La cuarentena por la pandemia de la COVID-19 incidió en un mayor retardo en todos los procedimientos civiles y penales. El sistema de justicia venezolano estuvo paralizado en más de 90%, pese a que en sus resoluciones, el Tribunal Supremo de Justicia dijo que estaría 100% activo.
El abogado Luis Manuel Guevara, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones en Bolívar, destacó que todo el sistema de justicia, tanto en casos civiles como penales, se vio afectado.
Para el 2 de julio, el TSJ implementó el sistema a distancia a través de su plataforma digital y empezó con Anzoátegui, Nueva Esparta y Aragua en el plan piloto hasta octubre cuando lo extendió a todo el país.
“En cuanto a la Fiscalía del Ministerio Público, ajustaron un horario especial a la semana, lunes, miércoles y viernes de 8:00 am a 11:00 am, a veces cuando era semana flexible hasta la 1:00 pm. Lo que no se paralizó fue la Fiscalía que siempre estuvo de guardia para casos de personas detenidas por primera vez”, recordó.
Agregó que “el TSJ emitió ocho resoluciones donde decía que el sistema de justicia no se iba a paralizar, pero en la realidad es otra cosa. Solamente se hacían audiencias de presentación si la persona salía en libertad, pero si la persona quedaba presa, pasaba a engrosar la lista de retardo procesal a nivel nacional”.
La ONG Acceso a la Justicia denunció a finales de octubre que “pese a que durante la semana de flexibilización se estableció que todos los tribunales laborarían, eso no ha ocurrido en la práctica. Algunos juzgados aún están sin personal o en inventario, a la vez que en la semana de no flexibilización no hay despacho, salvo amparos y ciertos actos en materia penal”.
Ausentismo laboral
Guevara se refirió también al colapso del sistema judicial por falta de personal. “Hay muy poco personal porque muchos de los que trabajan dentro del sistema de justicia se han autoexcluido, se han ido del país, han buscado otras formas de vida”.
De acuerdo con Acceso a la Justicia, muchos empleados no se reintegraron a sus labores, principalmente por los míseros salarios que devengan, ya que ni siquiera les permite cubrir los gastos del pasaje diario. Los salarios del personal de apoyo a los jueces están entre los 3 y 10 dólares, aproximadamente.
Para 2021 se prevé que el gobierno implemente nuevamente cuarentena radical. El reinicio de actividades en tribunales está planteado para el 18 de enero, pero dependerá de las medidas que tome el Ejecutivo nacional con respecto a la pandemia.
“Mientras esto se genera, hay muchas más personas que están esperando meses por una audiencia preliminar, que no se les garantiza 100% porque se inventaron una figura denominada plan de descongestionamiento judicial, que no es más que un paredón de fusilamiento, donde la persona para poder optar a un beneficio de libertad, siempre y cuando las condiciones estén dadas según el delito que haya cometido. Si la pena no supera los 5 años de prisión, con una admisión de hechos, así sea inocente puede tener la libertad”, explicó Guevara.
En Bolívar, bajo este plan fueron excarceladas alrededor de 112 personas, lo que representa un porcentaje mínimo para el nivel de hacinamiento que existe en los centros penitenciarios y de detención preventiva en la entidad.
Fallecidos en El Dorado
Con respecto a la situación en los centros penales y de detención preventiva, consideró que el tema de la alimentación fue lo más grave de 2020 en el contexto de la pandemia.
“Los familiares para poder llevarles comida tenían que ingeniárselas por tema cuarentena, gasolina, transporte, efectivo, altos costos de la comida. Hay personas que si desayunaban no almorzaban. Hay altos índices de desnutrición, personas que murieron por tuberculosis, por hepatitis”, indicó.
Sobre fallecidos por COVID-19, si bien se manejan casos de muertes por complicaciones asociadas a esta enfermedad, en todo el año no hubo reporte oficial de contagios o muertes por coronavirus en las cárceles o centros de detención preventiva.
Asimismo afirmó que las mujeres encarceladas son las más marginadas y sin garantías de protección de derechos humanos. Junto a ellas mencionó el caso de los internos del Centro Penitenciario de Oriente, conocido como la cárcel de El Dorado, en el municipio Sifontes del estado Bolívar.
Recordó que en principio esta cárcel se creó para personas en condición de penados, pero actualmente hay penados y procesados, no solo de Bolívar sino de todo el país.
“Este año fue el más fatídico por personas muertas por desnutrición, por enfermedades por el consumo de agua contaminada. Aproximadamente y certificadas por el OVP, tenemos más de 10 internos fallecidos en El Dorado”.
Para que los cuerpos fuesen retirados para sepultarlos, muchas veces el Cicpc no llega y los cadáveres ya en estado de descomposición son tirados a fosas comunes. Los familiares a veces ni siquiera son informados. Trasladarse al lugar es otro problema, ya que requieren bolívares en efectivo, dólares o gramas de oro para poder costear los gastos en el sur de Bolívar.
Guevara exhortó a las autoridades a voltear la mirada hacia los internos de El Dorado, así como a tomar en cuenta más a las mujeres privadas de libertad. Destacó la importancia de crear un centro penitenciario especializado para las mujeres, ya que actualmente la población reclusa femenina se concentra en las comisarías de Vizcaíno (San Félix) y la de Agua Salada (Ciudad Bolívar).
Lo positivo
A pesar de las condiciones del sistema judicial en Venezuela, Guevara destacó como positivas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) con respecto a los casos de los internos que murieron calcinados en el Instituto Nacional de Atención al Menor, en San Félix, la masacre de la cárcel de Vista Hermosa.
El 11 de diciembre, la CorteIDH publicó la sentencia en la que declara al Estado venezolano responsable internacionalmente por la muerte de José Gregorio Mota Abarullo, Gabriel de Jesús Yánez Sánchez, Rafael Antonio Parra Herrera, Cristian Arnaldo Molina Córdova y Johan José Correa, quienes ingresaron al Centro de Tratamiento y Diagnóstico Monseñor Juan José Bernal, adscrito al Instituto Nacional de Atención al Menor (INAM) en San Félix, estado Bolívar, cuando eran menores de edad.
Los jóvenes murieron el 30 de junio de 2005 durante un incendio en la celda 4 del centro. En Venezuela hubo más de 60 diferimientos y aún no hay juicio.
El 17 de diciembre la corte dio a conocer su otra sentencia, esta vez sobre la masacre en la cárcel de Vista Hermosa, en Ciudad Bolívar. La CorteIDH condenó al Estado venezolano por la muerte de siete privados de libertad y otros 25 heridos durante un operativo de la Guardia Nacional, el 10 de noviembre de 2003.
