sábado, 24 febrero 2024
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CIDH: TSJ es responsable del declive institucional en Venezuela

El informe 2019 del organismo multilateral responsabiliza al Poder Judicial, afín a Maduro, de socavar la democracia y vulnerar los derechos humanos.

2019 fue un año donde se agravó la crisis institucional venezolana y, en consecuencia, estancó una posible salida democrática al atolladero político de importantes secuelas sociales y económicas, sobre todo, en los sectores vulnerables.

Así lo denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que corresponsabilizó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de esta situación por seguir destruyendo la democracia y vulnerando los derechos humanos al emitir “decisiones en desmedro de la Asamblea Nacional de forma sistemática y por continuar avalando prórrogas irrestrictas a los estados de excepción” vigentes desde 2016.

Para leer la nota completa de entra aquí    

En su informe correspondiente a su gestión durante el año pasado, la instancia adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA) achacó a la falta de Estado de derecho reinante en el país la dramática situación que vive la mayoría de los venezolanos, la cual los ha obligado a salir en masa al exterior en los últimos años.

Para la organización Acceso a la Justicia, la ausencia de un sistema operante de pesos y contrapesos se observa en el hecho que el Poder Ejecutivo continúe ejerciendo poderes extraordinarios, y haya prorrogado el estado de excepción al menos 20 veces desde 2016, sin la aprobación de la Asamblea Nacional como exige la Constitución.

Por decimoquinto año consecutivo, la CIDH mantuvo a Venezuela en su capítulo IV, considerado por los medios de comunicación y los expertos en derechos humanos como su lista negra. En el informe se deja en claro que el comportamiento del máximo juzgado pesó en esta decisión.

A su vez, la ONG establece que los decretos de estados de excepción dictados desde enero de 2016 han sido avalados de manera irrestricta por la Sala Constitucional del TSJ, la cual simultáneamente ha dictado más de 149 sentencias contra el Parlamento.

Opacidad judicial

Asimismo, la CIDH se mostró alarmada por el hecho de que muchos de los fallos que el máximo juzgado ha emitido en los últimos doce meses contra el Legislativo o contra disidentes no fueron publicados en su momento sino que se anunciaron a través de notas de prensa.

En su informe, la comisión no se limitó a formular críticas y denuncias contra el comportamiento del Gobierno y del aparato judicial, sino que realizó una serie de recomendaciones para revertir la situación. La primera de estas es el restablecimiento del orden constitucional, garantizando la independencia y equilibrio de poderes y permitir a la Asamblea Nacional ejercer sus funciones.

   
El organismo del Sistema Interamericano de DD HH atribuye la dramática situación que vive la mayoría de los venezolanos a la parcialidad del Poder Judicial | Foto AFP

Organizaciones como el Bloque Constitucional sostienen que el 75% de los casi 2 mil jueces que hay en el país no son provisorios, es decir, que el TSJ los puede remover de un momento a otro sin ningún tipo de procedimiento que respete el debido proceso.

No obstante, el organismo internacional dio por hecho que sus recomendaciones caerán en saco roto, pues “el Estado no parece estar tomando acciones efectivas para remediar la grave crisis política y humanitaria. Por el contrario, persiste en valerse del uso excesivo de la fuerza para restringir los espacios democráticos y así debilitar la ya de por sí crítica institucionalidad del país”.

El informe de la CIDH pone de manifiesto las terribles consecuencias que acarrea para la democracia, los derechos humanos y, en último término, para los ciudadanos la actual sumisión de la justicia al Gobierno. El control que el chavismo ejerce sobre los tribunales le ha permitido liquidar el sistema democrático y reemplazarlo por un régimen autoritario en el que los intereses de los ciudadanos son secundarios.

La falta de un Poder Judicial independiente ha permitido que la voluntad popular expresada en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 haya sido anulada, impidiéndole a la AN adoptar medidas que han podido paliar la actual crisis social y económica como la de facilitar el ingreso de ayuda humanitaria, por mencionar solo una.

Asimismo, el reporte pone de manifiesto la importancia que en las actuales circunstancias juegan las organizaciones de la sociedad, como Acceso a la Justicia, las cuales han suministrado importantes datos a la CIDH para entender lo que ocurre en el país.