La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este 7 de enero, el informe Venezuela: Graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral. El documento registra la ausencia de un Estado de Derecho, la ilegitimidad de la supuesta reelección de Nicolás Maduro y las prácticas de terrorismo de Estado que realizó la administración actual para “infundir terror en la ciudadanía y silenciar voces disidentes”.
Compuesto por tres etapas; la primera aborda el período preelectoral; la segunda contiene lo ocurrido el 28 de julio del 2024; y la última corresponde a la respuesta represiva del régimen en respuesta a las denuncias de fraude electoral y las manifestaciones que desconocían los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Destaca el informe que el período previo al 28 de julio, el Gobierno venezolano “no solo utilizó la maquinaria del Estado para favorecer la campaña de Nicolás Maduro, sino también para obstaculizar e impedir la participación política de la oposición”.
De modo que se documentaron inhabilitaciones administrativas de personas opositoras; obstáculos para la inscripción de candidaturas opositoras; impedimentos discriminatorios para el ejercicio del voto en el exterior; el retiro de misiones internacionales de observación electoral; así como detenciones arbitrarias y amedrentamientos a personas opositoras o percibidas como tales.
Pese a que el régimen y la oposición firmaron el “Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos los venezolanos” (Acuerdo de Barbados) el 17 de octubre de 2023, cuya finalidad era reconocer y respetar el “derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las elecciones presidenciales”, señala.
El documento menciona que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó sus decisiones sobre la revisión a las inhabilitaciones impuestas por la Contraloría General de la República contra actores de la oposición en enero de 2024. De esta manera se confirmó la inhabilitación de María Corina Machado, ganadora de las primarias presidenciales, que le impide postularse a cargos públicos durante 15 años.
Aunado a ello, el proceso preelectoral enfrentó la falta de acceso al sistema automatizado de postulaciones debido a “problemas técnicos”, de acuerdo a las denuncias de dirigentes de la oposición. Por esta razón, una vez cumplida la fecha límite no se inscribió la candidata opositora Corina Yoris.
La CIDH evidenció los impedimentos que sufrieron los venezolanos en el exterior para inscribirse en el registro electoral. Si bien la Constitución de la República establece que son electoras todas las personas que hayan cumplido 18 años que no estén inhabilitadas, los consulados venezolanos cumplieron las órdenes del CNE y exigían visa de residente para inscribir en el registro.
“Esta exigencia desconoció que millones de personas venezolanas cuentan con un estatus migratorio no regularizado, o diferente al de una visa de residente”, explica el informe. De los 7,7 millones de personas que han salido del país desde el 2015, aproximadamente 5,5 millones estaban habilitadas para votar. “Como consecuencia, un número significativo de potenciales votantes en el extranjero vio afectado su derecho a la participación política al no poder inscribirse en el registro electoral”.
Segunda etapa: 28 de julio
La segunda etapa de este informe revela que el proceso electoral estuvo regido por “la falta de transparencia” sobre la información comicial y “la denegación de acceso a la información pública por parte de las autoridades electorales”.
Asimismo se observó que el Poder Judicial y el Poder Electoral coadyuvaron a que los resultados presentados por el CNE “fueran controvertidos mediante recursos legales”.
La CIDH recibió reportes sobre restricciones a la verificación de resultados en diversos centros de votación, la negación de acceso a los testigos del candidato González en la sede del CNE, y la suspensión de la transmisión electrónica de los resultados sin explicación aparente después del cierre de los centros.
Aunque el presidente del CNE, Elvis Amoroso, declaró que fue un “ciberataque terrorista” que ocasionó la interrupción, de acuerdo con la Misión de la ONU, el propio CNE canceló tres auditorías que pudieron haber determinado la veracidad del supuesto ciberataque.
La comisión registró que el primer boletín presentado sí podía ser reversible, a pesar de que Amoroso indicó lo contrario. El CNE dio por ganador a Nicolás Maduro el 2 de agosto con el 51,95% (6.408.844 votos), frente a Edmundo González con 43,18% (5.326.104 votos).
“Los anuncios realizados por el CNE no estuvieron respaldados por infografías ni de datos desglosados por mesa de votación, ciudad o estado, tal como establece la normativa electoral venezolana”, afirma el documento.
Hasta la fecha de publicación del informe, “el CNE continúa sin publicar las actas de votación, ni permitir su escrutinio por mesa. Todas las actas de votación están en resguardo del Estado”.
Tercera etapa: prácticas de terrorismo de Estado
Este apartado revisó las violaciones de derechos humanos y prácticas de terrorismo de Estado que pretendían “infundir miedo y reprimir las protestas sociales, a fin de consolidar el poder del régimen, tras las denuncias de fraude electoral”.
Los patrones represivos que se observaron fueron el uso arbitrario de la fuerza y pérdida de vidas humanas; detenciones arbitrarias en el contexto de las manifestaciones; torturas; anulación de pasaportes y otros actos de hostigamiento, con las fuerzas de seguridad del Estado y grupos armados no estatales afines al oficialismo, conocidos como “colectivos” como perpetradores.
El informe registra las referencias de líderes oficialistas como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello a la Operación Tun-Tun, “cuyo nombre alude a los golpes a las puertas de las residencias de personas sospechosas de haber participado en las protestas, por parte de fuerzas de seguridad, para su ubicación y detención”.
Se contabilizaron al menos 25 fallecidos, todos hombres entre 15 y 56 años, con motivo de las protestas postelectorales. “Las protestas registradas los días 28, 29 y 30 de julio se desarrollaron principalmente en barrios populares y estuvieron protagonizadas por hombres jóvenes en situación de pobreza”.
Sobre las detenciones arbitrarias refiere que entre el 28 de julio y el 24 de agosto, organizaciones de sociedad civil documentaron 1.542 arrestos, incluyendo mujeres y adolescentes; así como personas con discapacidad, indígenas, periodistas y trabajadores de la prensa.
La comisión calificó como “un hecho inusual” que el número registrado por organizaciones sociales fue inferior al anunciado por Maduro, cuya cifra fue de 2.229. “Muchas de las detenciones se perpetraron tras denuncias anónimas a través de aplicaciones como la VenApp”.
Finalmente, entre sus recomendaciones, la CIDH pide el cese inmediato de la persecución política, la represión y las detenciones arbitrarias; así como la liberación inmediata de todas las personas arrestadas infundadamente.
De igual manera, la CIDH insta a restablecer el orden constitucional en el país, a una debida separación e independencia de los poderes públicos, así como a publicar todas las actas de votación y a permitir una auditoría electoral independiente con observación internacional.
