lunes, 15 julio 2024
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Ecuador se suma a resolución para renovar la Misión de Determinación sobre Venezuela

Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, confirmó la noticia. Un día antes, Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay y Perú manifestaron que impulsarán la resolución.

Ecuador se sumó este jueves a la resolución que impulsan otros seis países americanos para renovar el mandato de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, en un escrito que será presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el próximo 26 de septiembre.

Así lo confirmó Tamara Taraciuk, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, a través de un mensaje en su cuenta Twitter. Un día antes, diversas ONG informaron que Brasil, Canadá, Chile, Guatemala, Paraguay y Perú impulsarán la resolución para solicitar que continúe el mandato de la Misión de Determinación.

Dicha instancia fue aprobada por el Consejo de DD HH en 2019 con el objeto de investigar “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014”, incluyendo violencia sexual y de género.

Durante el 51 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que inició el 12 de septiembre y se extiende por cuatro semanas, se espera que la Misión de Determinación brinde su último informe sobre la responsabilidad de altos mandos y el Arco Minero, además de sus recomendaciones sobre si su labor debe continuar.

Para renovar este mecanismo de la ONU debe haber una clara mayoría de votos afirmativos de los 46 estados que conforman el consejo. En la resolución se establecerá su periodo de funcionamiento así como los temas que deben investigar.

En su primer informe, la misión concluyó que había motivos suficientes para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, que “autoridades de alto nivel tenían conocimiento de esos delitos” y “jefes y superiores sabían o debían haber sabido de esos delitos y […] no tomaron medidas para impedirlos o reprimirlos”.

En su segundo informe, publicado un año más tarde, la misión documentó la falta de independencia judicial y la impunidad por las violaciones de derechos humanos, y manifestó que el sistema judicial de Venezuela funcionaba como un mecanismo de represión en lugar de garante de derechos, alentando a los agentes del Estado a continuar perpetrando abusos.