Tras el inicio de la campaña electoral el pasado 4 de julio, el gasto público del régimen de Nicolás Maduro se ha incrementado. La artillería de seguridad se mantiene en las calles acechando las caravanas del Comando con Venezuela, deteniendo y amedrentando; mientras que los recursos del Estado se van en bonos, logística para las convocatorias del autodenominado gallo pinto y promesas de campaña, en una campaña en la que el candidato Maduro se compromete a realizar lo que el presidente Maduro no pudo.
Durante el primer día de campaña, usuarios en redes sociales alertaron sobre las primeras irregularidades, entre ellas, el uso de cuentas de ministerios y empresas nacionales para hacer campaña a favor de Nicolás Maduro. A la par, al menos 5 portales informativos han sido bloqueados violentando el acceso a información que desmiente noticias falsas acerca de los candidatos que participan en la carrera por la Presidencia de la República.
Julio Salgado |
Sobre esto, Mercedes de Freites, directora de la oenegé Transparencia Venezuela señaló que la organización ha reportado esta situación, así como el incremento en la entrega de dádivas y uso de transportes con recursos del Estado para impulsar la reelección de Nicolás Maduro, a quien la mayoría de encuestas señala como perdedor de la contienda electoral.
“Hemos identificado unos bonos especiales que se le han dado a jubilados, empleados y profesores universitarios. Bonos que si uno los multiplica por la cantidad de funcionarios es bastante dinero. Son bonos de 100 dólares, a los profesores les dieron unos más fuertes. Ese bono nunca se ha había dado y lo entregan justamente en el mes electoral. Eso no se debería hacer, deberían darles buenos sueldos a todos. Cuando se dan esos bonos en campaña, tenemos que saber que es parte de la estrategia electoral. En las últimas semanas también vemos que han venido arreglando aceras, plazas, una inversión en ornamento. Lo que sí no hemos visto es gasto importante como antes cuando regalaban apartamento, cocina… Pero sí se ha visto el uso completo del Estado en la campaña. Militares, empresas públicas, medios de comunicación del Estado, en sus páginas web, cuentas y demás, todos al servicio de la campaña electoral descaradamente. A título personal, algunos funcionarios en sus redes y las de los órganos públicos. El uso de los camiones de Corpoelec y vehículos públicos para la campaña”, puntualizó Freites.
CVG: encargada de la compra de acólitos
En Bolívar, el chavismo ha materializado la dinámica de peculado de uso a través de los recursos de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Este medio constató durante el simulacro electoral la utilización de vehículos de la CVG para trasladar trabajadores a los centros. Asimismo, Correo del Caroní ha recibido al menos 5 denuncias referentes al pago en dólares para que los trabajadores asistan a eventos oficialistas.
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El dirigente de CVG Alcasa, Julio Salgado, afirmó que para la convocatoria organizada para la “clase obrera” en Caracas el 18 de julio, se ofreció al personal un bono de 150 dólares que sería entregado al llegar al sitio de destino para asistir al mitin político.
“Esto es una anomalía que le hacen a los trabajadores. Están siendo presionados y tienen una arremetida muy fuerte en la empresa. Yo tengo 34 años de servicio en Alcasa y los compañeros manifiestan que los que no asistan a las marchas, y reclamen los horarios de trabajo reciben retaliación. Cuando hay marcha, los trabajadores deben ir a juro. Les pagan entre 100 a 150 dólares. Ellos les van a pagar cuando firman la lista allá en la convocatoria. Ese dinero lo usan para su manutención y comida allá. Yo hago un llamado, somos una masa fuerte, luchen por eso”, expresó.
Durante su última visita a Bolívar, Maduro hizo uso de toda su pompa gubernamental para llenar de promesas a los empleados de las empresas básicas, entre ellas una ciudad obrera con viviendas para el personal, así como la reactivación de las fábricas a través de inversión extranjera.
Asimismo, el mandatario ordenó el pago de beneficio alimentario para los trabajadores no requeridos de la CVG, quienes tenían más de 4 años sin percibir este tipo de beneficios. Durante su alocución solo pidió “que no los llamen tan feo”, haciendo referencia a su estatus fuera de planta.
¿Qué dice la normativa electoral?
La Ley Orgánica de Procesos Electorales, capítulo II, artículo 75 de Propaganda Electoral, prohíbe la propaganda electoral financiada con fondos públicos. Asimismo, por su carácter antipartidista, se prohíbe la propaganda electoral en entes públicos.
Al respecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela expone en su artículo 145 que los funcionarios públicos no deben pertenecer abiertamente a ninguna parcialidad política.
El coordinador de la Plataforma Unitaria Democrática en el estado Bolívar, Ricardo Cheremo, consideró que las gobernaciones y alcaldías están haciendo uso de los recursos de manera “grosera y arbitraria”, violando la normativa electoral.
“Hacen y deshacen con los recursos del Estado. Ahí se ve las mesas, los autobuses y recursos de las empresas básicas. Los medios del Estado cubriendo todas las actividades de ellos. Confunden el gobierno con el Estado, y como no hay separación de poderes ni instituciones que valgan. El Consejo Nacional Electoral está en la obligación de hacer que las reglas sean igualitarias para todos los que participan en el proceso. Hay peculado de uso y el ente rector no dice nada. Es evidente que todos los recursos del Estado están a favor de la campaña de Maduro”, denunció Cheremo.
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El dirigente aseguró que se han visto bienes de estatales en actividades del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), así como repartiendo propaganda y trabajando a favor del candidato Nicolás Maduro.
“Hay una infraestructura gubernamental para influir sobre los electores con acciones que no han hecho en los últimos 6 años”, opinó la concejala del municipio Caroní, Aliana Estrada, tras ser consultada sobre las actividades de limpieza y gestión urbana desarrolladas por la Alcaldía de Caroní durante el año electoral.
“Se ven despliegues en las avenidas. No se hace mantenimiento en los sectores populares como 11 de Abril. Aquí hay escuelas enmontadas, calles sin asfaltar… Solo se usan los recursos del Estado para aprovechamiento político e influir sobre los electores. Hay un pago de bolsas CLAP, bonos que se dan para influir sobre los demás. Hace días pagaron el bono de vacaciones de 50 dólares a empleados públicos. Bolsas de comida, trabajos y reparación de avenidas que son solo en periodo de campaña. El Estado usa recursos para que la gente vote por el gobierno por una influencia de acciones del aparato gubernamental. Están tratando de comprar votos con programas de gas doméstico, han entregado teléfonos en los barrios, han aumentado los bonos para ciudadanos que dependen del ente público”, puntualizó Estrada.
Sobre esto, el concejal Jhorvys Álvarez denunció en entrevista radial, que el Estado ha prometido becas de estudio para movilizar jóvenes a actividades de campaña.
En cifras: ministerios nacionales tienen redes rojas rojitas
La oenegé Laboratorio de Paz denunció que 34 ministerios usaron sus perfiles de redes sociales para hacer campaña a Nicolás Maduro. Lo que representa 58,8% de estas instancias gubernamentales. Además, la organización también señaló el uso del servicio de transporte público para la campaña, esto sumado al hostigamiento policial.
Sobre esto, el director del Observatorio Electoral Venezolano, Luis Lander, consideró que la respuesta sancionatoria del CNE ha sido nula, coincidiendo en las irregularidades planteadas.
“El Consejo Nacional Electoral se ha mantenido absolutamente callado ante ciertas irregularidades. No ha estado cumpliendo con las funciones que le exige la ley, entre ellas sancionar a los actores que incumplan con la normativa. La precampaña fue un pecado cometido por todos los candidatos. En esa precampaña y ahora en la campaña, claramente funcionarios públicos han hecho campaña por el candidato presidente. Eso está dentro del peculado de uso. Los funcionarios públicos son de todos los venezolanos y no de una parcialidad política. En esta campaña se han portado como activistas. Por el hecho de ser funcionarios públicos, no deberían estar haciendo campaña por ningún candidato”, explicó Lander.
Hasta el momento del cierre de esta nota, el CNE no ha emitido ninguna sanción a estas instituciones por vulnerar la normativa electoral, a pesar de que la Ley de Procesos Electorales (Lopre) ofrece un apartado especial para plantear sanciones al incumplimiento de la normativa por parte de los candidatos y partidos políticos. Cabe destacar que el actual presidente del CNE, Elvis Amoroso, es abiertamente militante del partido de gobierno.