viernes, 23 febrero 2024
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CPI presiona al gobierno de Maduro para responder al fiscal por crímenes de lesa humanidad

El gobierno de Maduro acusó el 3 de abril al fiscal Karim Khan de “instrumentalizar” la justicia “con fines políticos”, tras la publicación del documento del 31 de marzo, en el que la Fiscalía desestima los argumentos presentados por el Ejecutivo.

La Corte Penal Internacional (CPI) pidió al gobierno de Nicolás Maduro presentar “una réplica, que no exceda 10 páginas, a más tardar el 20 de abril”, para responder a un argumento del fiscal Karim Khan, quien desestimó las razones presentadas por el Ejecutivo en torno a la reapertura de la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país.

Esta fue la reacción de la Sala de Cuestiones Preliminares a la solicitud del gobierno, que había pedido su autorización para “responder a varios elementos” señalados por el fiscal “como máximo el 28 de abril”, y que tendrá que presentar ahora ocho días antes.

Los puntos que el gobierno pretende responder son dos: una comparación de la evaluación del fiscal con la de la sala de cuestiones preliminares a la hora de iniciar las investigaciones; y la forma en la que “la supuesta intención discriminatoria se reflejaría en los procedimientos internos”.

“Considerando el alcance limitado de la réplica, y con el fin de asegurar la conducción expedita del procedimiento, la sala invita a Venezuela a presentar una réplica, que no exceda las 10 páginas, a más tardar el 20 de abril de 2023”, señaló la sala, que solo autorizó al gobierno a contestar a la primera cuestión de carácter legal, pero no a la segunda.

La réplica

El 1 de noviembre, Khan solicitó a la sala autorización para continuar con la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, después de que quedó en suspenso a solicitud del gobierno. Dos semanas después, la sala pidió a este presentar sus observaciones sobre la solicitud del fiscal.

El 1 de marzo, el fiscal recibió unas observaciones presentadas por el gobierno, a las que respondió en un documento transmitido el día 28 del mismo mes. En su reacción formal, el Ejecutivo pidió más tiempo para contestar a estos dos puntos concretos y sostuvo que la respuesta del fiscal “planteó una nueva cuestión que el Estado no podía haber anticipado razonablemente”.

El fiscal señaló entonces, el 31 de marzo, que los temas identificados por el equipo legal del gobierno “no son nuevos” y “podrían haber sido razonablemente anticipados”, pero dejó en manos de la sala la decisión de dar o no más tiempo y autorizar los puntos a los que puede responder.

El reglamento de la CPI dispone que el país o el fiscal “solo podrá contestar a una respuesta con el permiso de la sala” y que esta “debe limitarse a cuestiones nuevas planteadas en la respuesta, que el participante que reacciona no podría haber previsto razonablemente”, dice literalmente la norma.

En este sentido, la sala consideró que la cuestión relacionada con la “evaluación” del fiscal es algo que el gobierno “no podría haber anticipado” y por eso tiene hasta el 20 de abril para responder, pero dejó fuera la cuestión “discriminatoria” porque esta sí “podría haberse anticipado” de argumentos presentados anteriormente, por lo que esto “no merece una respuesta”, señala la sala.

Gobierno de Maduro reacciona contra el fiscal

Sobre este intercambio de argumentos legales sobre la apertura de la investigación, el gobierno de Maduro acusó el 3 de abril al fiscal Karim Khan de “instrumentalizar” la justicia “con fines políticos”, tras la publicación del documento del 31 de marzo, en el que la Fiscalía desestima los argumentos presentados por el Ejecutivo.

“Una vez más, el fiscal de la Corte Penal Internacional da muestras de una visión claramente prejuiciada en relación con Venezuela, reproduciendo sin ponderación las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos”, dijo el gobierno en un comunicado oficial difundido por la Cancillería.

Además, recordó que, el 28 de febrero, presentó ante la CPI “un sólido documento que desvirtúa todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica puesta en marcha para acusar a Venezuela de supuestos crímenes de lesa humanidad, que nunca han ocurrido”.