La desconfianza hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el temor a represalias han mermado la voluntad de los ciudadanos para actuar como testigos electorales en los comicios parlamentarios y regionales programados para el 27 de abril.
El CNE ha dado inicio formal a la organización de las elecciones, en las que se elegirán diputados de la Asamblea Nacional, gobernadores y miembros de los consejos legislativos. Sin embargo, el principal desafío será convencer a la ciudadanía de asumir el rol de testigos, un derecho que ha sido socavado por el miedo y la falta de confianza en las instituciones, reseña un trabajo del medio aliado TalCual.
Tras los comicios del 28 de julio, testigos que entregaron actas electorales a la oposición fueron perseguidos e incluso detenidos. Martha, una testigo electoral de Las Adjuntas, en Caracas, relató al referido medio que tras esos comicios vivió semanas de terror, temiendo ser apresada por las fuerzas de seguridad.
“Nunca había sentido tanto miedo”, afirma, y asegura que no volverá a ser testigo mientras el gobierno actual siga en el poder. Zambrano critica la falta de transparencia del CNE, señalando que aún no se han publicado los resultados desglosados que respalden la victoria de Maduro.
Esteban, un hombre que estuvo como testigo en Vargas, también se niega a participar en los próximos comicios debido a la opacidad del organismo electoral en las elecciones pasadas.
“¿Qué nos hace pensar que esta vez será distinto?”, cuestiona, refiriéndose a la falta de resultados verificables en los comicios presidenciales. Echarry y otros testigos aseguran haber presenciado la derrota de Maduro ante González Urrutia.
Paola, una testigo de Maturín, evalúa si participar en las elecciones del 27 de abril, condicionando su decisión a que la oposición establezca una estructura sólida como la del 28 de julio.
Sociedad civil atemorizada
Griselda Colina, directora del Observatorio Global de Comunicación y Democracia, subraya la importancia de los testigos y observadores en garantizar la transparencia de los procesos electorales. Sin embargo, la represión posterior a las elecciones del 28 de julio y la falta de acreditación para observadores nacionales e internacionales en el cronograma actual generan dudas sobre la pluralidad y legitimidad de los próximos comicios.
Colina destaca que la veeduría ciudadana, junto con testigos, miembros de mesa y medios de comunicación, es crucial para documentar irregularidades y asegurar el cumplimiento de las garantías constitucionales. No obstante, advierte que el contexto actual está marcado por limitaciones y el riesgo de persecución, lo que dificulta la participación plena de la sociedad civil en el proceso electoral.
