En Ciudad Guayana se contabilizan al menos 85 presos políticos del régimen, de acuerdo con el registro que lleva la organización Gente para salvar Caroní (GPS Caroní). La mayoría de ellos fueron detenidos entre el 22 y 23 de enero, en el contexto de las protestas contra Nicolás Maduro y los saqueos suscitados posteriormente, entre cuyos casos, las denuncias se han centrado en la irregularidad de los arrestos.
En las privativas de libertad está incluido el caso del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), Rubén González, recluido en la cárcel La Pica en Monagas, y juzgado bajo un tribunal militar.
Simón Yegres, miembro de esta organización, señaló que hay decenas cumpliendo medida de casa por cárcel, y centenares excarcelados bajo régimen de presentación. Estima que estos últimos sean entre 300 y 400 personas. A su vez, recordó que junto a las privativas ilegítimas de libertad se han intensificado los casos de tortura, persecución y acoso.
“Hay un ensañamiento de grupos policiales y militares, además de los parapoliciales y paramilitares”, afirmó Yegres.
Aseguró que entre las razones de este ensañamiento está la posición política de quienes se oponen al régimen, así como el interés del control del oro en el sur del estado. Planteó también que la actual situación eléctrica del país ha llevado también a que el régimen centre su atención represora en la región.
“Nuestras ventajas nos hace víctimas. Dentro de esta ruina económica a la que han llevado al país, Guayana les sirve de suerte de atractivo para ejercer control”, agregó Yegres.
En este sentido, reiteró la importancia de documentar, responder, defender y atender los casos de manera organizada, para lo cual estarán activos con una campaña para exigir la liberación de los presos políticos en Guayana.
Precisamente, en el encuentro que representantes de diferentes sectores sostuvieron con la Comisión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su reciente visita a Bolívar, concluyeron que este es uno de los estados con mayores casos de violaciones de derechos fundamentales.
Las expectativas tras este encuentro es que “esperamos que más temprano que tarde haya justicia. Por eso nos organizamos para documentar los casos que puedan ayudar a tomar decisiones en entes nacionales e internacionales”, sostuvo Yegres.
