La extorsión en Venezuela no un delito aislado, sino un modelo de negocio non sancto generalizado. Abarca la sociedad criminal y también la institucionalizada. Nadie se salva, y casi siempre es la única manera de salvarse el cerrícola bájate de la mula, el peaje hamponil y el dame pal fresco. La comisión o coima de cuello blanco se han impuesto con el socialismo del siglo XXI y los avances tecno-ideológicos del milenio.
Además de los perpetradores bien diferenciados -los hampones de siempre y los funcionarios corruptos en todos los niveles de la administración pública- la tecnología ha habilitado a un tercero: el Estado. Todos se aprovechan de la indefensión de la ciudadanía. Y en un contexto de extendida corrupción en las instituciones judiciales y policiales de Venezuela, no solo entra en juego la pérdida de una cantidad de dinero, sino también la libertad y la propia vida.
Sin peajes ni alcabalas es mejor la extorsión
Nadie lo midió, pero el 16 de enero de 2008 fue el día que Hugo Chávez fue más aplaudido por adeptos y opositores. Ese miércoles anunció que mediante un decreto de los ministerios de Defensa e Infraestructura se prohibía el cobro de peajes en las autopistas y carreteras de Venezuela. Chávez consideraba ese cobro, que en principio era para el mantenimiento y construcción de vías, un atraco del sistema capitalista.
Los peajes eran más frecuentes que las alcabalas, que también incluyen un sistema tributario ad hoc, pero ni unos ni otros evitaban la acción del hampa en cualquiera de sus manifestaciones, desde los secuestros exprés hasta asesinatos.
En 2015, Nicolás Maduro reactivó 71 peajes en Venezuela jurando que los recursos recaudados serían para el mantenimiento. Dentro de la misma línea redistributiva, ese año también creó el carnet de la patria, como parte del sistema biométrico de acceso a alimentos. Un documento inteligente de identidad con código QR, que almacena datos personales, para “garantizar que las bolsas de comida y otras ayudas lleguen a los verdaderamente necesitados”.
El carnet se implementó en Venezuela en medio de una crisis de inflación y escasez tal que la población cedió a entregar sus datos personales ante la opción de poder acceder a los alimentos a precios asequibles, sin la mediación de bachaqueros ni buhoneros. Una extorsión simulada mediante un sofisticado peaje digital en pleno desarrollo.
Ante la imposibilidad de crear una cartilla de racionamiento tipo Cuba, el régimen contrató la compañía Soltein, con sede en México, operada antiguos empleados estatales cubanos, para diseñar una plataforma en línea para rastrear las bolsas CLAP. Comenzaba a tomar la base de datos del Sistema Patria.
“Jamás olvidaré como recién operada de donarle un riñón a mi papá (que rechazó en misteriosas circunstancias) tuve que ir a rogar para que me vendieran las medicinas de mi papá en las farmacias de alto costo y no lo hicieron porque no tenía el carnet de la patria. Durante el proceso de rechazo, mi papá se vio mal. Estuvo dos meses hospitalizado en una clínica en Caracas y llegó un punto en que era muy difícil conseguir antibióticos. Nos pidieron albúmina humana que debíamos intentar buscar en la farmacia de alto costo en Los Ruices. Luego de un largo rato en cola, en la taquilla me atendieron en una manera bastante grosera. No me pidieron los informes médicos sino el carnet de la patria. Al decirle que no lo tenía, se negaron a atenderme y me pidieron que saliera del lugar. Los pudimos obtener casi una semana después a través de una fundación, pero mi papá perdió el trasplante. Afortunadamente está vivo. Me fui del país el año siguiente”.
De La Habana a Pekín
Chávez creía en 2007, y se murió creyéndolo, que Cuba era una potencia avanzada en medicina, tecnología y deportes. Creyó o le propusieron que los cubanos le podían resolver el eterno retraso en la expedición de cédulas de identidad. Necesitado de ampliar el padrón electoral después de la “derrota de mierda” que le infligió la oposición, le pagó 172 millones de dólares a la empresa cubana Albet, Ingeniería y Sistemas, para la elaboración de seis millones de cédulas de identificación electrónicas. Cada una costó 29 dólares, una barbaridad, pero nunca se materializaron. El diseño del sistema estuvo a cargo de José Lavandero García, un experto de los servicios de inteligencia de Cuba, el temido G2.
Hubo críticas y cuestionamientos. Se entregaba a La Habana el acceso a la base de datos de los ciudadanos venezolanos. No obstante el proyecto no se detuvo hasta que la corrupción acabó con el último centavo. El gobierno le echó tierra y en 2008 envió una delegación a China investigar sobre su sistema de identificación.
Los negocios con Pekín marchaban viento en popa. Venezuela le regaló la fórmula de la orimulsión y le compró el primer satélite Venesat por 240 millones de dólares para “mejorar las telecomunicaciones”. Pero el verdadero negocio fue el Fondo Conjunto por 2 mil millones de dólares para la construcción de viviendas. La mitad de ese dinero se extravió en empresas de maletín y muchos edificios no fueron construidos, los otros están en mal estado y deshabitados.
Nueve funcionarios del Ministerio del Interior, Justicia y Paz visitaron la sede de la empresa ZTE en Shenzhen, una ciudad tecnológica y fueron informados sobre las técnicas de control ciudadano que China experimentaban desde 1980 el Partido Comunista intentaba desarrollar. Un sistema de calificación crediticia bancaria y financiera personal, especialmente para los habitantes de zonas rurales y las pequeñas empresas carentes de registros legales o informales. El objetivo cambió desde 2009 a tintes sociales.
Mejorar la confiabilidad de los ciudadanos
El primer ministro Wen Jiabao lo presentó ante el Consejo de Estado que lo aprobó. En 2014, se lanzó un piloto nacional con ocho empresas de calificación crediticia. Desde en 2020 sus actividades están dirigidas a mejorar la confianza social y regular a las empresas sobre cuestiones como la seguridad alimentaria, el robo de propiedad intelectual y el fraude financiero.
Los partidarios del sistema lo elogian porque “ayuda a regular el comportamiento social, a mejorar la ‘confiabilidad’ de los ciudadanos en el pago de impuestos y facturas a tiempo, y en la promoción de los valores tradicionales. Los críticos afirman que irrespeta el Estado de Derecho y viola los derechos de personas y organizaciones, como el derecho a la reputación, el derecho a la privacidad y la dignidad personal. Además, lo denuncian como una herramienta de la vigilancia gubernamental para la supresión de la disidencia.
El sistema mantiene una lista negra en la que los ciudadanos son incorporados con bastante facilidad y graves consecuencias en su vida cotidianas. Saltarse un semáforo, fumar en lugares prohibidos, tener deudas impagadas o cometer fraude, además de la sanción administrativa, conlleva restricciones como la prohibición de viajar en avión o en trenes de alta velocidad y de comprar de artículos de lujo. Si el crédito social es negativo, no se podrán solicitar subvenciones, acceder a préstamos o conseguir matrícula en las mejores escuelas o universidades públicas.
En algunas ciudades, como escarnio social se exhiben la foto del negreado y sus datos personales en grandes pantallas de los centros comerciales y buses y en carteles en camiones. Más de 20 millones de personas integran la lista negra. Algunas difunden públicamente sus disculpas a través de las redes sociales.
El sistema no especifica qué comportamientos se penalizan y se limita a informar la existencia de un “déficit de crédito social” cuando se infringe la ley. Pero nada es eterno. Los puntos se pueden recuperar haciendo donaciones económicas a los servicios comunitarios de distrito o donando sangre.
También existe un sistema de puntuación alternativo desde la aplicación de pago electrónico Alipay (perteneciente a Alibaba), como Zhima Credit, que es, básicamente, un programa de fidelización. Su puntaje responde únicamente al historial de compras. Numerosas empresas aplican este sistema que puntúa a sus clientes hábitos de consumo o si pagan sus facturas a tiempo. Ziroom, una de las grandes inmobiliarias, da puntos a sus inquilinos según su comportamiento que les proporcionan descuentos.
En Italia, Bolonia ha sido la primera ciudad europea en adoptar Cartera Ciudadana Inteligente o “Smart Citizen Wallet”. Un sistema de puntos de incorporación gratuita que premia por reciclar, usar el transporte público, no derrochar el agua o administrar bien la energía. También provisto por ZTE.
Venezuela: menos ciudadanía, más desmovilización
Los objetivos gubernamentales del sistema de crédito social que se aplica en Venezuela no están orientados al crecimiento económico y muchos menos al bien público, sino a la permanencia en la pobreza y su extensión hasta la indigencia. Las tecnologías son herramientas de vigilancia, coerción y agravio para que cada vez haya menos ciudadanía y más usuarios resignados y desmovilizados.
Maduro ha montado una poderosa y eficiente plataforma de desinformación en Venezuela que continuamente propaga la narrativa en todos los medios, digitales y analógicos. También por “radio bemba”.
No es la convencional limitación de la libertad de expresión, de censura y de control de información delicada o inconveniente. Sino un auténtico bloqueo informativo, totalmente desinformativo, para secuestrar la libertad de pensamiento. Lo que se coacciona es la capacidad de pensar. Solo unos pocos venezolanos residentes en las ciudades más importantes tienen acceso a información no intervenida o interpretada por el gobierno, pero con mínimas posibilidades de difundirla más allá de unos cuantos amigos.
Todos los canales de televisión, las emisoras de radio, los medios impresos, los medios digitales y las redes sociales que se denominan independientes en Venezuela sirven a sus disminuidas audiencias limitados por la censura, la autocensura y el miedo. En X, el antiguo Twitter, por ejemplo, la narrativa progubernamental llegó a dominar el entorno informativo. Entre enero y junio de 2023, Pro-Box registró en Venezuela que de 183 millones de tuits que contenían etiquetas de contenido político o social, 178 millones eran progubernamentales. Un lavado de cerebro masivo.
El comunicólogo Andrés Cañizalez afirma que los venezolanos han visto minimizada su capacidad de construir lo real debido a la omnipresencia de información falsa, sesgada o absolutamente irrelevante. Hay estados, municipios y hasta regiones enteras en las que solo llega la señal de emisoras de radio y televisión oficialistas.
“Yo no me meto en política”
Fernando Savater, filósofo, afirma que la mayoría de los gobiernos prefieren ciudadanos que piensen poco y alienta a reclamar al Estado beneficios y protecciones (también espectáculo, diversión…), pero desalienta la participación política. Su ciudadano favorito es el que anuncia con fatuidad “yo no me meto en política”. Como si fuera posible vivir en una sociedad política desentendido de lo que ocurre alrededor, como si no fuese una de las peores actitudes ceder a desconocidos la capacidad de tomar decisiones que van a afectarnos a todos.
“Después graduado, no me contrataron en Pdvsa por no tener carnet de la patria. Me dijeron que me podían contratar sin el título pero no sin el carnet. Fui pasante y mi tesis la hice en Pdvsa Maturín. Por mi rendimiento obtuve un puesto con una contratista. Al principio, no tuve inconveniente, salvo que los salarios eran paupérrimos. Al momento de entregar mi documentación me exigieron como requisito el carnet de la patria. Me sentí vetado y me negué. Quedé sin opciones y opté por irme del país”.
Expasante de Pdvsa
Las autocracias y las aparentes democracias utilizan las herramientas de control social y de represión blanda con medios rústicos y hasta improvisados, pero Maduro en 2017 dio un salto tecnológico cualitativo. Contrató la empresa ZTE para desarrollar el “carnet de la patria” a otro nivel de calidad y precio. Cada tarjeta de policarbonato se la ofrecieron a 3 dólares, mucho menos que los 29 de los cubanos en 2007, pero muy por encima de los 50 centavos de dólar que es su valor comercial promedio. Pagó 70 millones de dólares por ayudar a “fortalecer la base de datos y fortalecer la seguridad nacional”.
Las empresas Ceiec (Corporación China de Importaciones y Exportaciones Electrónicas) y ZTE se apropiaron del abastecimiento tecnológico. La primera proveía el software y hardware para el bloqueo de páginas web, censura de contenidos y filtraje de información; la segunda, construyó la base de datos del Sistema Patria como un instrumento de vigilancia y extorsión social, sin relación alguna con los planes económicos y de desarrollo comercial del país ni con la condición socioeconómica del tarjetahabiente.
En China, el sistema insta a construir el sistema de crédito para el mercado de capital, desarrollar finanzas inclusivas, expandir la escala de los préstamos de crédito y resolver los problemas de financiamiento de las empresas micro, pequeñas y medianas y de las empresas individuales. El carnet de la patria, en cambio, se constituyó en un sistema “esencial para construir la nueva Venezuela” al estilo de las propuestas de Maduro. El primer uso fue premiar con dinero a los carnetizados que convocaron a votar por el PSUV.
Quedó claro que estaba dirigido a los militantes del PSUV. Oficialmente no excluía a nadie y tenerlo era un acto totalmente voluntario, pero el Estado no beneficiaba a los venezolanos que atravesaban un bache económico, una emergencia hospitalaria o necesitaban una silla de ruedas. Tampoco era una identificación alternativa o la nueva cédula de identidad digital que los cubanos nunca entregaron. Es, con todos sus efectos, un carnet de exclusión de las ayudas del Estado. De extorsión, te incluye si te dejas vigilar, cumples las instrucciones que te da la revolución y demuestras lealtad.
La primera entrega no duele, pero te pesará toda la vida. Cedes los datos personales. Desde el número de la cédula de identidad, el grado educativo, teléfonos, nombre del cónyuge, de los hijos, lugar de trabajo, domicilio, enfermedades y militancia política hasta otros que obtienen de manera indirecta. Esa información pasa a la base de datos del Sistema Patria que administra una unidad especial de Cantv en manos de empleados de la empresa ZTE. La sospecha generalizada y equivocada es que utilizan el Sistema Patria para identificar a los opositores. No. Esos están identificados desde las listas Maisanta y Tascón. Los fines son más sofisticados y complejos, y se apoyan en la inteligencia artificial y la big data.
“El año pasado viajé a Maracaibo. Para comprar el pasaje de retorno a Caracas en el terminal de autobuses, me pidieron el carnet de la patria. Me pusieron muchísimas trabas. La persona detrás de la taquilla tenían que tenerlo para poder viajar”.
Se ha difundido falsamente que el carnet de la patria es la vía que tiene 90% de los venezolanos para mitigar el hambre y la penuria generalizada. Mentira, con lo que viene en la bolsita, nadie sobrevive 15 días. El carnet básicamente sirve para negarle a los que no se pliegan al gobierno el acceso a servicios y derechos que corresponden a todos los ciudadanos de Venezuela por igual. Un clientelismo político insidioso que les hace creer a los carnetizados que recibirán beneficios. Igual ocurrió con la Gran Misión Vivienda, decían que cada familia tendría su casa, pero a los pocos que se la dieron nunca recibieron papeles de propiedad.
La extorsión en Venezuela empaquetada como un privilegio
No basta solicitarlo para tener el carnet de la patria y recibir cajas de alimentos y bonos especiales, acceder a procedimientos médicos, viviendas, útiles escolares, pensiones y al “premio” de Maduro a quienes votan con el carnet. Aunque oficialmente fanfarronean de tener 29 millones de carnetizados, son 21 millones los registrados y menos de la mitad, unos 9 millones, recibe algún beneficio. Los bonos no son para todos ni se reparten al azar.
Hay requisitos y condiciones; reales e imaginarias. No basta votar por el PSUV, gran beneficiario de la trama. Ni ser proletario o residir en un barrio. Tampoco vivir en una situación de calle o de indigencia. Los bonos le llegan en Venezuela a quienes interactúan en el portal del Sistema Patria o con el número 3532 al menos dos veces al mes y responden las encuestas. La plataforma utiliza las consultas como termómetros de opinión pública, globos de ensayo, extracción de información o para impulsar comportamientos deseados.
El carnetizado debe cada 15 días:
● Actualizar los datos personales;
● Verificar que la contraseña no esté vencida y que tenga un nivel de seguridad alto;
● Tener un teléfono móvil certificado como principal;
● Verificar la cuenta de correo electrónico;
● Revisar el núcleo familiar: un jefe de hogar por núcleo (sus cargas deben estar verificadas);
● Responder las encuestas y requerimientos que solicite el sistema de salud, CLAP, alimentos, gasolina y otros;
● Registrar algún servicio público de (electricidad, agua, Cantv y otros);
● Actualizar los datos laborales;
● Actualizar la sección de escolaridad (si aplica);
● Registrar al jefe de calle o brigadista de su sector; y
● Solicitar el registro de prueba y actualización de su carnet
Una vez inscrito, viene el filtro político. Evalúan la lealtad y apoyo al gobierno y al PSUV del solicitante; su participación en eventos, marchas y concentraciones; y si pertenece a consejos comunales y a la milicia bolivariana. Las encuestas del Sistema Patria preguntan sobre disposición a participar en actividades proselitistas y de acción política. La información sobre compras y préstamos con el carnet de la patria y su uso en puntos de control gubernamentales, participación en votaciones y recepción de subsidios también se incluye en la calificación de lealtad.
También influye en los beneficios la información proporcionada por líderes comunitarios o “enlaces políticos” sobre su percepción de lealtad y condición de patriota. El venezolano que no se mete en política, con necesidades inmediatas y que no sabe si desayunará mañana no debe ilusionarse. Su situación socioeconómica y haberla descrito minuciosamente no determina nada, tampoco una evaluación objetiva de pobreza por un profesional, si la hubiera.
“Decidí sacar el carnet de la patria en 2019 porque veía un beneficio. El sueldo no me alcanzaba y era algo adicional para los gastos de la casa, lo saqué. Yo le mandé un mensaje a una vecina chavista diciéndole que quería tener el carnet de la patria. Ella me dio el link de la página y me registré. Después le pasé una captura de pantalla, pero los bonos no me llegaban. Hablé con la vecina, ella se movió y comenzaron a llegarme. No fue fácil. Uno tiene que meterse en otra página que es protección social y hay que aceptarlo todos los meses”.
Los opositores y no alineados están descartados de antemano. Si han firmado contra el gobierno, deben enviar una carta de arrepentimiento. Si es leal al gobierno, pero no escanea su carnet en el punto rojo cuando vota, puede ser excluido de los beneficios del Sistema Patria; si es empleado público, probablemente perderá el trabajo.
El terror en Venezuela, otra herramienta de extorsión
Luego de desconocimiento de las elecciones presidenciales del 28 de julio, se produjo violenta represión de los cuerpos policiales, las Fuerzas Armadas Bolivarianas y de grupos paramilitares y parahamponiles. Asimismo, situaciones de acoso y persecución catalizadas por el empleo de tecnología de vigilancia social y personal de última generación. Se utilizó la aplicación de mensajería VenApp para transmitir y recabar la ubicación de opositores y revelar información personal; se empleó la videovigilancia para monitorear las protestas y drones de patrullaje para generar miedo.
En sus tiempos de alcalde de Caracas, Juan Barreto colocó unos globos con cámaras de video en el centro de la capital. Decía que tenían como fin el combate del hampa. No bajó el índice delictivo ni se sabe qué hacían con los videos, pero no hay nada peor que sentirse observado y grabado cuando esa información puede utilizarse en contra.
Las cámaras incrementan el miedo y el terror desde que es capturado el primer “enemigo de la patria”. Ese ojo mecánico, aunque no funcione, convierte el culillo en pánico. Su existencia sobresalta. Los nazis usaron desde 1933 la mentira de la vigilancia. “Sabemos todo lo que haces y dices, atente a las consecuencias”, repetían los camisas pardas.
Desde 2013, las empresas China National Electronics Import & Export Corporation, ZTE y Huawei han instalado un sistema de videovigilancia que incluye más de 30.000 cámaras en 16 ciudades del país. Los resultados están a la vista. Asustan, pero realmente vigilan poco. Todos saben que no funcionan, pero persiste la duda.
En 2024, una organizadora de un comité de distribución de bolsas CLAP en un municipio de Barinas, confirmó que funcionarios de PSUV y del gobierno le pidieron que les dijera a los beneficiarios de las cajas de comida que ellos podían saber cómo votaron. La mujer admitió haberles dicho: “Nosotros nos vamos a enterar si no votas por Maduro”. Profirió la amenaza con total desparpajo, y sin empatía alguna. Siguió la orden, obedeció, demostró lealtad y podría significar un bono o por lo menos una bolsa.
El régimen ve y escucha, a los suyos, a los alineados no para apresarlos o torturarlos sino para controlar su pensamiento, ponerlos a repetir consignas y que piensen lo menos posible. No hay preocupaciones ideológicas ni siquiera las superficialidades de los manuales de Marta Harnecker. Utiliza sistemas de vigilancia masiva con tecnología de reconocimiento facial y de voz en lugares públicos y privados que implementó la empresa ZTE, y con equipos de monitoreo inteligente bloquea el flujo de información.
