martes, 23 julio 2024
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Desacierto de políticas públicas combustiona el reclamo social en Venezuela

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social desvela el fracaso de la gestión gubernamental a través del conteo de las protestas por condiciones de vida adecuadas durante el segundo mes del año.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró 779 protestas en febrero de 2020 por diversas causas sociales, que afectan directamente la vida del ciudadano venezolano y que demuestran las fallas de políticas públicas por parte del Estado para garantizar un normal desenvolvimiento del día a día en el país.

El 75% de estas protestas surgieron para demandar derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, vinculados principalmente con la exigencia de servicios públicos, reivindicaciones laborales, educación, salud y alimentos.

     


La ONG registró un alza en las protestas por fallas de conectividad a internet y telefonía móvil


Las protestas por electricidad y agua figuraron en los estados Mérida y Táchira según el OVCS


En los últimos años el venezolano ha tenido que demandar buenas condiciones de vida a través de varios mecanismos de legítima protesta

A su vez, el 25% restante corresponde a los derechos políticos y este número está altamente relacionado con las convocatorias realizadas por la oposición.

Según la ONG, estas 779 manifestaciones representan un descenso de 51% en comparación con el mismo periodo del año 2019 que tuvo un total de 1.600 protestas.

El primer lugar lo ocupa el estado Mérida con 158 reclamos, lo que equivale a un 20% de la muestra total. Luego le sigue Táchira, Distrito Capital, Anzoátegui y en el quinto puesto, el estado Bolívar.

Hay que resaltar que las razones de estas manifestaciones son por servicios básicos para el correcto desenvolvimiento humano que el Estado tiene como obligación garantizarlos, como por ejemplo: el colapso del sistema de agua potable, electricidad, recolección de basura, escasez de gasolina, fallas en internet y telefonía móvil, y además, las ejecuciones, extorsiones, robos y maltratos consumados por funcionarios del FAES, Dgcim y GNB.

Marco Ponce, coordinador nacional del observatorio destacó que: “los venezolanos de todos los sectores han salido a las calles, pese a las amenazas y represión por parte de organismos de seguridad, colectivos paramilitares y simpatizantes del régimen de Maduro, para exigir en la mayoría de los casos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.

La crisis política y gubernamental, además de arrasar con los servicios básicos, vulnera los derechos en otros sectores indispensables para el correcto desarrollo del país. Entre ellos se encuentran los derechos a la educación, justicia, laborales y a la participación política.

Este informe del OVCS detalla cómo el desgobierno se ha instaurado como un mecanismo para mantener oprimidos a los ciudadanos y como un método de control social para así poder mantener vivo al Estado forajido.

Sumado a esto, a pesar de la cantidad de exigencias realizadas a lo largo del país, no hay respuesta para atender las demandas, consolidando un sistema que desmejora la condición de vida y sin garantías de resultados favorables.

La respuesta de Maduro ante este contexto ha sido la imposición del miedo a través de las fuerzas de seguridad del Estado y la organización de civiles armados para amedrentar y opacar las manifestaciones, contrariando lo que establece el artículo 68 de la Constitución: “los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”. 

Es inminente, para que se puedan garantizar los derechos humanos y así aumentar la calidad de vida del venezolano, el cambio de gobierno a uno que vele por la estabilidad y desarrollo social.

Se ha demostrado que el régimen de Maduro es contrario a lo que profesan estos derechos y que no es prioridad para él defenderlos, por ende, el ciudadano juega un papel crucial en este contexto para poder registrar las violaciones y hacer valer sus derechos civiles, políticos y de vida.

Para leer el informe completo del Observatorio ingresa a: conflictividad social