La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional rechazó este jueves, a través de un escrito, la solicitud hecha por el gobierno de Nicolás Maduro de suspender las facultades investigativas del fiscal Karim Khan respecto del caso Venezuela I, donde se investigan los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país al menos desde 2017.
En su decisión, los jueces de la Sala de Apelaciones rechazaron los tres argumentos esgrimidos por la administración Maduro respecto a las consecuencias sobre el memorando de entendimiento entre la Fiscalía de la CPI y el Estado venezolano con esta averiguación, que los hechos no son competencia de este alto tribunal y, por último, que las entrevistas en el marco de este proceso generarían “un trauma innecesario y mancillaría la integridad de la evidencia”.
Con ello se mantienen las facultades de investigación del fiscal Khan mientras dure el proceso de apelación hecho por el gobierno de Maduro, que se estima podría durar unos meses.
Los jueces de la CPI señalaron en su escrito que Venezuela no demostró los daños o consecuencias irreversibles que podrían generarse sobre el memorando de entendimiento si el fiscal Khan continúa sus investigaciones, es especial por las declaraciones públicas que ha hecho el británico de mantener la cooperación.
Tampoco se explicó cómo la reanudación de la investigación por parte de la Fiscalía frustraría el propósito de la apelación, en caso de que la Sala de Apelaciones determine que la CPI carece de competencia. El último lugar, los jueces rechazaron las especulaciones del Estado venezolano sobre las implicaciones entre las actividades que adelanta el fiscal con las víctimas y testigos.
La Sala de Apelaciones también autorizó, este viernes, a la Defensoría Pública de las Víctimas a que presente observaciones escritas, con una extensión máxima de 40 páginas, al escrito de apelación hecho por el gobierno de Maduro en relación con los intereses generales de las víctimas venezolanas. Dichas observaciones deberán presentarse en los próximos 21 días.
Para el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, esta es una nueva muestra de la imparcialidad e independencia de la corte, mientras que la ONG Provea resaltó la rapidez de la respuesta en el caso venezolano, pues solo tomó tres semanas en comparación a los dos meses en el caso Filipinas.
“Sin duda, hay una decisión de la CPI en reducir los lapsos en todos los asuntos, al tiempo que en este caso los argumentos infundados, dilatorios y superficiales del Estado contribuyen a que los jueces puedan decidir con mayor celeridad este tipo de recursos inocuos”, destacó Provea.
La ONG también afirmó que “es contradictorio que un Estado que no ha garantizado los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, se diga ahora preocupado porque la investigación del fiscal de la CPI cause traumas innecesarios a víctimas y testigos y pueda además ‘mancillar la evidencia”.
