Edwin Sambrano Vidal asegura que las elecciones del pasado 25 de mayo fueron convocadas para ocultar las continuas derrotas de la oposición al gobierno, así como el rechazo del pueblo a quienes ostentan el poder.
“El gobierno de facto ha recibido una quinta derrota electoral seguida, desde la elección primaria el 22 de octubre de 2023, cuando fue nombrada María Corina Machado como candidata presidencial con la participación de casi 3 millones de personas, desafiando las amenazas del sistema hasta el vacío absoluto que hicieron millones de venezolanos, no acatando el llamado a una falsa elección extemporánea y excluyente del 25 de mayo 2025”, precisó.
Sambrano Vidal es abogado, defensor de derechos humanos con experticia en Derecho Laboral y Constitucional, exdiputado al Congreso de la República e integrante del Espacio Consenso y de la Alianza por la Soberanía y la Democracia.
A su juicio, el pasado proceso comicial fue una pretensión para sepultar la monumental victoria de la soberanía popular del 28 de julio de 2024, al elegir a Edmundo González como presidente constitucional de Venezuela.
“Más que doblar la votación, produjo la exclusión de al menos 4 millones de electores dentro y fuera del país, las inhabilitaciones de María Corina Machado, Corina Yoris y de otros posibles candidatos, ilegalización de partidos, el bloqueo de postulaciones, el obsceno ventajismo, las agresiones, persecución y encarcelamiento de cientos de personas para obstruir a la oposición constitucional en el proceso electoral”, indicó.
Sambrano enumeró que las otras dos derrotas fueron las del referéndum sobre el Esequibo en diciembre de 2023 y la consulta nacional sobre supuestas obras comunales en abril 2024. “Ambas eran consultas innecesarias y se convirtieron en referéndums como maniobras políticas para tratar de lograr, desde el poder, capacidad de convocatoria y algún respaldo popular que disipara el enorme fracaso gubernamental e hiciera olvidar la enorme cantidad de violaciones a los derechos humanos cometidos todos estos años”.
Ya no les interesa la Constitución de 1999
De igual manera, pretendían obviar la ruptura del orden constitucional al desconocer la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015, impedir por la fuerza el referéndum revocatorio presidencial de 2016, postergar las elecciones a gobernadores y parlamentos regionales.
“Además quisieron esconder la imposición que hicieron de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) sin cumplir la exigencia de someter su procedencia a la decisión de un referéndum popular en 2017, como lo establece la Constitución en su artículo 347, la destitución de la fiscal general de la República, el despojo a gobernadores electos por votación popular al no someterse a la espuria ANC (caso de Juan Pablo Guanipa en Zulia), perpetrar el fraude electoral contra Andrés Velásquez en Bolívar e imponer una elección presidencial adelantada, sin actualizar el registro electoral y con una serie de partidos secuestrados y la inhabilitación de varios candidatos en 2018, entre otros abusos de poder”.
Destacó que después del fracaso de toda clase de artificios electorales, el gobierno oficialista en su conversión en una dictadura descarada, apela al uso de la fuerza bruta en tránsito hacia el establecimiento de un régimen totalitario que impida estructuralmente toda alternabilidad en el gobierno, despojando al pueblo de su soberanía, liquidando la división de poderes y otorgando facultades monárquicas al presidente tanto respecto de los recursos naturales, las finanzas, el endeudamiento y la contratación pública, como en cuanto al manejo y control de la fuerza armada.
Reformar la Constitución suprime la soberanía popular
El exparlamentario expresó que en el medio para la perpetuación de la dominación es la reforma de la Constitución, además de la modificación de las leyes electorales para imponer normas que crean una fuerte discriminación política, la cual estaría avalada por la Constitución y la ley, con la creación de estamentos electorales confesionales, controlados desde un partido y una burocracia civil pero, también, militar-policial que se ha instalado en estructuras oficiales o encubiertas que manejan las riquezas nacionales, las empresas y otros entes económicos y políticos del Estado.
Enfrentar la reforma y exigir el cumplimiento de la Constitución
Ante este escenario y junto a su equipo Sambrano propone que se ponga en práctica una política de defensa de la Constitución de 1999, mediante el enfrentamiento de la reforma planteada y la exigencia de su cumplimiento a través de la denuncia de sus violaciones.
“En esta dirección debe construirse el mensaje, las capacidades y la organización para generar una acción cívica de carácter nacional que alcance el objetivo de preservar la Constitución de 1999, frente a la pretensión de reformarla, que logre hacer respetar la soberanía popular expresada el 28 de julio de 2024 y que defienda el ejercicio de los derechos civiles y políticos, laborales y demás derechos sociales”.
