Ante las constantes arremetidas y persecución contra los migrantes por parte del gobierno de Donald Trump, la especialista en derechos humanos y presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Carolina Jiménez, aseguró que los venezolanos viven momentos de tensión y miedo en EE UU; sin embargo, rescató la labor que hacen abogados y organizaciones no gubernamentales en defensa de migrantes, así como la solidaridad de poblados y vecinos.
Jiménez relató a Correo del Caroní cómo ha conocido casos en los que ciudadanos americanos se solidarizan con vecinos migrantes, ayudándolos a llevar a sus hijos a las escuelas, ya que estos sienten miedo de ser deportados si salen de sus casas.
“Hay una gran preocupación en las familias. Especialmente quienes tienen hijos en las escuelas o personas que tienen enfermedades. La policía migratoria está ocupando muchos espacios. Aparece frente a hospitales, escuelas, iglesias… Lugares donde saben que se reúnen comunidades migrantes. Hay miedo colectivo. La gente está protegiéndose. Por ejemplo, muchos migrantes tienen miedo de llevar a los niños a las escuelas. Esto es gravísimo porque esto podría hacer que los niños migrantes no vayan a la escuela, niños que dejan de aprender. ¿Qué está pasando? Que los ciudadanos norteamericanos ahora están llevando a los niños migrantes de sus vecinos migrantes a la escuela y se están organizando para acompañar a esos niños a la escuela porque sus papás son personas indocumentadas”, relató Jiménez.
El ambiente es de terror y confusión ante las inminentes redadas y la vigente promesa de la Casa Blanca de deportar 1 millón de migrantes durante el primer año de gestión de Trump. Pero esto también se ha traducido en acciones de solidaridad y apoyo entre vecinos y conocidos, quienes muestran el deseo de apoyar a miembros de la comunidad que no cuentan con documentación o cuya documentación ha sido revocada.
Juzgados migratorios en Estados Unidos permanecen abarrotados
En este sentido, Jiménez alegó que tras la revocación del TPS y el parole humanitario, los juzgados migratorios permanecen abarrotados, haciendo falta incluso jueces para dirimir entre tantos casos.
“Estamos en un momento grave donde se están violentando garantías graves de las propias leyes norteamericanas. La solicitud política es detener tantos migrantes como sea posible. Hay una comunidad con miedo. La comunidad venezolana comparte que muchos venezolanos han sido detenidos en redadas, también por infracciones de tránsito cuando les piden los documentos y si no los tienen, llaman a la policía migratoria”.
La situación se da en el marco de grandes dificultades para los venezolanos en Estados Unidos, especialmente luego de que más de 250 venezolanos fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo en El Salvador, acusados de ser parte de la megabanda Tren de Aragua sin juicio ni debido proceso.
“La maquinaria de deportación está siendo tan acelerada que los centros de detención migratoria están abarrotados. No hay suficientes jueces para atender tantos casos, muchas personas están siendo deportadas de forma exprés. Hay muchas violaciones al debido proceso. Tal es así que se transfiere ilegalmente a 252 venezolanos a una cárcel en El Salvador y el 90% de ellos, según Bloomberg no tiene ni siquiera antecedentes penales”, explicó Jiménez.
Asimismo, la Casa Blanca ha suspendido los apoyos brindados por la gestión de Joe Biden a venezolanos migrantes como el Estatus de Protección Temporal (TPS), que protegía a unos 600 mil venezolanos y el parole humanitario que beneficiaba a unas 500 mil personas de nacionalidades cubana, venezolana, haitiana y nicaragüense.
Recientemente, para junio de este año, también se prohibió parcialmente la entrada de venezolanos a Estados Unidos, cancelando casi todas las visas de inmigrante y también las de turismo, negocios y estudiantes.
6.2 millones: los refugiados venezolanos en el mundo
A propósito del Día del Refugiado este 20 de junio, la especialista explicó a este medio qué es un refugiado y cuál es la realidad de la diáspora venezolana en su proceso migratorio.
“Un refugiado es una persona que cruza una frontera internacional porque en su país de residencia o de origen siente que su vida puede estar en riesgo, ya sea por motivos de persecución, opinión política, religión, género, entre otras razonas. Este es el concepto original, el cual se fue expandiendo porque en 1951 este concepto se reescribió después de la Segunda Guerra Mundial. En América Latina se dio la Declaración de Cartagena, donde también se dijo que las personas huyen de los países porque hay violaciones masivas de los derechos humanos. En el caso venezolano se aplica mucho esta situación. Hay muchas personas que huyen por persecución política, pero otras huyen por una crisis de violación de derechos humanos”, expuso Jiménez.
La migración venezolana, según el alto comisionado de las Naciones Unidas para la Migración (Acnur), alcanza los 7.9 millones de personas, de esta cifra la organización contabiliza 6.7 millones de personas refugiadas, mientras que 5.9 requieren de protección internacional.
La diáspora del país responde a una grave crisis económica que afecta a áreas como la alimentación, salud y trabajo. Asimismo, durante los últimos años, el Estado venezolano ha profundizado su persecución contra la disidencia política. Según la organización Foro Penal, hay un total de 392 presos políticos en el país.
“Es un tema complejo de metodología decir quién es refugiado. Ciertamente, los datos son claros: Naciones Unidas dice que 7.9 millones de venezolanos están fuera. En su último informe global, Naciones Unidas presenta su informe anual donde dice que 42.7 millones de personas en el mundo son refugiadas y hay un dato importante, que de ese número tan alto, 69% viene de 5 países. El primer país que encabeza esa lista es Venezuela. Cinco países son el 69% de todos los refugiados del mundo. Venezuela encabeza la lista, luego Siria, Afganistán, Ucrania y Sudán del Sur. Hay que recordar que esos países son países con conflictos bélicos. Venezuela encabeza una lista sin tener un conflicto bélico”, destacó la especialista.
– ¿Qué es lo más resaltante del último informe Acnur?
– Que Venezuela esté en el primer lugar de refugiados es un dato que marca un récord que generó una respuesta agresiva y molesta del Estado venezolano, criticando al Acnur porque es algo que nunca habíamos visto en la historia de estos informes.
– ¿Cuál es el efecto directo de la suspensión de estos beneficios para refugiados venezolanos?
– Uno de los principales elementos del derecho al refugio es el principio de no devolución. No devolución implica que, si una persona salió de su país involuntariamente, ese país debe proporcionarle protección y evitar devolverle al país de donde tuvo que salir. Cuando uno ve todos esos mecanismos de protección que se generaron en Estados Unidos como TPS, parole humanitario, permisos… que no son necesariamente estatutos de refugiados que son procesos más largos, lo que hacen es regularizar de forma más rápida a los venezolanos para darles una manera legal de permanecer en estos territorios. Cuando levantas ese mecanismo, pones a las personas en una situación de gran riesgo y vulnerabilidad.
– Estas medidas, en primer lugar, se tomaron por la crisis venezolana. ¿Qué ha cambiado en el país para que ahora sean erradicados, tomando en cuenta que se ha documentado mayor represión tras la crisis poselectoral?
– Cuando uno lee los decretos del TPS y parole humanitario ve un análisis de la situación y contexto país de Venezuela, un país sumido en una profunda crisis y emergencia humanitaria compleja. También dice que en Venezuela hay una gran cantidad de presos políticos, sin derecho a la protesta y sin garantías democráticas… por tanto, las personas venezolanas que han llegado a Estados Unidos merecen una protección temporal que es el TPS, que es para quienes ya estaban en Estados Unidos. El parole es para personas que están en Venezuela y tienen intenciones de llegar a Estados Unidos, por ejemplo, cruzando el Darién. El parole permitía que personas viviendo en Estados Unidos podían traer a sus familiares. En ninguno de los países donde se eliminó el TPS y el parole humanitario cambió la situación en el terreno: Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, siguen en las mismas condiciones, lo que cambió fue el Gobierno de Estados Unidos. Un gobierno que desde que hizo su campaña tuvo una retórica bastante clara y definida.
