La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este 10 de enero medidas cautelares al periodista y director ejecutivo de la organización no gubernamental Espacio Público, Carlos José Correa Barros.
En el comunicado de prensa publicado por esta entidad detallan que “tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia”, debido que “sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela”.
La solicitud explica que el defensor de derechos humanos fue detenido el pasado 7 de enero por agentes de seguridad del Estado venezolano mientras se trasladaba a su domicilio en su vehículo. Hasta la fecha de publicación de esta nota se desconoce su paradero.
Un día más tarde, pese a los esfuerzos de sus familiares y miembros de la oenegé que dirige por buscarlo en las sedes policiales, no hubo respuesta oficial sobre el lugar de aprehensión.
“Se advirtió que el equipo legal de Espacio Público intentó presentar un recurso de habeas corpus en el Palacio de Justicia. Apuntó los obstáculos generados y que recién luego de cinco horas de espera, el recurso fue recibido”, detallan.
También se alertó que ese mismo día el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, declaró que Correa era parte de “un plan de conspiración” y arremetió contra las oenegés, tildándolas de “lavadoras de dinero”. La CIDH no recibió una respuesta del Gobierno venezolano y dio por vencido el plazo de espera pautado.
De esta manera, la comisión reconoció que “Carlos José Correa Barros se encuentra en una situación de gravedad y urgencia al desconocerse a la fecha su paradero, condiciones de detención y estado de salud, luego de su detención el 7 de enero de 2025”.
“Altas autoridades del Estado estarían haciendo declaraciones estigmatizantes en su contra, sin informar sobre su situación o paradero. Sumado a lo anterior, las autoridades competentes han creado obstáculos para recibir un recurso de habeas corpus a su favor”.
Por esta razón, la comisión instó a Venezuela a:
● Adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Carlos José Correa Barros. En particular, que informe de manera oficial si se encuentra bajo custodia del Estado y las circunstancias de su detención; o bien, de las medidas tomadas a fin de determinar su paradero o destino;
● Implementar las medidas necesarias para que la persona beneficiaria pueda desarrollar sus actividades de defensa de derechos humanos sin ser objeto de amenazas, declaraciones estigmatizantes y descalificadoras, hostigamientos o actos de violencia;
● Establecer las medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención del beneficiario sean compatibles con los estándares internacionales aplicables en la materia, entre ellos:
● Se garantice el contacto regular y acceso con sus familiares, sus abogados y representantes;
● Se informe de manera oficial sobre la situación jurídica del beneficiario en el marco del proceso penal en el que estaría involucrado, tal como las razones por las que no ha sido puesto en libertad hasta la fecha, y si ha sido presentado a un tribunal para revisión de su detención; y
● Se realice inmediatamente una valoración médica sobre su situación de salud y se garantice acceso a atención médica necesaria;
● Concierte las medidas a adoptarse con el beneficiario y sus representantes; y
● Informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos y, hechos que dieron lugar a la presente resolución y así evitar su repetición.
“El otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por parte del Estado de Venezuela no constituyen prejuzgamiento alguno de una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables”, finaliza el comunicado.
