Los diputados del Consejo Legislativo del estado Bolívar (CLEB), José Márquez y Héctor Barrios, calificaron de “irresponsable” el cobro de las tarifas que estableció Fospuca, compañía contratada por la Alcaldía de Caroní para el servicio de recolección de basura en Ciudad Guayana.
Los legisladores argumentan que se establecieron exorbitantes tarifas, en especial para el cobro a comerciantes, sin un estudio técnico de la realidad socioeconómica de los habitantes y negocios en Ciudad Guayana.
Sostienen que las tarifas de Fospuca son impagables para los comerciantes, incluso para los guayacitanos de zonas residenciales que apenas viven de un salario mínimo o de remesas, como es el caso de las personas de la tercera edad cuyos hijos migraron del país.
Fospuca también administra el relleno sanitario o vertedero ubicado en la zona de Cañaveral, competencia que corresponde a la Gobernación de Bolívar.
Para el diputado José Márquez, “el cobro del manejo del vertedero debe ser sacado del recibo de facturación de Corpoelec, y devolver ese servicio a los responsables del vertedero, como son la Gobernación y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, quienes deben asumir ese costo, puesto que del estado salen cuantiosos recursos minerales, hierro, aluminio, oro, coltán, y lo que dejan en el estado son los pasivos ambientales y de los servicios”.
En ese sentido retoman la solicitud que hicieron desde el año pasado sobre la conformación de una Subcomisión Permanente de Ambiente en el CLEB, a fin de hacer contraloría sobre los problemas ambientales en la entidad.
“El impacto fiscal del aumento desmedido de los servicios eléctricos, agua, y ahora el aseo urbano, demuestran una voracidad fiscal que arrojará el cierre de pequeñas y medianas empresas, por una actitud desmedida de los organismos públicos para cubrir su déficit presupuestario a costilla del sector productor, comercial, y la clase media ya depauperada económicamente”, afirmó Héctor Barrios.
La Cámara Inmobiliaria del estado Bolívar informó en nota de prensa sobre al menos dos galpones en Ciudad Guayana que cerraron por no poder cubrir los gastos de servicios y pago de alquiler. El gremio advirtió sobre una posible sobreoferta de galpones por la dificultad de arrendarlos. Uno de los casos afectados es el arrendatario de un galpón que debe pagar a Fospuca un monto igual al costo del alquiler del local.
Durante la presentación de su memoria y cuenta 2022, el alcalde de Caroní, Tito Oviedo, se refirió al aumento en 97% en las recaudaciones tributarias en el municipio. Esto coincide con denuncias que han hecho Fedecámaras y Camcaroní sobre la voracidad fiscal que atenta contra empresarios y comerciantes, aunadas a las particularidades económicas propias del estado Bolívar.
De hecho, esta es una de las razones por las que la Unidad de Análisis Económico de Fedecámaras Bolívar comenzó a publicar el costo de la canasta alimentaria en la región, a fin de que las instituciones públicas tomen en cuenta esta realidad a la hora de aplicar sus políticas tributarias.
El gremio también ha denunciado los altos costos en servicios de electricidad y agua, pese a las fallas constantes, y que los cobros se hacen por capacidad instalada y no por el consumo en sí del servicio. Caso similar ocurre con Fospuca, cuyas tarifas se establecieron según los metros cuadrados del establecimiento y el consumo eléctrico, en lugar de hacerlo con base en la cantidad de desechos que genera cada uno.
Recientemente el Colegio de Ingenieros denunció que las tarifas de recolección de basura en Caroní tienen un sobreprecio de 1.500% en las zonas residenciales, y 535% en los sectores comerciales.
