El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela presentó el informe sobre las vulneraciones a las garantías informativas de periodistas y medios de comunicación en Venezuela durante el año 2024, titulado La prensa cautiva: terror, silencio, prisión y exilio.
Allí se detalla que durante 2024 se registraron 383 casos que comprendieron 571 vulneraciones a la libertad de prensa y de información.
“La cárcel y el exilio son dos de las consecuencias más visibles del aumento de la represión durante 2024. Entre los principales hallazgos del reporte se encuentran 14 detenciones arbitrarias y 4 detenciones temporales de periodistas, así como 2 casos de desapariciones forzadas y 27 de desplazamiento. Bajo este contexto, los trabajadores de la prensa y medios enfrentaron 151 agresiones físicas o verbales, además de 96 casos de discursos estigmatizantes”, detalla el informe de IPYS Venezuela.
Uno de los elementos que diferenció 2024 de otros años fue el uso del sistema penal como herramienta de amedrentamiento y hostigamiento contra medios y periodistas independientes.
El año pasado hubo al menos 86 restricciones en internet, 59 restricciones de acceso a la información y 46 restricciones administrativas, además de 42 casos de censura y 32 casos de hostigamiento judicial. Asimismo tres normas restrictivas de la libertad de expresión y nueve alertas de género.
Esta situación se agravó en el contexto postelectoral de las presidenciales del 28 de julio, con un incremento en la criminalización de la labor periodística.
“Los datos revelan que los meses de julio y agosto fueron los más críticos, con un total de 217 casos, de los cuales 64 fueron violaciones relacionadas con coberturas electorales y 43 con coberturas de protestas ciudadanas tras darse a conocer los resultados por el ente oficial”.
El informe detalla que de 383 incidentes, 171 casos fueron de carácter nacional, registrados en entornos digitales y en transmisiones de televisión.
“Mientras tanto, las regiones del área metropolitana de Caracas (34), Bolívar (19), Trujillo (16) y Lara (13) fueron las entidades con mayor incidencia de casos en los que fue vulnerado el libre ejercicio de la labor periodística. Las víctimas incluyen 262 trabajadores de la prensa, 4 activistas por los derechos humanos y 9 familiares de periodistas, con un total de 157 hombres y 118 mujeres impactados”.
Los principales victimarios fueron cuerpos de seguridad del Estado (Sebin, GNB, PNB, Plan República, Dgcim), y organismos como Conatel y diversos ministerios. También figuraron victimarios no estatales bajo la figura de proveedores de internet, desconocidos y simpatizantes oficialistas.
