como el “uso excesivo e inadecuado” de la detención preventiva y “falta de datos actualizados y desagregados sobre las personas privadas de libertad en Venezuela y sus condiciones de detención, en centros penitenciarios y preventivos (…)”.
Los relatores y los grupos de trabajo también subrayaron tener “serias preocupaciones sobre los derechos a un juicio justo de las personas”.
El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su profunda preocupación sobre la situación venezolana y su portavoz, Stefan Dujarric, señaló en una conferencia de prensa diaria de la ONU que ”toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, incluida la libertad de mantener opiniones sin injerencias, así como el derecho de reunión pacífica”.