martes, 20 febrero 2024
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“Desidia”, inflación e incertidumbre: lo que dejaron las obras inconclusas de Odebrecht

El periodista Poliszuk aseguró que en otros países de América Latina por mucho menos dinero que desembolsilló Venezuela a Odebrecht, la justicia actuó hasta las últimas consecuencias.  

Mientras que los detenidos por el caso de corrupción Pdvsa-Cripto y la Corporación Venezolana de Guayana hasta el momento ascienden a 58 personas, la pregunta que muchos se hacen es: ¿qué ocurrió con las más de 30 obras encargadas a la constructora Odebrecht en Venezuela?

Joseph Poliszuk, periodista de Armando.info, expresó en el programa Háblame Bajito, transmitido por Radio Fe y Alegría Noticias, que Odebrecht participó en 32 proyectos en Venezuela, de los cuales 17 no fueron ejecutados. “Quedaron como monumento a la desidia en la Venezuela de hoy”, dijo.

Según investigaciones realizadas por el portal web Armando.info, el Estado venezolano pagó a Odebrecht 22 mil millones de dólares. Este dinero habría sido reinvertido en el mercado negro para vender bolívares.

“De manera que aquí hubo una centrífuga con todas estas obras que ayudaron a la inflación”, agregó Poliszuk.

Pero la cuestión que más le preocupa al periodista es lo que se va hacer con la infraestructura levantada y que nunca se terminó. “¿Se destruirá o hay que volver a invertir unos montos que ojalá no se vuelvan a robar?”, se preguntó.

Indicó que en el caso del segundo puente sobre el lago de Maracaibo, llamado “Cacique Nigale”, encontraron que se alquilaron equipos desde Ámsterdam, capital de Países Bajos, que no llegaron al país. “Vemos que hubo dinero pagado bajo cuerda y que nunca vamos a saber cuánto fue”, dijo Poliszuk.

Asimismo, otro modus operandi que detectaron desde este portal de investigación fue la compra de obras de arte de la Galería Freites, ubicada en Las Mercedes, municipio Baruta del estado Miranda, con la finalidad de que no se pudiera rastrear el dinero. 

Asignadas a dedo a Odebrecht

Euzenando Azevedo, director superintendente de Odebrecht en Caracas, quien acudió a un interrogatorio en diciembre de 2016 por la justicia brasileña, reveló que algunas de las obras fueron asignadas a dedo.

“Licitadas unos 7 mil millones de dólares y contratadas directamente unos 13 mil millones de dólares”, afirmó en ese entonces Azevedo.

De acuerdo con el portal web Armando.info, la primera licitación que ganaron los brasileños fue para construir la Línea 4 del metro de Caracas, luego la extensión de la Línea 3 y el metro de Los Teques. Pero a partir de allí se llevaron las obras más emblemáticas del Estado por adjudicación directa.

“El presidente Chávez nos contrató directamente para hacer el segundo puente sobre el río Orinoco. Nos contrató después, cuando terminamos el segundo puente, para hacer el tercer puente. Nos contrató para hacer el puente Nigale y nos contrató para hacer algunos teleféricos”, indicó Azevedo.

“Por mucho menos dinero se investigó más”

Poliszuk aseguró que en otros países de América Latina por mucho menos dinero que desembolsilló Venezuela a Odebrecht, la justicia actuó hasta las últimas consecuencias.

“En Perú hay varios presidentes, no solo enjuiciados o solicitados, sino incluso uno suicidado, como el caso del expresidente Alan García, quien se quitó la vida luego de aparecer en estos casos (de corrupción). Pero el de Venezuela no es un ejemplo similar”, apuntó el periodista.

Juicios suspendidos y ningún imputado

En marzo de 2022 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció en su portal de internet la suspensión “hasta nuevo aviso” de las audiencias de las tres demandas contra Venezuela. Esas audiencias estaban pautadas del 10 al 17 de marzo.

Entre las obras que quedaron inconclusas están: el puente Mercosur, que uniría los estados Guárico (centro) y Bolívar (sur); un segundo puente sobre el lago de Maracaibo, en Zulia (noroeste); y un sistema ferroviario para unir Caracas con La Guaira y Guatire.

Según la empresa brasileña Odebrecht, la razón por la que los tres proyectos quedaron paralizados fue porque no recibieron los pagos en los lapsos acordados.

Aunque la Sala Político-Administrativa accedió en abril de 2021 a revisar las demandas, no levantó la suspensión de los contratos. Es decir, los tres casos quedaron en un limbo judicial.