Madres y familiares denunciaron a través de un comunicado la muerte de Lindomar Jesús Amaro Bustamante, joven de 27 años, ocurrida el 3 de mayo en la cárcel de Tocorón, estado Aragua. Lindomar fue detenido en el contexto poselectoral por funcionarios de la PNB en Cojedes mientras se dirigía a su vivienda en moto. La causa reportada fue el ahorcamiento dentro de su celda.
El Comité de Madres en Defensa de la Verdad (Clippve) informó al mismo tiempo que Jhoandri Joel Silva Lara, también apresado arbitrariamente tras las elecciones del 28 de julio de 2024, intentó suicidarse durante el mismo hecho. Este trabajador de 26 años, sostén de hogar, fue arrestado por la DIE cerca de una farmacia donde buscaba un anticonvulsivo para su hija. Recientemente fue dado de alta del Hospital Militar de Maracay, tras una crisis nerviosa provocada por el encierro, el maltrato y la angustia por su hija menor.
Según familiares, Lindomar ya había atentado contra su vida, y aunque lo advirtieron, no recibió atención médica ni protección. Esta omisión agrava la responsabilidad del Estado por una muerte evitable.
Ambos jóvenes estuvieron recluidos al menos 15 días en las llamadas “celdas de castigo” o “el tigrito”, utilizadas por custodios del penal para aplicar tortura psicológica y tratos crueles. Según testimonios, eran amenazados con frases como “se van a pudrir en prisión pagando”, por presuntamente haber participado en protestas tras los resultados del 28 de julio.
Con la muerte de Lindomar, ya son al menos seis las personas fallecidas bajo custodia del Estado venezolano entre 2024 y lo que va de 2025, confirmando una política de abandono e impunidad dentro del sistema penitenciario.
Reiteradamente los familiares y activistas han denunciado el sufrimiento extremo de los jóvenes detenidos tras el 28J, muchos en Tocorón, sometidos a condiciones inhumanas, tortura, intentos de suicidio, crisis nerviosas e incomunicación. Todo ello responde a un patrón que busca quebrar su resistencia y silenciar a sus familiares mediante miedo y represalias.
Amigos de Lindomar, quienes lo acompañaron durante su encierro, habrían recibido su cuerpo la mañana de este domingo 4 de mayo para trasladarlo a Cojedes, su estado natal, donde fue enterrado de manera exprés esta misma tarde. Su familia, de escasos recursos, no pudo visitarlo durante los nueve meses de reclusión por no contar con los medios para trasladarse. Esta tragedia expone con crudeza la injusticia y la desigualdad que enfrentan las víctimas más vulnerables.
En su comunicado el Comité de Madres exige al “Estado venezolano garantizar la integridad de todos los detenidos, así como investigar esta muerte y todas las ocurridas bajo custodia, sancionando a los responsables, entre ellos el actual director del penal, Juan Carlos Quezada, señalado por familiares como uno de los principales responsables de las condiciones infrahumanas”.
Además, los familiares exigen la libertad inmediata de todas las personas detenidas por razones políticas en Tocorón, su desocupación total y clausura definitiva, al tratarse de un centro donde imperan prácticas sistemáticas de tortura y violaciones a los derechos humanos.
“Hacemos un llamado a las distintas instancias de las Naciones Unidas, en especial al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, al Relator sobre la Tortura y a la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, para que promuevan una investigación internacional e independiente, de oficio, que lleve a juicio a los responsables de estas graves violaciones”, precisó el comunicado de Clippve.
