viernes, 1 marzo 2024
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Comunidad Lgbti presiona cambio de legislación para aprobar el matrimonio igualitario

Las autoridades han prometido en diversas oportunidades avanzar en materia de igualdad de género en Venezuela. En octubre de 2020 Maduro solicitó al Parlamento discutir sobre el matrimonio igualitario, pero ni siquiera se ha nombrado.

Decenas de personas de la comunidad Lgbti manifestaron este lunes frente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para exigir una respuesta a una demanda sobre el matrimonio igualitario introducida hace siete años y hasta ahora sin respuesta.

“Estamos exigiendo al TSJ que se vuelva a hablar sobre el proyecto de ley del matrimonio civil igualitario, son siete años de retardo procesal cuando la ONG Venezuela Igualitaria introdujo esta propuesta de ley ante el TSJ”, declaró a la AFP Karina Mantilla, de 30 años, quien lucía el vestido blanco de novia.

Venezuela está atrás en la fila de Latinoamérica en cuanto a derechos de la población Lgbti. El Código Civil, por ejemplo, establece que el matrimonio solo puede contraerse entre un hombre y una mujer, y la comunidad ha pedido durante años una reforma a la normativa.

“Uno de los principales obstáculos es el artículo 44 del Código Civil que establece que el matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer, en consecuencia, llegamos al TSJ (…) para que declare anticonstitucional el artículo 44 porque no encaja con la pluralidad y la polivalencia de la Constitución”, dijo el presidente de la organización Venezuela Igualitaria, Giovanni Piermatei.

También recordó que la Asamblea Nacional, actualmente de mayoría oficialista, desde 2014 tiene un proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario al que ha hecho caso omiso.

Las autoridades han prometido, en diversas oportunidades, avanzar en materia de igualdad de género, pero hasta la fecha no hay pasos concretos. Un ejemplo de ello es que en octubre de 2020, Nicolás Maduro solicitó al Parlamento discutir sobre el matrimonio igualitario, pero ni siquiera se ha nombrado.

Dani Toro, director de la ONG País Narrado, aseguró que “no hay voluntad por parte del Estado” para avanzar en leyes que favorezcan a la comunidad.