El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia este lunes 4 de enero que autoriza las transacciones y actividades con Juan Guaidó, en calidad de presidente interino de Venezuela, así como la Asamblea Nacional electa en 2015 y la actual comisión delegada -instalada para designar una nueva junta directiva de ese parlamento dirigido por el opositor-, por lo que cualquier actividad que se haga fuera de estos parámetros no es permitida.
Por lo tanto, la orden emitida por el Tesoro de EE. UU. a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no autoriza realizar operaciones con otro Poder Legislativo que no sea el elegido en 2015 y que hasta el 5 de enero de 2021 preside Guaidó. “No están autorizadas las transacciones o actividades que involucren a la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela convocada por Nicolás Maduro o la Asamblea Nacional ilegítima programada para sentarse el 5 de enero de 2021, incluidos sus respectivos miembros y personal”, dice el escrito.
El documento, publicado en el portal de la institución estadounidense, “autoriza transacciones y actividades que involucran a cualquier funcionario, designado o representante designado o designado por Guaidó para actuar en nombre del Gobierno de Venezuela”.
Estas figuras incluyen además a personas como el fiscal nombrado por Guaidó, a sus representantes en los países que lo reconocen y ante las organizaciones internacionales, al igual que aquellos que estén al frente de una junta ad hoc -como es el caso de Petróleos de Venezuela y Citgo.
Para esto, el Tesoro de EE. UU. emitió la Licencia 31A que reemplaza la Licencia General 31, emitida el 5 de agosto de 2019. El documento, firmado por el presidente Donald Trump, señalaba que todas las propiedades del gobierno venezolano en suelo estadounidense están bloqueadas y “no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados o negociados de otra manera”.
EE. UU. fue el primer país en reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela luego que se proclamara el 23 de enero de 2019. Esta acción valió que más de 50 naciones tomaran partido similar al de Washington. Estados Unidos, bajo la administración de Trump, impuso severas sanciones a las empresas estatales venezolanas y a funcionarios de la administración de Nicolás Maduro con el fin de presionar su salida del poder.
Además, ordenó operativos antinarcóticos en las aguas del Caribe cercanas a Venezuela y levantó cargos judiciales contra Maduro y otros elementos de su gabinete por supuestamente ser parte de un “narcoestado”.
Citgo, empresa filial de Petróleos de Venezuela, se encuentra “protegida” por una orden de la OFAC que impide a sus acreedores tomar los activos y cobrar las expropiaciones de las que fueron víctimas en suelo venezolano cuando fueron despojados de sus pertenencias por el Estado venezolano.
Vecchio sobre licencia de EE. UU.
Tras hacerse público el comunicado, Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos designado por el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, consideró que la decisión de ese país de reconocer a la comisión delegada, al gobierno interino y solo los acuerdos, procedimientos y contratos que celebre la AN liderada por Guaidó tendrán validez y peso legal internacional.
De acuerdo a lo señalado por Vecchio también tendrán validez los poderes otorgados por el procurador especial, las contrataciones que haga y las contrataciones gestionadas por todas las juntas ad hoc.
Recalcó que “en contraste, nada de lo que acuerde la falsa Asamblea designada por Maduro mediante su fraude del 6D tendrá validez o reconocimiento internacional, a riesgo de sanciones para quienes lo intenten. Esto es un claro mensaje a la comunidad política y económica internacional: Maduro es tóxico y a partir de mañana martes 5 de enero, la única Asamblea Nacional legítima es la electa en 2015, que maximizará su accionar en torno a un único objetivo: una Venezuela Libre”.