miércoles, 24 julio 2024
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Documento del tribunal de Delaware: ¿Guaidó es culpable de perder a Citgo?

El caso en el que se emitió el dictamen reconociendo el álter ego de Pdvsa no ha cerrado. En las conclusiones, el juez detalló que las partes debían reunirse, conversar y exponer sus posiciones sobre cómo debe proceder el tribunal.

En los últimos días se hizo pública una decisión emanada en marzo de un tribunal federal de distrito, en Delaware, favorable a la demanda de un grupo de acreedores de Venezuela que intentan cobrar las deudas que mantiene el Estado venezolano con el embargo de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Estados Unidos, uno de los activos más importantes con los que cuenta el país en el extranjero.

Este documento causó revuelo político en Venezuela porque algunas interpretaciones señalaban al gobierno interino -que encabezó Juan Guaidó desde enero de 2019 hasta enero de 2023- como responsable, no solo del casi inminente embargo de Citgo, sino además de ocasionar un incremento de la deuda para la cual esta filial sería rematada.

El fiscal general designado por la extinta constituyente, Tarek William Saab, hizo una acusación aún más precisa al señalar directamente a Guaidó y a su gobierno interino como causantes de “generar pérdidas al Estado” por más de 19 mil millones de dólares, en un discurso que parecía insinuar el robo de estos fondos por parte del interinato.

“Utilizando la figura de un gobierno ficticio, Guaidó usó recursos de Pdvsa para causar pérdidas cercanas o mayores a los 19 mil millones de dólares. Esta es la magnitud del daño ocasionado al erario nacional en su accionar como delincuente internacional y jefe de una banda criminal”, afirmó el titular del Ministerio Público.

Esta cifra no es especificada en el documento publicado por el tribunal de Delaware. Antes de las declaraciones de Saab, era el monto que manejaba el economista y director de la fundación Oil for Venezuela, Francisco Rodríguez, quien publicó en La Gran Aldea un artículo titulado ¿Por qué Venezuela perdió a Citgo?, en el cual esgrime argumentos que apuntan a la responsabilidad de Guaidó en las derrotas de litigios internacionales que han comprometido a la filial petrolera.

El propio Guaidó respondió para defenderse de las acusaciones, aunque no entró en detalles más allá de catalogarlas de “falsas” y señalar a Rodríguez de “lobista”. Por su parte, el presidente de la junta administradora ad hoc de Pdvsa designada por el interinato, Horacio Medina, contestó con otro artículo publicado en La Patilla, titulado Citgo y el Profesor Acreedor: un duelo de realidades, en el que se dedica a refutar todos los argumentos de Rodríguez.

Pero, en medio de estas posturas encontradas y al margen de las cifras mencionadas, la decisión del tribunal de Delaware contiene los argumentos que consideró el juez Leonard P. Stark para favorecer a las partes demandantes y señala directamente tanto al gobierno interino como a la administración de Nicolás Maduro. El texto jurídico permite despejar algunas dudas sin tintes políticos.

¿Quiénes son los demandantes?

La decisión atañe a cuatro partes demandantes que acudieron a la corte de Delaware para dirimir si es posible cobrar sus deudas mediante el embargo y remate de Citgo. Estos actores representan apenas una diminuta parte de todos los acreedores que mantiene Venezuela y es una muestra pequeña de la cantidad de litigios que afronta el Estado en el terreno internacional. Las partes son: 

OI European Group BV (OIEG): Es una filial neerlandesa de Owen Illinois, empresa estadounidense dedicada a la producción de vidrio para envases. Su demanda surge a raíz de la nacionalización de dos plantas instaladas en Venezuela por decisión del fallecido Hugo Chávez en 2010. Acudieron al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) y ganaron el laudo en 2015, obligando a Venezuela a pagar un monto de 372 millones de dólares más intereses y gastos judiciales. Debido a que el Gobierno venezolano no ha saldado esta deuda, continuaron el camino judicial y apuntan a Citgo como opción de cobro.

Northrop Grumman Ship Systems (ahora Huntington Ingalls Industries): Es una empresa dedicada a la elaboración de embarcaciones militares. En 1997 adquirieron una licitación por parte del Ministerio de Defensa de Venezuela para modernizar dos buques para la Armada, el ARV Mariscal Sucre y el ARV Almirante Brión. El contrato era de 315 millones de dólares, pero en 2002, ya bajo la administración de Chávez, solicitaron un ajuste por sobrecostos a la tasación original, el cual no fue aceptado por Venezuela. La firma estadounidense llevó el caso a arbitraje internacional y la sentencia obligó a Venezuela a pagar 128,8 millones de dólares, más intereses.

ACL 1 Investments LTD., ACL2 Investments LTD., y LDO (Cayman) XVIII LTD: Son tres fondos de inversión dedicados a la compra de instrumentos de deuda. Adquirieron bonos de deuda que no fueron pagados por Venezuela. Una sentencia de un tribunal de Nueva York en 2020 dictaminó que Venezuela debe pagarles 118 millones de dólares, más intereses.

Rusoro Mining Limited: Es una empresa minera especializada en oro. Operaban en Bolívar las minas auríferas Choco 10 (95% de participación) y Isidora (50% de participación). Chávez nacionalizó ambas concesiones en septiembre de 2011. La firma canadiense presentó una solicitud de arbitraje internacional y el caso fue llevado al Ciadi, donde ganaron la demanda en 2018. Venezuela fue obligada a pagar 967,7 millones de dólares que, por los intereses y gastos judiciales, ya se acumulan en aproximadamente 1.300 millones de dólares.

¿Qué argumentan ante la corte de Delaware?

Este caso en específico no se centra en demostrar la culpabilidad de Venezuela en el perjuicio contra estas empresas, sino en la facultad que tendrían las partes para considerar a Citgo como un activo que puede utilizarse para saldar estas deudas.

Para ello, tenían que demostrar que Citgo -junto a PDV Holding y Pdvsa- es un equivalente al Estado venezolano y que, por lo tanto, una deuda con Venezuela podría cobrarse a través de Citgo.

En este sentido, las partes se enfocaron en comprobar la existencia de la figura de álter ego, un término jurídico que se emplea cuando dos figuras distintas tienen una relación tan estrecha que son consideradas como iguales en un litigio.

La decisión del tribunal dio la razón a las partes demandantes en que Pdvsa es un álter ego de Venezuela y, por lo tanto, su filial, Citgo, puede ser embargada para pagar las deudas que contrae el Estado venezolano. 

¿Por qué el Ministerio Público acusa a Guaidó de propiciar la consideración de Pdvsa como álter ego?

La decisión del tribunal de Delaware toma en consideración los argumentos esgrimidos por las partes demandantes, los cuales se apoyan en gran medida en el accionar del gobierno interino y el grado de control que tiene sobre Pdvsa a ojos de Estados Unidos, que consideraba a esta instancia como la representación legal de Venezuela ante ese país.

“OIEG y Huntington vinieron a esta corte con teorías similares pero distintas sobre cómo Pdvsa sigue siendo un álter ego de Venezuela. OIEG hace énfasis en la dirección y control directa del gobierno interino sobre las operaciones de Pdvsa en Estados Unidos y razona que el control del régimen de Maduro en Venezuela repercute en las operaciones de Pdvsa; Huntington se enfoca en el gobierno de Guaidó, pero también menciona la situación en Venezuela. ACL y Rusoro presentan argumentos similares”, resume el documento.

El tribunal les dio especial peso a argumentos específicos, como el acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015 para el uso de recursos de Pdvsa para defender los activos de Venezuela en el extranjero, el hecho de que se usaran a los mismos equipos de abogados para casos de Venezuela y de Pdvsa, o el uso de fondos de Pdvsa para cubrir los litigios.

“El gobierno de Guaidó mantiene un control económico extenso sobre Pdvsa, Venezuela considera los activos de Pdvsa como activos suyos, el gobierno de Guaidó se ha financiado con activos de subsidiarias de Pdvsa en Estados Unidos, y también anunció que tratará la deuda de Venezuela y la de Pdvsa en las mismas condiciones en una eventual reestructuración de la deuda”, sintetiza la decisión.

¿El álter ego no se habría determinado sin el gobierno interino?

A pesar de que se le atribuye mayor peso al gobierno interino que a la administración de Nicolás Maduro a la hora de demostrar el álter ego, los argumentos también consideran en gran medida el control que ejerce el gobierno chavista en la estatal.

De hecho, era vital para el caso que se considerase a Pdvsa como un álter ego, al menos desde agosto de 2018 hasta octubre de 2022, y el interinato de Guaidó tomó las riendas de la administración de estos activos a partir de 2019.

De hecho, el mismo tribunal de Delaware emitió una sentencia en octubre de 2018 a favor de Crystallex en un caso muy similar, determinando que Venezuela y Pdvsa no eran entidades separadas. En ese momento no existía el gobierno interino.

Por lo tanto, es imposible determinar qué decisión habría tomado el juez Stark si Guaidó y su instancia interina nunca hubiesen entrado en el panorama, pero existía un precedente en el que ya había aprobado la teoría del álter ego por el control que ejerce el chavismo sobre la empresa.

¿El documento acusa a Guaidó de tomar dinero de Pdvsa?

A diferencia de lo insinuado por Saab, quien dio a entender que la “banda criminal” de Guaidó se enriqueció con los fondos de Pdvsa en el extranjero, el documento del tribunal de Delaware no expresa textualmente esta idea en ningún momento.

Lo que sí confirma el tribunal es que “el gobierno de Guaidó ha recurrido directamente a las filiales comerciales de Pdvsa en Estados Unidos, eludiendo el derecho corporativo de Pdvsa a recibir dividendos” y que la administración de Donald Trump dio a la oposición venezolana acceso a las cuentas bancarias pertenecientes a la estatal en suelo estadounidense.

El mismo gobierno interino ha dejado claro que ha utilizado estos fondos para fines concretos, como el financiamiento de los litigios en los que Venezuela se mantiene para intentar defender los activos del país en tribunales internacionales.

¿Por qué Saab acusa a Guaidó de generar pérdidas al Estado por 19 mil millones de dólares?

Si se toma en cuenta únicamente el documento del tribunal de Delaware, utilizado por Saab para sustentar su acusación, se tendría que atribuir al interinato de abultar la deuda saldable con Citgo por aproximadamente 2 mil millones de dólares, monto que sumarían las partes demandantes en este caso.

Los 19 mil millones de dólares mencionados por Saab responden a la comparación entre la deuda confirmada de 3.400 millones de dólares previo a la existencia del interinato y la actual de 23.600 millones de dólares que acumulan todos los acreedores que tendrían la potestad de cobrarse con el embargo de Citgo, al menos según el artículo de Francisco Rodríguez en La Gran Aldea.

En su respuesta publicada en La Patilla, Horacio Medina levanta un cuestionamiento sobre este monto y exige a Rodríguez especificar sus fuentes. El presidente de la junta administradora ad hoc de Pdvsa sostiene que para inicios de 2020 ya existían procesos iniciados en cortes y tribunales extranjeros exigiendo en total un monto muy superior a los 20.600 millones de dólares indicados por Rodríguez.

“A modo de ejemplo, para ese momento se habían dictado laudos contra Pdvsa y la República por más de 10 mil millones de dólares y se litigaba, en general, por otra cantidad similar (8 mil millones de dólares) con el caso ConocoPhillips”, indica la publicación de Medina.

Francisco Rodríguez argumenta que las falencias del gobierno interino en la defensa de Citgo son causantes de su pérdida, mientras que Horacio Medina resalta la responsabilidad del gobierno al generar una deuda tan abultada.

¿Está Citgo perdida?

La aceptación de la teoría de álter ego por parte del tribunal de Delaware ciertamente deja un margen de acción corto para la defensa de Citgo. El juez incluso ya ordenó iniciar el proceso de subasta de la filial, que se extenderá hasta finales de 2024.

Medina argumenta que aún hay espacios para actuar, empezando por rebatir los argumentos empleados para catalogar a Pdvsa como álter ego. También recuerda que sigue pendiente una certificación solicitada al Tribunal de Apelaciones de Nueva York para que dirima sobre la aplicabilidad del derecho venezolano en la disputa sobre la validez de la emisión de Bonos Pdvsa 2020 con Citgo como colateral, la cual es considerada como ilegal por la oposición al no ser aprobada por la Asamblea Nacional.

De hecho, el caso en el que se emitió el dictamen reconociendo el álter ego de Pdvsa no ha cerrado. En las conclusiones, el juez detalló que las partes debían reunirse, conversar y exponer sus posiciones sobre cómo debe proceder el tribunal.

Actualmente, Citgo sigue siendo protegida por la Licencia General N° 5L, otorgada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El Gobierno estadounidense ha mantenido esta medida, que evita el embargo de la empresa, desde la publicación de la Licencia General Nº 5A en octubre de 2019.

El vencimiento de la licencia 5L se cumplirá este 20 de octubre, aunque tradicionalmente la OFAC publica una renovación días antes de que culmine.