miércoles, 24 julio 2024
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Elecciones presidenciales: los planes de seguridad, el último recurso del chavismo para intimidar a la población

El clima de tensión existe, incluso en el seno de la FANB, lo cual ha conllevado a Miraflores a preocuparse y a ejercer mayor presión, como se evidenció el 24 de junio.

Desde ya, y al saberse derrotado en las elecciones presidenciales, Nicolás Maduro ordenó a la Fuerza Armada Bolivariana (FANB) actualizar los planes de seguridad Guaicaipuro y Zamora, con sus subsistemas derivados, en un intento de controlar a la sociedad, una vez que el 28 de julio el Poder Electoral anuncie su “proclamación” y se desconozca la voluntad popular que, en todas las encuestas, realidad y análisis militar y diplomático, favorece a la oposición.

El objetivo, no sólo es intimidar y desmotivar la participación en las elecciones presidenciales, sino evitar que el repudio al acto del Consejo Nacional Electoral se extienda por el país, pero sobre todo en el Distrito Capital y las 23 capitales. “Quien se coma la luz, va preso”, vociferó Maduro el pasado 26 de julio, como amenazó en 2016 y 2019, sin explicar ahora, públicamente, qué se trataba de la revisión de los planes Guaicaipuro y Zamora.

En predios de la FANB, concretamente en la Guardia Nacional Bolivariana, responsable del orden interno del país, ya circulan las órdenes de Miraflores.

¿Qué contemplan los planes de seguridad?

El contenido está en radiogramas internos y en documentos calificados de confidenciales debido, entre otras razones, a que en ellos se indica a los responsables de las REDI y ZODI de ejecutar la represión y las unidades que usarán, aunque oficiales señalan que los autores de cualquier agresión al pueblo son el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, y el Estado Mayor Superior de la FANB, por cumplir las órdenes de Maduro.

“Los militares saben que una masiva represión formará parte del expediente por crímenes de lesa humanidad que investiga la Corte Penal Internacional, y por esa razón, se cuidan en la elaboración de los radiogramas y planes”, explicaron fuentes castrenses. Sin embargo, en un documento, redactado en la principal guarnición de la GNB en el Distrito Capital, con fecha 6 de junio, titulado “Actualización del conjunto de planes que pueda activarse”, queda constancia de las maniobras a emplear en un supuesto “resguardo del orden”.

El plan contempla “acciones de carácter preventivo y correctivo de articulación, coordinación, asesoramiento y de ser necesario, el empleo de las unidades operativas en operaciones, específicas, conjuntas, combinadas, unificadas e integrales exigidas para control, restitución y mantenimiento del orden interno”.

En primer lugar, se describen las funciones del Plan Guaicaipuro, que tiene un alcance nacional; y del Plan Zamora, con rango de ejecución en la región capital de Venezuela; y, en segunda instancia, se exponen otros planes: uno, mantenimiento del orden interno en Caracas; dos, orden público en el Distrito Capital; tres, mantenimiento de los servicios públicos, de la Seguridad Ciudadana, Patria Segura y Plan Vigilancia. En cada uno de los planes se indica el nombre de los oficiales responsables. En el caso del Distrito Capital, la ejecución recae en la Zodi-81.

“El CZGNB-43 (Distrito Capital) activará el presente plan en atención a las suposiciones previstas, considerando las diferentes amenazas al orden interno, con la finalidad de lograr el cumplimiento de la misión. Cada uno de los entes involucrados ejecutarán las acciones previas de adiestramiento, capacitación y planificación que permitan una oportuna preparación del personal, material y equipos; correspondiéndole a las zonas operativas de defensa integral (ZODI) que integran la REDI-Capital, mantener una apreciación general de la situación, de tal manera que se prevean y planifiquen las formas de acción de las unidades subordinadas y el personal adiestrado por los componentes de manera coordinada y oportuna, a los fines de conducir las operaciones específicas, conjuntas, combinadas, unificadas, integrales y de apoyo exigidas para el Mantenimiento del Orden Interno, el día D a la hora H”, señala.

¿Cuáles son las fases de los planes de seguridad?

En el informe se describen cuatro fases de los operativos:

1. El alistamiento, que parte del Ministerio de la Defensa, Ceofanb, FANB a través del personal militar (OSC, oficiales), MRI, ministerios, Cuerpo de Bomberos y Protección Civil;

2. Concretación de los integrantes de la FANB, la cual debe ser llamada con 24 horas de antelación;

3. Evaluación y control;

4. Despliegue del Día D y Hora H.

Las unidades castrenses actuarán ante la supuesta existencia de amenazas al orden interno, caracterizado por “alteración del orden”, “cierre de vías”, y el riesgo que pueden enfrentar instituciones del Poder Nacional y “la estabilidad y el mantenimiento del Gobierno nacional y de la democracia”, expresan en el escrito.

El comisario retirado del Cicpc, Zonny Paruta, reveló que, desde el oriente del país, se movilizaron las tanquetas para el control de manifestaciones hacia Caracas. “Se instruyó el traslado a la capital por ser un foco fuerte histórico de protestas”, dijo el policía, que trabajó por 25 años en la institución judicial.

Reunión del alto mando militar

En el Ministerio de la Defensa, el Estado Mayor Superior de la FANB, integrado por el alto mando militar, comandantes del Ejército, GNB, Aviación, Armada, Milicia y GNP, se reunieron el 26 de junio para revisar estos planes, el desarrollo del Plan República y los “lineamientos del comandante en jefe”, como ahora se le denomina a Maduro, en lugar de presidente.

Ese día, en horas de la noche, Cabello vociferó en VTV: “El que salga a joder en la calle, lo vamos a joder también. No somos los de 2015, 2016 no”, lo que demuestra una violación constante de la Constitución.

En 2014, el gobierno asesinó a 43 personas y detuvo a otras 3.351 por protestar.

2015 comenzó con la muerte de un menor de 14 años en Táchira, lo que provocó una protesta nacional y la detención del entonces alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, y Leopoldo López.

Y, en 2016, se registraron más de 1.000 protestas y a 2 mil personas se les dictó medidas cautelares, como régimen de presentación y prohibición de salida del país. Los expedientes de la represión son sustanciados por la CPI en contra de quienes ordenaron la violencia.

Narrativa del odio difundida por los medios de comunicación del gobierno

La difusión de los discursos de odio, como antesala a las elecciones presidenciales, forma parte de los medios de comunicación del gobierno, desde VTV, TV-FANB y ediciones del Correo del Orinoco, 4-F y el PSUV.

“Actúan como si tratara de fuerzas de ocupación, con un total desprecio al venezolano”, lamentó el profesor universitario Ángel Lombardi, al analizar cómo percibe el chavismo a la mayoría de la sociedad sólo por el hecho de oponérsele.

El historiador Elías Pino Iturrieta advirtió: “Señalar a la oposición de violencia, algo que no existe, tiene como fondo justificar la represión masiva y el fraude en las elecciones presidenciales”. Por ello exhortó a los líderes de la oposición a analizar con seriedad las amenazas de Miraflores.

El comisario Paruta coincide: “El régimen ha utilizado y utiliza consistentemente la intimidación para manipular la situación electoral y mantener su poder. El fin es deslegitimar a la oposición, creando un ambiente de miedo para que la gente no se atreva a votar contra el gobierno o a protestar, si se anuncia un fraude en las elecciones presidenciales. Maduro y su círculo, principalmente Diosdado Cabello, tratan de amedrentar al pueblo, buscando prevenir manifestaciones contra un eventual fraude electoral. Saben que la comunidad internacional está atenta, pero su rechazo a la vigilancia electoral refleja su intención de controlar el resultado a su favor sin que haya una verdadera supervisión independiente”.

Ante el fraude es natural que la población reaccione y exija respeto a los resultados, señalan los entrevistados.

“El artículo 68 de la Constitución garantiza el derecho a la protesta pacífica. Un derecho inalienable que no puede ser anulado, ni condicionado por intimidaciones, sin importar su origen. Las elecciones del 28 de julio son un momento decisivo para el país. Si hay fraude de Maduro, el pueblo tiene planeado manifestarse en rechazo. En defensa de la justicia y la seguridad, estoy seguro que el Cicpc rechazará categóricamente cualquier forma de coacción destinada a restringir la libre expresión y el derecho a manifestar. Nuestro deber es asegurar que las elecciones se desarrollen con transparencia y respeto a la voluntad popular, protegiendo el orden democrático y los derechos civiles”, dijo el comisario.

Presión en cuarteles

El clima de tensión existe, incluso en el seno de la FANB, lo cual ha conllevado a Miraflores a preocuparse y a ejercer mayor presión, como se evidenció el 24 de junio, desde el Arco de la Independencia, en Carabobo, en el acto oficial por el aniversario de la batalla de Carabobo de 1821 y Día del Ejército, en el cual Maduro y Padrino López instaron a los soldados a ser “fieles a la revolución”.

Miembros de la Reserva Activa denuncian que los oficiales y tropas son obligados a ir a los mítines, como vestimenta civil, oír los discursos de Maduro, Cabello y Rodríguez en pantallas colocadas en guarniciones y, para asegurarse de que se cumplan esas órdenes, se les piden que envíen fotos a los comandantes y estos al Ministerio de la Defensa.

“No todos dentro del régimen dictatorial apoyan este sistema opresor y criminal. Militares y policías, tanto activos como retirados, están cansados de la situación y dispuestos a actuar si se gestara un fraude. Este cansancio dentro de las fuerzas de seguridad indica que el régimen podría enfrentar una resistencia significativa, incluso desde sus propias filas, si intentan perpetuar su control mediante la represión y la manipulación electoral. La clave será cómo se canaliza este descontento y cómo responde la comunidad internacional para apoyar una transición pacífica y democrática”, manifestó Paruta.

“El Cicpc, junto a la FANB y demás instituciones policiales, agregó, deben reiterar su compromiso de actuar con apego a la legalidad, imparcialidad y respeto a los derechos humanos. Cualquier intento de reprimir o castigar el derecho a la manifestación será enfrentado. Los militares y policías de Venezuela están al servicio de la Constitución y del pueblo y deben garantizar la seguridad y el orden durante el proceso electoral”.

Terrorismo de Estado

La reacción militar del chavismo no es nueva. No obstante, es significativa porque en 2014 hay la certeza de que perderá las elecciones presidenciales y, por ende, el poder a partir de 2025.

En 2017, la FANB activó, primero el Guaicaipuro, y luego El Zamora ante el aumento de las protestas, bajo el argumento de una supuesta desestabilización del sistema político y de siete situaciones existentes:

● Campañas mediáticas nacionales e internacionales organizadas por los actores de la oposición, planificadas por potencias hegemónicas, para descalificar y desconocer los poderes del Gobierno legítimamente constituidos,

● Fomento de violencia a través de los medios nacionales e internacionales dirigidos por monopolios de poder,

● Manipulación de variables económicas (internas y externas) para fomentar inflación,

● Fomento de la criminalidad e inseguridad como parte de estrategia de desestabilización por parte de actores contrarios al gobierno,

● Pronunciamiento de actores políticos nacionales e internacionales contra la gestión de gobierno revolucionario,

● Incremento de problemáticas político-sociales con incidencia en la seguridad ciudadana,

● Incitación a huelgas, protestas y acciones de calle no legítimas en sectores de la sociedad civil, por parte de actores políticos de ultraderecha,

● Acciones de sabotaje a instalaciones e infraestructuras estratégicas de la nación,

● Campañas mediáticas de actores económicos y políticos de ultraderecha para manipular y desinformar a la población, creando incertidumbre y dudas atentando contra la Seguridad de la nación, y

● Agresiones y ataques dirigidos hacia actores y simpatizantes del gobierno legítimamente elegido por el pueblo.