martes, 18 febrero 2025
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El cerco se cierra cada vez más sobre las oenegés

Para Martha Tineo, directora de la oenegé Justicia, Encuentro y Perdón, con el encarcelamiento de activistas se está atacando al derecho humano a defender el derecho humano.

Javier Tarazona de Fundaredes, Rocío San Miguel de Control Ciudadano y Carlos Correa de Espacio Público. En ese orden han sido detenidos tres directores de oenegés venezolanas.

Tarazona tiene casi cuatro años tras las rejas (1.292 días), San Miguel más de 10 meses y de Correa aún no se conoce su centro de reclusión por lo que su situación es de desaparición forzosa.

Correa, periodista y activista, fue secuestrado por hombres encapuchados -según testigos- en el centro de Caracas el pasado 7 de enero y desde entonces se desconoce su ubicación. En compañía de otros defensores humanos, su esposa Mabel Calderín, acudió el 13 de enero a la Defensoría del Pueblo para solicitar una especie de vida.

“Hemos recorrido todos los centros de reclusión y en todos nos niegan su presencia, hemos hecho todo lo que hay que hacer humana y legalmente. Tengo derecho a saber el paradero de mi esposo, todos nosotros tenemos derecho a saber dónde está Carlos y además tenemos derecho a que nos lo devuelvan, porque Carlos es inocente y hombre muy valioso para Venezuela y el mundo”, dijo Calderín.

En declaraciones a medios oficiales, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, vinculó a Correa a una supuesta conspiración.

De no ser liberada o excarcelada, San Miguel cumplirá el venidero 9 de febrero un año de haber sido detenida en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cuando se disponía a abordar un vuelo hacia el extranjero junto a su familia. En diciembre de 2024, el gobierno de Nicolás Maduro filtró las primeras fotos en cautiverio de la activista, quien ameritó una intervención quirúrgica luego de una fractura en el hombro derecho.

Pese a la mediación de la Embajada de España y de su expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a San Miguel se le ha negado un beneficio.

Juan González, abogado de San Miguel, declaró que la lesión se produjo a raíz de una caída ocasionada por una laberintitis que no fue tratada oportunamente. Además de su condición de salud, a la directora de Control Ciudadano se le ha negado el acceso a una defensa privada luego que el Ministerio Público la vinculara a delitos de espionaje, conspiración y traición a la patria.

Por una situación similar atraviesa Tarazona, quien fue aprehendido por miembros del cuerpos de seguridad el pasado 2 de julio cuando se encontraba colocando una denuncia en la sede de la Fiscalía de Coro, estado Falcón.

Ante la inexistencia de fuentes oficiales, Tarazona fue la principal voz de denuncia de un conflicto entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC) en una zona fronteriza con Colombia hace tres años.

Diversas organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado las condiciones de reclusión de Tarazona y exigido su liberación.

Nadie está a salvo

Además de arrestos, otros miembros de oenegés y activistas por los derechos humanos han sido llamados a comparecer ante las autoridades como el caso del coordinador de Provea, Oscar Murillo, quien acudió a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en noviembre del año pasado y de Andreina Baduel, quien también fue a la misma sede en la avenida Urdaneta de Caracas.

En agosto del año pasado, la Asamblea Nacional de mayoría chavista aprobó la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines.

El instrumento legal recibió el visto bueno por parte del Parlamento tres semanas después que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara a Maduro ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio si mostrar hasta ahora resultados desagregados.

La ley establece un sistema uniforme para la “creación, registro, organización, funcionamiento, administración y desarrollo de las oenegés”. Además pretende fiscalizar las fuentes de financiamiento de las organizaciones.

 “Al final lo que se quiere es reprimir a las oenegés con esta ley que se une a la ola represiva luego del 28 de julio y lo que se busca es cerrar definitivamente el espacio cívico”, declaró a la agencia Reuters Ali Daniels, codirector de Acceso a la Justicia.

La AN también ha aprobado instrumentos como la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloque Imperialista y por la Defensa de Venezuela y la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, que prohíbe la constitución de movimientos y organizaciones sociales que incumplan lo establecido en su contenido.

“La paz a partir del discurso debe construirse, no se decreta. Una ley no puede sustituir el juicio de la sociedad fomentando la censura. La Ley contra el Odio es un grave síntoma dado el contexto de represalia contra sectores disidentes”, escribió entonces en su cuenta X la ONG Espacio Público.

Misión: neutralizar y silenciar

Para Martha Tineo, directora de la oenegé Justicia, Encuentro y Perdón, con el encarcelamiento de activistas se está atacando al derecho humano a defender el derecho humano.

“Es un mensaje muy fuerte contra el resto de las oenegés, eso nos silencia y neutraliza”, dijo.

Tineo recordó que en enero de 2021 cinco miembros de la ONG Azul Positivo en el estado Zulia fueron detenidos luego de una presunta auditoría y llevados a la sede la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Maracaibo. Posteriormente, en febrero fueron excarcelados, aunque no fue hasta junio de 2022 que obtuvieron libertad plena y librados de medidas cautelares.

“Fue como una especie de termómetro, se evaluó el costo y se fue subiendo. Esto ha ido escalando”, agregó.

Tineo sentenció que la persecución a los miembros de las organizaciones civiles se ha agravado en la última década: “La lógica ha estado basada en la premisa del enemigo interno, en una guerra se aniquila con crueldad y violencia al contrario”.

Tineo expresó que la persecución que comenzó con miembros de partidos políticos se ha extendido a activistas y representantes de medios de comunicación.  

 “Los defensores de derechos humanos son quienes denuncian la situación en Venezuela y con ello se logró activar a la Misión de Determinación, el monitoreo del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos y se impulsó una investigación en la Corte Penal Internacional”, recordó.

La abogada enfatizó que el pronunciamiento del alto comisionado de la ONU sobre la detención de San Miguel fue lo que produjo la expulsión de su oficina en Venezuela, cooperación que fue reactivada en diciembre del año pasado después de 10 meses.

Tineo manifestó que el gobierno emplea un andamiaje legislativo para cerrar el espacio cívico.

“Hemos visto una campaña de estigmatización contra los defensores de derechos humanos y la detención arbitraria de personas. El inicio de este año ha sido nefasto, el incremento de aprehendidos por acciones políticas es escandaloso. Este es quizás el momento más crítico y doloroso”, lamentó.

La abogada citó a su colega Alí Daniels, de Acceso a la Justicia, quien dijo que tenía miedo, pero que más miedo le producía acostumbrarse a la idea de vivir siempre con temor.

“Trabajamos con víctimas y, si renunciamos a esto, ellas quedan abandonadas. Tenemos una responsabilidad ante esas personas, ellas de alguna manera se convierten en un motor para seguir. Me da miedo pensar que vamos a enfrentar esto para siempre, temo quedarme viviendo así y que nos resignemos a vivir en el dolor… el dolor une tanto como el amor”, concluyó su intervención.