viernes, 27 de mayo de 2022

Día Mundial de la Libertad de Prensa: El derecho que el Estado intenta desaparecer en Venezuela

Informes de organizaciones como Espacio Público e IPYS Venezuela reflejan los distintos casos de violaciones a la libertad de prensa en el país, liderado por la falta de acceso a la información pública y los ataques a la hora de hacer coberturas y difusiones.

Informes de organizaciones como Espacio Público e IPYS Venezuela reflejan los distintos casos de violaciones a la libertad de prensa en el país, liderado por la falta de acceso a la información pública y los ataques a la hora de hacer coberturas y difusiones.

Desde 1993 se conmemora cada 3 de mayo el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La fecha fue decretada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en defensa a los ataques que reciben la prensa y los periodistas independientes. Además conmemora el aniversario de la Declaración de Windhoek, donde representantes de medios de comunicación africanos elaboraron un documento en un seminario de la Unesco en 1991 con los principios de la libertad de prensa.

En Venezuela la libertad de prensa se ejerce con reservas debido a las consecuencias que ha traído para medios de comunicación y periodistas ejercer su labor informativa de manera independiente.

El reciente informe de la ONG Espacio Público, que estudió la situación de libertad de prensa entre enero y diciembre de 2021, determinó que “las medidas implementadas por el Estado venezolano para enfrentar la pandemia vulneraron de forma directa el derecho a la libertad de expresión. En tal sentido, muchas personas sufrieron represalias después de cuestionar a funcionarios y políticas públicas a través de sus redes sociales”.

Los controles estatales orientados a imposibilitar el trabajo de los periodistas se acentuaron, y a su vez han propiciado un ambiente más hostil y riesgoso para las acciones de denuncia y contraloría social”

En 2021 hubo un descenso en los registros de casos de vulneración a la libertad de prensa, pero también en el contexto de una reducción de la agenda noticiosa por ser el segundo año en pandemia de COVID-19.

Según el informe, en 2021 hubo al menos 244 casos, que constituye una disminución de 37% en relación con el número de casos del 2020, cuando se contabilizaron 390 violaciones a la libertad de expresión. Noviembre fue el mes con más registro de violaciones a la libertad de prensa, en especial durante las elecciones de gobernadores y alcaldes.

“Durante la mencionada jornada se contabilizaron no menos de 27 casos y 57 denuncias de violaciones al derecho a la libertad de expresión, siendo así uno de los procesos electorales con más incidencias durante los últimos años”, destacó la ONG.

Las intimidaciones fueron la forma más recurrente de impedir la cobertura periodística y difusión de la información, con casi 35% de los casos. Le siguieron la censura, restricciones, hostigamiento verbal, amenazas, hostigamiento judicial, ataques y agresiones.

“Las principales víctimas de violaciones al derecho a la libertad de expresión en Venezuela fueron los/as periodistas y reporteros/as, quienes alcanzaron un total de 131 (44%) registros. En segundo lugar se ubican los medios de comunicación con 64 víctimas (21%), seguidos por la ciudadanía en general, quienes fueron víctimas en al menos 31 ocasiones (10%)”, señala el informe de Espacio Público.

Los cuerpos de seguridad y las instituciones del Estado fueron los principales victimarios, responsables de al menos 85 casos cada uno.

Según la distribución geográfica, Bolívar fue el cuarto estado con más casos de violaciones a la libertad de prensa, con 14% del registro. El Distrito Capital, con 34% ocupó el primer lugar de las incidencias, seguido de Mérida y Miranda (19%), y Lara también con 14%.

Pero, además, “al menos 42% de los casos registrados durante el 2021 ocurrieron en internet, comprendieron así, no solo los bloqueos y restricciones impuestas a medios y plataformas digitales por instituciones como la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), sino también las fallas del servicio eléctrico y de internet; a esto se suman las amenazas de funcionarios del Estado hacia periodistas y medios a través de redes sociales y las detenciones por la difusión de opiniones o informaciones en línea”.

La Orquestación del Silencio 

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela publicó en abril una investigación titulada La Orquestación del Silencio, en la que la libertad de expresión en el país fue calificada con 62 puntos, en una escala del 0 al 100.

Para ello se consultó a 534 trabajadores de la prensa de todo el país, en cuanto a las condiciones del ejercicio periodístico entre enero y diciembre de 2021.

“Según la percepción de los 534 periodistas encuestados, el acceso a la información pública y la seguridad fueron las categorías que llevaron la batuta en cuanto a restricciones y obtuvieron los promedios más bajos y preocupantes al ser valoradas con 37 y 54 puntos, respectivamente. La censura continúa resonando fuertemente en el país. De acuerdo con los datos, las instrucciones para restringir la labor informativa de los reporteros, emitidas por sus supervisores, alcanzó una puntuación de 62 en la escala, cuatro puntos menos que en 2018 cuando se situó en 66”, señala el informe de IPYS Venezuela.

Este mapeo agrega que el repertorio de temas restringidos también fue ampliado, y se agregaron tópicos como la salud y la criminalidad a las restricciones.

al menos 42% de los casos registrados durante el 2021 ocurrieron en internet, comprendieron así, no solo los bloqueos y restricciones impuestas a medios y plataformas digitales por instituciones como la Cantv y Conatel, sino también las fallas del servicio eléctrico y de internet”

Por otra parte, son pocas las denuncias de las víctimas. 58,2% de los encuestados manifestaron no denunciar ante organismos estatales o instancias no gubernamentales cuando padecieron alguna restricción en su ejercicio profesional durante 2021. “Asimismo, el 53,7% de los consultados afirmaron haber omitido informaciones de interés público por temor a represalias”.

La evaluación determinó igualmente la creciente presencia de profesionales en el entorno de medios digitales (50,37%), seguido por la radio (20,41%), la prensa escrita (8,24%) y la televisión (8,05%).

En cuanto a la violencia basada en género se reflejó dentro de la composición periodística venezolana, “el 19,9% de los encuestados dijeron que sí se han visto perjudicados, en al menos una ocasión, por hechos de violencia basados en su género. De este porcentaje, un 71,70% corresponde a mujeres periodistas, mientras que el otro 28,30% fueron hombres”.

Para IPYS Venezuela, el escaso acceso a la información pública no solo significa una agudización de la opacidad en el manejo de los datos relevantes para la ciudadanía, sino que “los controles estatales orientados a imposibilitar el trabajo de los periodistas se acentuaron, y a su vez han propiciado un ambiente más hostil y riesgoso para las acciones de denuncia y contraloría social”.

“Al desagregar este indicador se evidencia que durante 2021 el cierre o restricciones de las fuentes de información pública en instancias estatales y no estatales obtuvo una puntuación de 30 (poca libertad de expresión) en la escala. Lo que indica que la verdad oficial sobre hechos noticiosos de relevancia nacional ha sido la gran ausente (…) En Venezuela hay cada vez menos espacio para que la prensa acceda a datos de interés, y son más las murallas cimentadas alrededor de la información. Hace unos años esta era una práctica del Estado, pero en la actualidad se ha esparcido a otros actores cuyos intereses no quieren rivalizar con los del gobierno”, afirma la organización.

Los poderes públicos regionales y locales ocupan el primer lugar de las instituciones con más impedimentos para acceder a la información pública, seguido de los organismos de salud, cuerpos de seguridad del Estado, ministerios, tribunales, entre otros.

“Igualmente se han instalado prácticas insanas contra la difusión de información. Entre la autoridad estatal y el directivo del medio se ha creado una dinámica en la que el mutismo es un mandamiento, y que muchas veces ni siquiera es del conocimiento del periodista. Esta situación puede verse reflejada cuando, a cambio de mantener la concesión o evitar el cierre del medio de comunicación, los propietarios de los medios retiran algún programa informativo que sea considerado un inconveniente para el poder”, reseña la investigación.

Agrega: “Asimismo, según los datos recabados en el estudio de 2021 las medidas que más han afectado a los medios donde laboran los consultados son: los controles económicos que afectan la operatividad del medio (42,94%), las dificultades para recibir alguna habilitación oficial (39,57%) y las sanciones desproporcionadas por parte de autoridades tributarias (39,26%)”.

Propuestas de IPYS

Con base en los resultados de su evaluación, IPYS Venezuela exige al Estado “asegurar las condiciones necesarias para que los trabajadores de la prensa y los medios de comunicación estatales, comunitarios, independientes y privados puedan ejercer su labor sin ningún tipo de presiones, riesgos, ni amenazas”.

Plantea también que “las actuaciones de las figuras estatales y no estatales deben ser adecuadas a los estándares nacionales e internacionales de protección de la libertad de expresión suscritos por el país, los cuales prohíben cualquier tipo de mecanismos que incentiven la censura y/o autocensura”.

En tercer lugar, señala la necesidad de fomentar el acceso a la información pública, la libertad de expresión, así como el periodismo independiente, desde los distintos actores del sector público, privado, y de la sociedad civil, como garantías de un espacio civil y democrático.

Asimismo “aumentar los esfuerzos para proteger efectivamente a los periodistas y activistas, asegurándose que los delitos contra los afectados por ejercer su labor y sus derechos, sean investigados y procesados e implementar las recomendaciones y resoluciones que han hecho en reiteradas oportunidades las instancias del sistema regional e internacional de protección de derechos humanos”.

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