Nueva York.- El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó este jueves una resolución en la que urge al gobierno de facto de Nicolás Maduro a adoptar las recomendaciones formuladas por la alta comisionada de la ONU para esta materia, Michelle Bachelet, para superar la crisis política y humanitaria que sufre Venezuela.
La resolución ha sido aprobada con 18 votos a favor, seis en contra y 23 abstenciones. Los votos negativos incluyen los de países como Perú, Brasil o Argentina que consideran que el texto es demasiado indulgente con el gobierno de Maduro.
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Estos países, así como otros miembros del Grupo de Lima, presentarán este viernes otra resolución “en términos más enérgicos y que solicitará una comisión internacional de investigación contra el régimen de Maduro, según ha informado la oficina del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
La resolución Fortalecimiento de la cooperación y asistencia técnica en el campo de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela fue presentada por Argelia, República Popular Democrática de Corea, Irán, Nicaragua, Siria, Turquía y Palestina.
En la resolución, el Consejo de DD HH expresa su preocupación “ante la imposición de medidas coercitivas unilaterales extraterritoriales en la República Bolivariana de Venezuela”, que -sostienen- han exacerbado aún más los efectos de la crisis económica y, por lo tanto, la situación humanitaria del pueblo venezolano, como lo afirmó la alta comisionada al presentar su informe al Consejo de Derechos Humanos en su cuadragésimo primer período de sesiones.
Asimismo, urge que las autoridades venezolanas tomen todas las medidas necesarias para garantizar el pleno disfrute del derecho a la alimentación, el agua y el más alto nivel posible de salud física y mental, incluido el acceso a medicamentos esenciales y servicios de salud, sin discriminación y alienta a los actores políticos del país a continuar avanzando en el camino del diálogo político genuino para alcanzar “una solución pacífica, democrática y constitucional que permita el pleno respeto, protección y promoción de los derechos humanos”.
La resolución resalta la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de autorizar gradualmente la asistencia humanitaria de Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, así como la presencia de la oficina de la alta comisionada incluyendo el acceso ilimitado a todas las regiones y centros de detención.
La organización defensora de los derechos humanos, Provea, destacó que la resolución es un “triunfo de la sociedad venezolana que viene exigiendo un mayor monitoreo de la comunidad internacional y el sistema de protección sobre la grave situación de derechos humanos en Venezuela dónde aumenta el abuso de poder y las violaciones a los derechos”.
“Si bien es un mecanismo insuficiente, por la grave situación, lo saludamos porque abre posibilidades de que las víctimas tengan una instancia creíble a dónde informar y se documenten las graves violaciones de los derechos así como pedir se adelanten investigaciones”, agregó Provea.
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, resaltó en su cuenta oficial en Twitter que esta es la primera decisión de un órgano de la ONU que hace referencia expresa a las consecuencias negativas del bloqueo de EE UU contra Venezuela. “Venezuela saluda esta resolución y hace votos por continuar profundizando la cooperación respetuosa con el Consejo de Derechos Humanos, en condiciones de igualdad y sin injerencias, para la garantía de los derechos humanos de todos los venezolanos”, escribió.
La jefa de Derechos Humanos de la ONU realizó en junio una visita a Venezuela tras la cual publicó un informe en el que acusa al gobierno de reducir el espacio democrático e incumplir su obligación de garantizar la comida y la atención médica, recomendando medidas para revertir esta “compleja” situación “de inmediato”.
En una reciente comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos, Bachelet indicó que la situación humanitaria “sigue afectando a millones de personas en Venezuela con claros impactos desestabilizadores en la región” y denunció casos de ejecuciones extrajudiciales y torturas y falta de acceso a la comida y la atención médica.
Caracas ha calificado de “errático” este informe porque, entre otras cosas, considera que se basa en fuentes poco fiables. El texto fue elaborado a partir de 558 entrevistas con víctimas y testigos de las “graves vulneraciones” de los derechos humanos en Venezuela y otros ocho países, así como en datos de la ONU y ONG.