De acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, 2.229 personas han sido detenidas desde el 29 de julio en el contexto de las protestas por los resultados electorales ofrecidos por el CNE. De esa cifra, el Foro Penal ha podido corroborar 1.406 arrestos en todo el país desde el 29 de julio. Entre los apresados están 117 menores de edad, 14 indígenas, 17 personas con discapacidad y 185 mujeres. Agrega que solamente 55 ciudadanos han sido liberados.
En el caso del estado Bolívar, Foro Penal solamente ha podido contabilizar 17 privados de libertad. Sin embargo, de acuerdo con el registro que lleva Correo del Caroní, basado en reportes de entes policiales, militares y denuncias en redes sociales, desde el 29 de julio van 53 detenciones arbitrarias en la entidad, sin incluir los casos de los dirigentes Carlos Chancellor y Américo De Grazia, apresados en Anzoátegui y el Distrito Capital, respectivamente.
De esas 53 aprehensiones, 28 fueron en el municipio Caroní, 12 en Piar, 3 en Angostura del Orinoco, 3 en El Callao, 2 en Gran Sabana, 2 en Sucre y 1 en Sifontes. Sobre una de las personas detenidas no se tiene información del lugar donde fue apresada.
Menores de edad y funcionarios
Asimismo se pudo identificar al menos a cuatro menores de edad entre los privados de libertad. En cuanto a los detenidos en El Callao, son funcionarios de la Alcaldía, administrada por el alcalde Coromoto Lugo, de tendencia opositora. Mauro Rivas es presidente de la Cámara Municipal; Manuel Montiel, director del Matadero Municipal; y Amado Mayorca, director de Servicios Públicos de la Alcaldía de El Callao.
Al menos 23 arrestos fueron hechos por la Guardia Nacional, 12 por la Policía Nacional, 5 por la Dgcim, y el resto entre Policía Municipal, Cicpc, FANB, DIE, DIP y el Sebin.
El Foro Penal en Bolívar no ha podido tener acceso a los afectados para ofrecer defensa a estas personas, a quienes ilegalmente se les niega defensa privada. El temor también ha hecho que familiares no se atrevan a denunciar públicamente estas detenciones llevadas a cabo sin cumplimiento del debido proceso.