miércoles, 29 de junio de 2022

En dos décadas el Estado no ha hecho justicia ni ha dicho la verdad sobre el 11A

Los 19 muertos y 127 heridos son el único hecho cierto de los sucesos ocurridos en las cercanías del Palacio de Miraflores el 11 de abril de 2002.  También fue el inicio de una escalada de persecución y hostigamiento, en medio de la fuerte polarización.

Los 19 muertos y 127 heridos son el único hecho cierto de los sucesos ocurridos en las cercanías del Palacio de Miraflores el 11 de abril de 2002.  También fue el inicio de una escalada de persecución y hostigamiento, en medio de la fuerte polarización.

Malvina Pesate recuerda los hechos violentos del 11 de abril de 2002 como si hubiesen sido ayer. Y le impactan aún tanto como el balazo que recibió en el rostro, a la altura de la mandíbula y que salió por la nuca. Casi pierde la vida, en la esquina de Pedrera, en la avenida Baralt, poco después de las 3:30 pm de aquel jueves.

Ella fue una de las cientos de miles de manifestantes civiles que marcharon ese día, desde distintos puntos de Caracas, hasta el centro de la ciudad, en protesta contra el gobierno de Hugo Chávez.

“Todavía no entiendo por qué nos dispararon a mí y a tantos más, y suena duro decir ‘a matar’, porque dar un tiro en la cara no es otra cosa que buscar eso. Tampoco sé quiénes lo hicieron”, señala. Pesate, vinculada entonces al partido Primero Justicia y funcionaria de la Alcaldía de Chacao, había participado como ciudadana en otras protestas.

Aquella marcha cívica, una de las más multitudinarias en la historia política venezolana, devino, previa orden de llegar hasta el Palacio de Miraflores, en la Plaza Venezuela, en golpe de Estado en horas de la noche.

Dos décadas sin justicia a víctimas del 11A

A dos décadas de aquellos sucesos, la única certeza que Pesate tiene, y que existe en el registro oficial y en la memoria colectiva, es que hubo 19 muertos y 127 heridos, en los alrededores del Palacio de Miraflores. Y que el Estado venezolano no ha cumplido con la responsabilidad de dar justicia ni respetar el derecho de las víctimas, como el de toda la sociedad, a conocer de modo transparente la verdad.

Los fallecidos fueron: Juan David Querales, de 25 años; Víctor E. Reinoso, de 28; Alexis Bordones, de 53; Orlando Rojas, de 49 años; Jorge Tortoza, de 48; Ángel Luis Figueroa, de 29; Jesús O. Arellano, de 34; José Antonio Gamallo, de 45; Jesús Mohamed Espinoza Capote, de 18; Erasmo E. Sánchez, de 60; Pedro Linares, de 42; César Matías Ochoa, de 38 años, Nelson Eliézer Zambrano, de 23; Rudy Urbano Duque, de 38; Josefina Rengifo, de 29; Luis Alfonso Monsalve, de 55; Luis Alberto Caro, de 57; José Alexis González Revette, de 47; y Jhonnie Obdulio Palencia, de 29.

“Siempre busqué justicia, no solo para mí sino también para todos las personas que perdieron la vida o fueron heridas”, afirma Pesate, arquitecto de profesión y quien hoy día trabaja “en lo poco que se consigue”, por cuenta propia.

Relata que en todos estos años la llamaron solamente dos veces: la primera para que acudiera a tribunales. “Me dijeron que supuestamente habían abierto un expediente y se iba a resolver”. Y la última, para informarle que se abriría un expediente del 11 de abril. “Pero nada pasó en ningún caso”.

Y prosigue: “Los derechos humanos se nos violaron a mí y a un montón de gente en aquella ocasión, se siguieron violando y se siguen violando hoy. En 20 años aquí no se ha hecho justicia para mí ni para nadie. No la he conseguido. Y creo que el resto tampoco”.

La escalada de acciones represivas

Los sucesos del 11A han tenido en este tiempo tantas denominaciones como focos políticos, en medio de la cruda polarización que trascendió lógicas y fronteras. Para unos, resumen el golpe de Estado de Chávez, con dos años en el palacio de gobierno, y que al tercer día regresó al poder. O también “los hechos de puente Llaguno”, en los que un grupo de adeptos al gobierno, armados, se atrincheraron en la estructura de la avenida Urdaneta y dispararon contra funcionarios de la PM y civiles.

Más allá de la historia mítica, para la ONG Provea significó el día en que comenzó a levantarse en Venezuela “el muro anti protestas”. Hubo piedras, bombas lacrimógenas, pero sobre todo una cantidad indeterminada de disparos por parte de la fuerza del Estado, por manifestar. Aunque también los hubo de francotiradores, estos nunca fueron identificados.

Liliana Ortega, directora de la ONG Cofavic y defensora de derechos humanos, considera que a partir del 11A comenzó “una escalada de persecución, hostigamiento y criminalización”, en el marco de una fuerte polarización política que permeó una investigación independiente de los hechos.

En el 11A el Estado no cumplió las garantías contra el uso desproporcionado de la fuerza pública en las manifestaciones, recomendada en la resolución de la Corte IDH sobre los hechos violentos del Caracazo.

En esta masacre, ocurrida el 27 de febrero de 1989, hubo 276 muertos, según la cifra oficial, aunque se habló de miles, además de numerosos heridos y desaparecidos. Ortega, a través de la ONG, elevo el caso a las instancias internacionales y fue precursora en la defensa de familiares y víctimas.

Ningún caso de asesinato del 11A llegó a la Corte IDH. En 2013, el presidente Chávez la acusó de apoyar el terrorismo, al denunciar el tratado que creó esa instancia internacional. Desde entonces las víctimas de violaciones de derechos humanos solo pueden acudir al sistema de protección de Naciones Unidas y a la CIDH, de la OEA.

“En estos casos no solo todas las víctimas merecen justicia, sino también a que se cumpla el derecho internacional, sobre el uso desproporcionado de la fuerza. Si se hubiesen tomado las medidas adecuadas, investigado y sancionado a los responsables seguramente no hubiésemos tenido los crímenes por el uso desproporcionado de la fuerza pública en las protestas de 2014 y de 2017”, dice la abogada.

Señala que la polarización política ha sido determinante en la falta de voluntad para encontrar y sancionar a los responsables. Y en consecuencia en que no se hayan tomado medidas que permitan que el derecho de manifestaciones públicas pueda coexistir, dentro del marco de respeto de los derechos humanos.

Tiempo que pasa, verdad que huye

La polarización también ha impedido que una investigación imparcial que conduzca a que las partes involucradas acepten una misma versión. Tiempo que pasa, verdad que huye, es un principio elemental de la criminología internacional.

“Estos sucesos del 11A continúan siendo una de las cadenas de no esclarecimiento de los hechos anteriores y posteriores, que han ocurridos en el país. Y luego del tiempo transcurrido no existe hasta la fecha el esclarecimiento de la verdad que sea satisfactoria a todas las partes”.

“Por ejemplo, en el caso del Caracazo hubo una versión aceptada por las partes en la sentencia que dictó la Corte IDH, en la cual el Estado y las victimas llegaron a una versión común sobre lo que ocurrió. Pero esto no ocurrió en los sucesos del 11A”.

Ortega puntualiza que el establecimiento de la verdad sobre lo ocurrido el 11A es parte de la obligación del Estado, como deben serlo todos los acontecimientos violentos con víctimas ocurridos antes y después del Caracazo.

A 20 años de los hechos, solo tres comisarios Iván Simonovis, exdirector de Seguridad de la Alcaldía Metropolitana, y los directivos de la antigua PM, Henry Vivas y Lázaro Forero, y otros ocho agentes, fueron procesados por el asesinato de Erasmo Sánchez y Rudy Urbano Duque. Todos fueron sentenciados, a pesar de las graves violaciones al debido proceso en las investigaciones.

Cuatro de ellos cumplen condena en sus hogares por razones de salud. Otros dos ya cumplieron la pena de 16 años y 8 meses y 17 años y 10 meses. Tres esperan su libertad en Ramo Verde. Ellos son Erasmo Bolívar, Luis Molina y Héctor Rovaín. Los dos primeros nunca dispararon sus armas de reglamento. En el caso del último, los proyectiles no coincidieron con las localizadas en los dos cadáveres. Sus familiares también claman justicia.

Lo que el 11A deja a los derechos humanos

“Lo que estábamos buscando entonces era simplemente respuestas a un modo de llevar el país, de cambiarlo porque no era el idóneo. Hoy estamos igual que hace 20 años, o peor”, refiere Pesate. Afirma que de aquello le quedó “un dolor enorme y un susto grande”, pero contó con el apoyo “de mucha gente”.

“Inclusive de chavistas, de personas que si tú le cortabas la piel eran rojo sangre Chávez; ellos me apoyaron muchísimo. Este pueblo es bueno, pero le enseñaron a odiar. No había razón para que nos dispararan, solo por pensar diferente yo tengo que morir, no tengo que pensar”.

“Estos sucesos enseñan que no se puede pasar la página”, concluye la directora de Cofavic, con la experiencia de llevar más de 30 años esperando que el Estado responda a las víctimas del Caracazo.

“La justicia no es negociable ni es una ficha de intercambio político. Y que es importante que haya justicia independiente y que se tomen medidas de garantías de no repetición. Es el aprendizaje también de América Latina”.

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