domingo, 3 de julio de 2022

Amnistía Internacional lanza acción urgente a favor del padre Infante y Marino Alvarado

Actualmente el gobernador Rafael Lacava lleva un proceso de demanda en contra de los defensores de derechos humanos por presunta difamación tras la publicación de un informe en el que hablaron sobre la letalidad de los cuerpos de seguridad.

Actualmente el gobernador Rafael Lacava lleva un proceso de demanda en contra de los defensores de derechos humanos por presunta difamación tras la publicación de un informe en el que hablaron sobre la letalidad de los cuerpos de seguridad.

Este lunes la organización Amnistía Internacional decidió lanzar una acción urgente de carácter mundial para exigir el cese de los ataques en contra de los defensores de los derechos humanos Marino Alvarado, de Provea, y el padre Alfredo Infante.

Es así como a través de un documento, la organización hace un llamado al gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, para que de “inmediato” ponga fin a lo que consideran es un ataque en contra de ambos defensores de los DD HH, retirando la demanda y garantizando un ambiente de trabajo seguro para las personas que se dedican al activismo en pro de la defensa de los derechos de los más vulnerables.

“Atacar a las personas defensoras de los derechos humanos con acciones penales por ejercer su derecho a defender los derechos humanos es contrario al derecho internacional de los derechos humanos, así como las reiteradas recomendaciones de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los DD HH, los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y otros órganos de derechos humanos”, reza la carta dirigida a la máxima autoridad del estado Carabobo.

Aclararon que quienes defienden los derechos humanos al contrario de ser agredidos deben ser protegidos, especialmente cuando enfrentan “valientemente amenazas a su integridad, trabajo y vida por exponer graves violaciones de derechos humanos y exigir los más altos estándares de justicia para las víctimas”.

Para Amnistía Internacional es necesario que el gobernador del estado Carabobo se abstenga de bloquear los esfuerzos para lograr la rendición de cuentas de la cadena de mando por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en su estado y proteger a quienes los defienden.

El caso

En marzo del 2022 las ONG Provea y Centro Gumilla publicaron el informe de Lupa por la Vida, que exponía las posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por los cuerpos de seguridad del Estado, en el que señalan a la Policía del estado Carabobo como aquella que durante el 2021 tuvo el accionar más letal en contra de la ciudadanía, para ello pedían la rendición de cuenta de la cadena de mando.

Este informe se publica dentro del proyecto conjunto Lupa por la Vida, que monitorea violaciones al derecho a la vida a nivel nacional, enfocado en ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

El informe y las declaraciones públicas de sus voceros, Marino Alvarado y Alfredo Infante, llamaron específicamente a investigar posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y las fuerzas policiales de los estados Zulia y Carabobo.

Ante la investigación abierta por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, los defensores de derechos humanos destacaron la importancia de incluir la responsabilidad de la cadena de mando en todas las investigaciones penales.

El gobierno de Nicolás Maduro ha hostigado, procesado y censurado continuamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de las y los venezolanos en medio de una emergencia humanitaria compleja y una profunda crisis de derechos humanos que ha llevado a más de 6.1 millones de personas a huir del país en busca de seguridad y protección en el exterior.

La semana pasada el padre Infante y Marino Alvarado ofrecieron una rueda de prensa para hacer frente a estas acusaciones, en las que aseguran que sus publicaciones no van dirigidas a ningún personero en el general sino destinadas a defender los derechos humanos de los ciudadanos, que las víctimas tengan reparación y que se marque un precedente para que jamás vuelvan a repetirse.

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