El vacío de institucionalidad democrática pasa por los mecanismos impuestos por todos los poderes públicos controlados por el chavismo, entre ellos el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que, para la ONG Acceso a la Justicia, ha jugado un papel muy particular e ilegal en toda la coyuntura política venezolana.
El régimen autoritario de Maduro, a través del secuestro del Poder Judicial con la designación inconstitucional de magistrados, ha podido controlar esta entidad para cercar los derechos ciudadanos y sobre todo, atacar directamente a la Asamblea Nacional electa legítimamente en 2015.
Más que buscar la justicia, el TSJ se ha reducido ser parcial al gobierno de facto, favoreciéndolo en procesos que violentan la Constitución y que se gestan de manera dudosa. Caso ejemplar el de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que funciona bajo el amparo de este poder.
Acceso a la Justicia señala que todas las irregularidades surgen no solo por el contexto actual, sino también, por la falla de no enmendar un error que había en la entonces nueva constitución del 2000 y se promovió la Ley Especial para la Ratificación o Designación de los Funcionarios o Funcionarias del Poder Ciudadano y Magistrados y Magistradas del TSJ que permitió la escogencia de sus miembros a dedo.
A esto se le suma la nueva Ley Orgánica del TSJ aprobada a finales de 2004 que incrementó el número de magistrados y consolidó la politización del máximo tribunal. Luego en 2010 se ordenó otra reforma que ratificó los parámetros de la anterior pero esta vez vino acompañada de la designación de nuevos magistrados, quienes no solo incumplían los requisitos establecidos en la Carta Magna sino que tenían evidentes nexos con el chavismo.
Luego de la victoria de la oposición en las parlamentarias de 2015, Maduro no se podía permitir a si mismo perder el control por lo que nombra de forma exprés a trece magistrados principales y 21 suplentes tan solo días después. Otro nombramiento plagado de irregularidades que a la larga gestarían la embestida contra la AN.
En un intento de dar respuesta, la oposición nombró a nuevos magistrados del TSJ a través del Parlamento, lo que causó la casi inmediata persecución en su contra haciéndolos abandonar el país, convirtiéndose en el conocido TSJ en el exilio.
Ante todo esto, Acceso a la Justicia resaltó un dato muy importante: “desde 1999 todas las personas que han ocupado estos cargos han sido nombradas sin seguir las pautas fijadas en la constitución”.
Además contabilizan la cantidad de procesos viciados en los que han participado: en 2014 el chavismo nombró, usando a la Sala Constitucional, a los integrantes del Poder Ciudadano sin tener la mayoría calificada para hacerlo, en 2017 removieron a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y designaron a su sucesor, Tarek William Saab, a través de la cuestionada Constituyente elegida en 2017. Poco después fueron nombrados un nuevo defensor del Pueblo y un nuevo contralor, todos adeptos al PSUV.
En Venezuela el derrumbe institucional pasa por la politización y quiebre de la justicia, por un máximo tribunal que no protege los derechos de los ciudadanos frente a los abusos gubernamentales.
Ha quedado en evidencia que la justicia venezolana solo cuida a los gobernantes para dar el visto bueno a cualquier decisión, sin importar que esta viole la ley tan solo para ayudar a que la dictadura se perpetre en el poder por mucho más tiempo.
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